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Lío de platas: Miguel Crispi regresa a La Moneda tras vacaciones en medio de críticas y declarará este miércoles ante la Fiscalía

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Este lunes, según afirman en el gobierno, será el regreso del jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, a La Moneda luego de sus vacaciones. Lejos de llegar relajado luego de los días de descanso, el militante de Revolución Democrática volverá a poner los pies en Palacio precisamente cuando, una vez más, el lío de platas entre la Fundación Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda está en el ojo del huracán y las miradas de nuevo sobre él.

Esto luego de que el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras señalara -desde la cárcel y en entrevista con La Tercera- que Crispi omitió información sobre Democracia Viva al Presidente Gabriel Boric.

“Creo que efectivamente Crispi le omitió información al Presidente y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara (…). La información referente a que la subsecretaria envió los datos a La Moneda y el reconocimiento de Crispi de que estaba en diálogo con Tatiana Rojas no deja lugar a dudas. Me duele en el alma contradecir a la subsecretaria, pero yo creo que ella está haciendo de pararrayos de Crispi y Verónica Serrano”, señaló Contreras.

Esta última, quien es tía de Miguel Crispi, actualmente trabaja en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y se ha dedicado a coordinar el programa Nueva Alameda.

En la entrevista, el exseremi afirmó que todas las gestiones que realizó fueron visadas por ella. “Serrano estaba liderando Asentamientos Precarios en un escenario donde ya una auditoría interna estaba arrojando que había irregularidades a lo largo de todo Chile y que eso llegó a manos de su familiar cercano”, acusó.

Antes de salir de vacaciones, Crispi intentó dar señales de que el asunto ya estaba superado y de retomar sus actividades con normalidad. Y es que, como el Mandatario ha reiterado en varias oportunidades que él cuenta con su respaldo, el jefe de asesores del Segundo Piso incluso participó de dos giras presidenciales el mes pasado: Coquimbo y Chiloé, donde estuvo en las reuniones del gabinete procrecimiento.

En la última de ellas, el 30 de enero, su presencia fue incómoda para el Ejecutivo. Esto, porque fue luego de que se revelaran nuevas conversaciones entre la exsubsecretaria Tatiana Rojas y el exseremi Carlos Contreras, las que volvieron a sembrar la duda sobre cuál fue el “rumor” -así lo planteó Crispi- que llegó al Segundo Piso el 7 de junio de 2023.

En esa gira, consultado por la prensa, Boric respondió, ante la consulta de cuándo fue que efectivamente se enteraron, que “hemos entregado todos los antecedentes que se tienen respecto a este caso a la justicia. Esto se está viendo en materia de tribunales. Acá, desde mi perspectiva, no hay nada que esconder. Por lo tanto, todos los funcionarios de gobierno tienen el deber y la instrucción de prestar colaboración. Eso es lo que han hecho todas las personas aludidas”.

En esa ocasión, y ante la insistencia sobre el eventual conocimiento de La Moneda respecto el documento solicitado por la exsubsecretaria Rojas a Contreras, el Jefe de Estado señaló que “ese informe, que yo sepa, no está a disposición, no es algo que haya llegado”.

Lo cierto es que más allá de las explicaciones de Palacio en público, en privado en el oficialismo reconocen que la situación de Crispi se ha vuelto un problema, porque le abre un flanco al Presidente Boric. Y constantemente se pone en cuestión, agregan, la versión de cuándo se enteró el gobierno del caso y qué tanto sabían.

En este escenario, apenas leyeron la entrevista, la directiva de Revolución Democrática -partido del que Contreras fue expulsado- encendió las alarmas este domingo. Los dirigentes de la tienda que encabeza Diego Vela la analizaron en detalle e insistieron en que las declaraciones del exseremi, más allá del ruido que pudieran generar en la opinión pública, no entregaban antecedentes nuevos sobre el lío de platas.

En esa línea, y a través de un video, Vela afirmó que “las declaraciones no aportan ningún antecedente nuevo para Fiscalía (…)”. Y remarcó que la causa de Crispi “ya no está vinculada al caso Democracia Viva, sino solamente a la querella presentada por dos diputados republicanos, quienes no han presentado ningún antecedente”.

Diego Vela, presidente de Revolución Democrática. Foto: Foto: Lukas Solis / Agencia Uno.

Al interior de Revolución Democrática argumentan que, al no haber antecedentes nuevos, no deberían resurgir las críticas en torno a la permanencia de Crispi en el cargo. De hecho, ellos están convencidos de que el jefe de asesores no dejará su puesto, ya que -creen- que no hay información que justifique una remoción o renuncia.

De todas formas, se ha vuelto habitual al interior del Socialismo Democrático -coalición que agrupa al PS, el PPD, el Partido Radical y el Liberal- cuestionar la continuidad de Crispi cada vez que el lío de platas se vuelve a instalar en la agenda, ya que, creen, se mantiene abierto un flanco difícil de cerrar.

El expresidente de la Cámara, el diputado Raúl Soto (PPD), manifestó que, si bien “toda declaración que haga el imputado Contreras puede ser parte de una estrategia judicial”, “siendo objetivo, es evidente que no se ha aclarado del todo cuál fue el rol que efectivamente jugaron Miguel Crispi y su tía (Verónica Serrano) en el Caso Convenios, y por qué ocultaron información al Presidente Boric y al ministro Montes. Porque de ser así, no entiendo cómo aún no se han asumido todas las responsabilidades políticas y Miguel Crispi continúa en el gobierno”.

El diputado liberal Sebastián Videla, quien representa a la Región de Antofagasta, dijo a este medio que, si bien a él no le “compete hablar de permanencias” sobre el equipo del Presidente Boric, “es cierto que el constante ruido y la falta de transparencia en las versiones, tanto por la prensa como en la comisión investigadora por parte de Miguel Crispi, molestan y aburren”.

Sobre la sensación de hastío que hay en el Socialismo Democrático, el diputado Jaime Araya (IND-PPD), también de Antofagasta, reconoció que “eso lo sabemos todos”, pero enfatizó que “el Presidente Boric ha sido claro en definir que Crispi seguirá siendo su jefe de asesores. Yo respeto esa decisión y no la voy a cuestionar, él tendrá sus razones para hacerlo, con sus luces y sombras”.

Miguel Crispi en su regreso de vacaciones no sólo tendrá que hacer frente a las críticas políticas, sino que este miércoles 21 de febrero está citado a declarar, en calidad de imputado, ante el fiscal Cristián Aguilar.

Así, más allá de los efectos políticos de las declaraciones del exseremi respecto de la situación de Crispi, las palabras de Contreras también tendrán repercusión en las distintas aristas penales del caso líos de platas. Esto, porque a juicio de querellantes, el Ministerio Público deberá aclarar cuál es la participación y qué grado de responsabilidad le cabe al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda en el caso.

“Los tribunales ya lo han resuelto: nunca debió transferirse fondos públicos a este tipo de instituciones. El hecho que terceros autoricen la operación no valida el acto: hay fraude al fisco de todos modos. Y la situación de Crispi debe resolverse en la investigación criminal”, manifestó al respecto el abogado Sergio Rodríguez, querellante que representa a los diputados del Partido Republicano Juan Irarrázaval y Cristián Araya en la causa.

El querellante de la UDI, Pablo Toloza, por su parte, agregó que “queda de manifiesto que (Crispi) deliberadamente le habría ocultado información o derechamente le habría mentido a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, al señalar ante esta instancia de que se había enterado por medio de un rumor”.

Sin embargo, desde el entorno de Crispi desdramatizan la situación. A juicio de cercanos del militante de Revolución Democrática consultados por este medio, las palabras del exseremi sólo constituyen “suposiciones y creencias”.

Enfatizan, en ese sentido, que el fiscal a cargo de la causa de Democracia Viva, Cristián Aguilar, separó la indagación y dejó a un lado la querella en que se hacía alusión a las gestiones del asesor del Presidente. Ahí, como indican los mismos personeros, no se hace referencia a medidas tomadas en relación con la fundación comandada por Daniel Andrade -fundador de Democracia Viva-, sino que apuntan al visado que realizó respecto de ProCultura, cuando era subsecretario de la Subdere.

Quienes conocen de la preparación de la defensa de Crispi indican que, en medio de su declaración este buscará aportar una serie de antecedentes para así poner término a lo que consideran un “uso político” del caso por parte de diputados de oposición.

En concreto, los diputados de derecha arremetieron en su contra porque el 24 de junio de 2022, cuando el RD se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional, envió el oficio Nº 2377 / 2022 al gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, y validando el convenio “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica” con la Fundación Procultura, pese a que la experticia de esta entidad era otra.

Sobre aquello y otras materias deberá pronunciarse Crispi cuando comparezca en las dependencias de la Fiscalía Nacional.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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Realizan manifestación contra Eduardo y Javier Macaya frente a tribunales

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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.

Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.

Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.

Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.

Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.

Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.

Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.

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Tras audiencia de revisión de cautelares: tribunal decreta prisión preventiva para Eduardo Macaya

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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli, padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.

En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.

La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.

Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.

Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.

Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.

El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.

Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, más la resolución del Tribunal Constitucional.Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.

El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.

Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.

Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.

En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.

Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.

Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.

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