Rodrigo Aravena A. Arquitecto, Director AGS Visión Inmobiliaria
Rodrigo Aravena A.
Tal como sucede en Chile, se está haciendo cada vez más difícil adquirir una vivienda para los jóvenes españoles, en especial en las ciudades más densamente pobladas, como Madrid. La posibilidad de encontrar un “piso” en condiciones de precio y ubicación se hacen escasas, tan difícil como lograr reunir el cada vez más alto y obligatorio 20% de pie para tomar una deuda hipotecaria.
Este mercado comprimido ha llevado a las autoridades a actuar. Y como primera acción han querido intervenir el mercado inmobiliario con estrategias probadas (y muy cuestionadas) en países vecinos como Inglaterra y Francia, pero que llenan el apetito de los electores, quienes creen que un mercado inmobiliario más regulado tenderá a estabilizarse en precios.
“Si el mercado no corrige la desalineación entre oferta y demanda, toda la inversión pública no será más que tapar un saco roto en muchas partes. ¿Suena conocido?”.
Es así como el Gobierno de Pedro Sánchez, en coincidencia con la presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso) han puesto cada uno en sus ámbitos, planes de control de precios y acceso a la vivienda, en respuesta al imperativo constitucional de “consagrar el derecho a la vivienda digna”. Textual, como nosotros estuvimos a punto de consagrarla, ¿lo recuerda?
Los instrumentos aprobados pondrán al Estado como aval en el financiamiento de la vivienda hasta un 20% del precio. Esto, sumado a un control de valor de los arriendos a través de una categorización de tipologías de propietarios (grandes y pequeños tenedores de viviendas), sistemas de protección al arrendatario y su negociación de arriendos, así como una definición de áreas de tensión inmobiliaria, donde se aplicará la regulación de precios y se aumentarán las cuotas de vivienda “asequible” que los desarrolladores deberán aportar.
La opción de que el Estado avale un financiamiento puede abrir un flanco de desregulación y sobrendeudamiento preocupante. Por otra parte, mayores regulaciones, control estatal del arriendo y menores incentivos a la inversión inmobiliaria, sin duda, van a afectar la generación de oferta de viviendas. En contrapartida, poco aparece sobre planes de repoblamiento, de mayor inversión en viviendas de propiedad estatal y de invitaciones a desarrollos público-privados de proyectos.
Como toda política pública nacida más del prejuicio que del análisis de escenarios y resultados, el sesgo está puesto en sancionar la tenencia de bienes raíces, atacando la “especulación inmobiliaria” para hacer más asequible la vivienda. Muy por el contrario, diversos analistas prevén que esta ley lo único que provocará será aumentar el precio de las viviendas en arriendo, tal como ocurrió en Inglaterra con el Plan “Help to buy” hace una década atrás. Estudios académicos han constatado cómo subió entre un 6 a 10% el precio de las propiedades en Londres (venta y arriendo). Preocupante.
Lamentablemente, por más buena intención estatal que se pretenda, si el mercado no corrige esta desalineación entre oferta y demanda, toda la inversión pública no será más que tapar un saco roto en muchas partes. Y los problemas están en elementos muy sencillos de resumir; existe un déficit de inversión privada, producto de inestabilidad política y constantes cambios en las condiciones de inversión en bienes raíces. ¿Suena conocido?
Chile debe aprender de buenos ejemplos. Miremos la experiencia extranjera a la luz de sus resultados en el largo plazo. Evitemos la importación de políticas públicas de vivienda que han demostrado ser ineficaces y que a algunos encandilan. Sólo por provenir del viejo continente.
#Lecciones #inmobiliarias #aprender #España
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Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.