En septiembre de 2021 ingresó al Congreso un proyecto de ley que “promueve en el sector público y privado la inserción laboral de personas jóvenes sin experiencia laboral previa”, cuya tramitación legislativa se reactivó la semana pasada. El proyecto establece que “las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar al menos un 10% de personas comprendidas entre los 18 y los 28 años que no cuenten con experiencia laboral previa, ya sea que cuenten o no con estudios técnicos o profesionales. Dicha contratación no podrá exceder en un 50% a personas de un mismo género.”

De esta forma, a fin de lograr un objetivo que puede ser muy loable -como mejorar la inclusión laboral de los jóvenes y las mujeres-, se busca forzar a las empresas a hacerse cargo de la política social del país.

En pos de un objetivo que puede ser muy loable, se busca forzar a las empresas a hacerse cargo de la política social del país.

No corresponde que el Estado determine a quién deben o no contratar las empresas sin atención a las capacidades y aptitudes que requieren sus labores, sólo en función de la edad; más aun considerando que con ello se vulneran una serie de derechos constitucionales, como el derecho de propiedad, la libertad de contratación y el derecho de asociación.

La propuesta no sólo es inadecuada por lo anterior, sino porque desconoce que la mejor política pro-empleo de jóvenes es promover el crecimiento económico y mejorar la educación. Para lo primero, es fundamental despejar incertidumbres, mejorar las reformas legales en curso y establecer las condiciones necesarias que permitan atraer mayor inversión. Por el contrario, estas propuestas legislativas, que se suman a cambios ya aprobados de aumento de salario mínimo y reducción de jornada, elevan los costos laborales y, por tanto, desincentivan la contratación.

En materia de educación, en tanto, el desempeño escolar en pruebas estandarizadas da cuenta de un déficit importante en la formación de los jóvenes. Esta responsabilidad recae ineludiblemente en el Estado, que debiera enfocarse en la formación académica y desarrollo de habilidades -además de la calidad de los profesores-, así como la intermediación laboral que fortalezca la empleabilidad de los jóvenes del país.

Proyectos como éste sugieren una creatividad parlamentaria mejor empleada en otros fines.

La neolengua, explicó Orwell en el apéndice de su novela “1984”, era el lenguaje oficial de Oceania, país regido por el Gran Hermano. Ella había sido diseñada para “satisfacer las necesidades ideológicas del Ingsoc, socialismo inglés”, y su propósito era no sólo “proveer de un medio de expresión apropiado para la visión y los hábitos mentales de los devotos del Ingsoc, sino hacer todas las demás formas de pensamiento imposible”.

Como consecuencia, explicó Orwell, toda idea que se desviara de la neolengua sería vista como una “herejía” y, por tanto, como algo imposible de ser pensado, pues todo pensamiento depende de las palabras que la neolengua ha depurado. Con el fin de destruir el lenguaje tradicional u “Oldspeak” como lo llamaba despectivamente el régimen totalitario de Oceania, se inventaban nuevas palabras, se destruía el significado original de otras palabras y, sobre todo, se eliminaban palabras indeseables.

“Los intentos por crear una neolengua para avanzar agendas ideológicas incompatibles con el orden liberal continúan vigentes. Y en Chile sus principales promotores se encuentran en el Gobierno”.

Orwell, el mismo un hombre de izquierda hastiado del totalitarismo que inspiraba a su sector, explicó que la neolengua socialista creaba distintos tipos de vocabulario. El “vocabulario tipo B”, explicó, consistía en palabras “deliberadamente construidas con fines políticos: palabras que no sólo tenían en todos los casos una implicancia política, sino que buscaban imponer una actitud mental deseada en la persona que las usaba”.

Mentiras convertidas en verdades oficiales, adoctrinamiento sistemático, propaganda permanente, vigilancia sin descanso y la creación de lenguajes diseñados para servir la causa de quienes detentaban el poder –o aspiraban a él-, por la vía de controlar los pensamientos de los pueblos, fueron parte constitutiva de la aplicación de las principales ideologías colectivistas del siglo 20.

Y si bien es cierto que, en el contexto actual de Occidente, esos regímenes han desaparecido, los intentos por crear una neolengua con el fin de avanzar agendas ideológicas incompatibles con el orden liberal prevaleciente continúan vigentes. De hecho, una verdadera revolución cultural está teniendo lugar en los centros de pensamiento más influyentes de Estados Unidos y Europa, en los que el espíritu de las cacerías de brujas se ha combinado, en muchos casos, con el diseño de neolenguas con el fin especifico de atacar los valores, instituciones y tradiciones que han permitido el florecimiento de las sociedades occidentales.

La contaminación polémica de conceptos antes neutrales, el asalto en contra del lenguaje natural en busca de un lenguaje “inclusivo” y la creación de conceptos como “espacios seguros”, “microagresiones”, “privilegio blanco”, “manels”, “mansplaining” “apropiación cultural”, entre otros, forman parte de esta neolengua. Y en Chile sus principales promotores se encuentran en el Gobierno.

Lamentablemente, hay sectores de oposición que no advierten que la libertad comienza perdiéndose en el mundo del lenguaje, que es el del pensamiento. No ven que sus opositores, encerrados tras las rejas del pensamiento único que acepta su propio vocabulario, se han lanzado incluso en contra de las ciencias exactas cuando sus conclusiones rompen los dogmas establecidos en la nueva fe victimista que promueven. La consecuencia la advirtió Roger Scruton: “Me parece que estamos entrando en el reino de la oscuridad cultural, donde el argumento racional y el respeto por el oponente están desapareciendo del discurso público y donde, crecientemente, en cada asunto que importa, se permite sólo una visión y una licencia para perseguir a todos los herejes que no adhieran a ella”.

Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y varios estados federales presentaron una demanda en contra de Apple por ciertos presuntos abusos de posición dominante, tal como en su momento lo hicieron contra Microsoft en mayo de 1998.

Sin decirlo expresamente, lo que se buscaría sería abrir el sistema operativo de los iPhone y permitir que terceros desarrolladores de Apps y software puedan entrar a competir sin restricciones al mercado que representa el iPhone en sí mismo. Se buscaría derribar barreras tecnológicas consideradas “artificiales” para que usuarios de un iPhone puedan migrar a smartphones competidores, como los de Samsung y Google, o bien utilizar Apps sin inconvenientes entre smartphones con sistemas operativos Android y IOS.

“Para Apple, la pesadilla es que los consumidores puedan cambiarse fácilmente de un iPhone a un smartphone Android. El temor es que la compañía sea ‘desintermediada’ y su producto estrella pase a ser un commodity”.

Se acusa a la empresa fundada por Steve Jobs (1955-2011) de detentar un poder monopólico en el mercado de los denominados “performance smartphones”. Y de abusar de dicho poder monopólico en innumerables maneras, entre otras, eliminando tecnologías que permitirían aumentar la competencia entre smartphones. De acuerdo con dicha demanda, la compañía con sede en Cupertino, California, detentaría más de un 70% de participación de mercado. Incluso, si se incluyeran otros smartphones cuya sustituibilidad con iPhone es discutible, la participación de Apple alcanzaría más del 65% en los EE.UU., medido en ventas.

Los consumidores estarían atrapados por el gigante estadounidense y forzados a elegir aquello que solamente Apple les permite acceder en sus smartphones. La empresa limitaría la posibilidad de elegir de dichos consumidores abusando de su posición cuasi monopólica.

Para la compañía, la pesadilla es que los consumidores puedan cambiarse fácilmente de un iPhone a un smartphone Android. El temor es que Apple sea “desintermediado” y su producto estrella, el iPhone, pase a ser un commodity. Como consecuencia de las acciones de Apple, la demanda afirma que hoy existirían menos competidores de smartphones. Hoy, únicamente Samsung y Google permanecerían como competidores en el segmento premium de los smartphones.

Las acusaciones contra la compañía dirigida por Tim Cook son graves y los “remedios” que se le apliquen podrían generar un cambio muy significativo en la industria de los smartphones de alto rendimiento. En especial, si Apple es forzado a abrir su sistema operativo y permitir que el iPhone se transforme en una especie de “plaza pública” donde cualquier desarrollador de aplicaciones podrá ofrecer sus Apps sin restricciones.

El peso de la prueba recae en los demandantes, los que deberán acreditar que las medidas adoptadas por Apple van más allá de simplemente proteger la seguridad y privacidad de sus usuarios. Apple es víctima de su propio éxito, y ahora deberá defenderse de quienes también quieren profitar, en parte, de él.