Este miércoles, de cara a lo que será la votación en particular de la ley corta de isapres en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, era el plazo límite para que tanto el Gobierno como los parlamentarios ingresaran indicaciones al proyecto.
La norma se tramita contra el reloj, ya que el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores tiene su fecha límite en el mes de mayo para estar implementado. Esto es, justamente, la espina dorsal de la ley corta: aplicar la sentencia manteniendo el equilibrio financiero de las aseguradoras, para así evitar una crisis sistémica en el sistema de salud.
Pero la tramitación, aparentemente, no será tan expedita, ya que distintos sectores políticos ingresaron decenas de indicaciones que abordan una serie de materias de la norma, desde la deuda del sistema hasta una futura alza de planes que deberán realizar las compañías, pasando por el fortalecimiento de Fonasa que incluye el proyecto.
Una eventual Comisión Mixta estaría presidida por el senador Javier Macaya (UDI), ya que hoy lidera la mesa de Salud en el Senado.
Al cierre de esta edición (el plazo final para ingresar las indicaciones se estableció para el miércoles a las 23:59 hrs.), el Ejecutivo aún no había presentado modificaciones al proyecto. No obstante, se espera que busque poner un tope al eventual alza de los planes que realizarán las isapres para alcanzar su equilibrio financiero, aunque también podría guardar algunas cartas para la Comisión Mixta que, transversalmente, se espera que defina el destino de la iniciativa.
¿Capitalizar la deuda?
Una de las ideas que ha tomado especial fuerza en esta etapa es la de que las isapres capitalicen la deuda con sus afiliados, pudiendo pagar en acciones o bonos de las compañías. Un grupo de diputados de los dos lados del espectro político apoyó una serie de indicaciones de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) que van en esta línea. Y, por su propia cuenta, otros parlamentarios como Eric Aedo (DC) o Tomás Lagomarsino (IND-Radical), también presentaron propuestas en la misma línea.
“La idea es transmitirle alternativas a las propias isapres para que puedan pagar lo adeudado a sus usuarios, que la deuda la puedan capitalizar a través de acciones o emitiendo bonos de deuda, que tiene la ventaja que pueden emitirse como prestaciones médicas o transarse en el mercado financiero”, dice Aedo.
Por otra parte, en la oposición también prepararon un paquete de indicaciones que busca dar viabilidad a esta solución. El diputado Andrés Celis (RN), que apoyó las indicaciones de Joanna Pérez, plantea que hay una serie de temas que abordar si es que se quiere capitalizar la deuda: por ejemplo, que ciertos controladores extranjeros de aseguradoras acudan a tribunales internacionales o el orden de prelación que afectaría a los usuarios para recibir el pago de sus deudas, puesto que serían de los accionistas más pequeños, quedando al final de la fila.
En las isapres, esta propuesta no hace sentido y la consideran inviable. Fuentes ligadas a la industria ven muy difícil que una empresa en crisis y riesgo de insolvencia pueda pagar sus deudas con acciones y que, además, ya existe una expectativa pública de que el desembolso de las aseguradoras sea líquido, además de que coinciden con que esto pueda acabar en tribunales internacionales.
Por otra parte, los diputados oficialistas de la Comisión de Salud -Ana María Gazmuri (AH), Danisa Astudillo (PS), Karol Cariola (PC), Helia Molina (PPD), Hernán Palma (IND) y Patricio Rosas (Comunes)- también presentaron una decena de indicaciones. Entre ellas, se incluye una que elimina el fragmento de la ley corta que permite a las isapres presentar una “propuesta fundada de alza de precio base”, en el monto necesario para cubrir los costos de las prestaciones.
Comisión Mixta
Distintas fuentes del Congreso esperan que la Cámara de Diputados sirva como una negociación previa para allanar el camino a la Comisión Mixta, que ya es visualizada como la instancia definitiva para el proyecto y que será presidida por el senador Javier Macaya (UDI), por lo que también se espera que el Ejecutivo deba negociar en esa mesa. “La idea es ir generando un marco para un acuerdo en lo que va a ser Comisión Mixta. En ella necesitamos generar un acuerdo político y hay que darle alternativas”, anticipa el diputado Aedo.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.