Detalles impactantes y desconocidos contiene la querella criminal que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra los responsables de lo sucedido con los conscriptos de la Brigada Motorizaza N°24 “Huamachuco”, con asiento en la localidad nortina de Putre y que culminó con la muerte del soldado Franco Vargas, de 19 años de edad.
En el recurso judicial presentado por el delito de “apremios ilégitimos”, se detalla que “desde el día 21 de abril del presente año, alrededor de 250 jóvenes soldados conscriptos pertenecientes al Regimiento Motorizado N°24 ‘Huamachuco’ de Putre, formaron parte de una instrucción militar que les trasladó hasta el sector denominado “Pacollo”’.
Agrega que los efectivos del grupo de 45 soldados conscriptos “fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo, en cualquier contexto y momento: mientras se desarrollaba la instrucción, cuando dormían, comían o durante las caminatas”. Añade que “estas caminatas podían ser nocturnas con temperaturas bajo cero, sin la ropa adecuada o durante el día sin la protección solar mínima”.
Luego se indica que a los soldados se les privaba de sueño durante varias noches, lo que en la jerga castrense se denomina la “imaginaria”, en que les permitían dormir sólo una hora por noche, para luego continuar con la instrucción. Además, a los conscriptos se les exponía “a fecas de ratones en los espacios de preparación y consumo de alimentos, así como obligarlos a comer con las manos de una misma bandeja grupal por no entregarles elementos básicos como cucharas”.
En otra parte de su contenido querella señala que los conscriptos “fueron obligados a utilizar letrinas sin acceso a medidas higiénicas de aseo personal, espacios saturados de excrementos humanos, sin agua corriente, jabón ni papel higiénico, en grupos de hasta 15 personas defecando al mismo tiempo”.
Se indica, además, que “todas estas situaciones tuvieron lugar a 4.600 metros de altura, con temperaturas de -15 grados durante la noche y con índices de radiación solar extremadamente altos durante el día”.
Uno de los soldados relató que las condiciones estructurales y de higiene en el recinto de Pacollo eran “deplorables”. “El techo tenía agujeros que dejaban pasar el aire frío, no había ventanas, el lugar siempre estaba expuesto al frío. Les hicieron entrega de ropa de abrigo adecuada para bajas temperaturas, pero rara vez les permitían utilizarla”, se indica en la querella.
En documento se precisa también que todas estas situaciones de ocurrieron dentro de un contexto de maltrato verbal permanente, con frases homofóbicas o de connotación sexual.
Incluso algunos instructores, señala el texto, repetían la frase “un pelao menos es mejor”, aún después del fallecimiento del conscripto Franco Vargas, situación que algunos de los soldados presenciaron directamente.
En la querella se puntualiza que “en los hechos se denuncia el actuar ilícito de funcionarios públicos, correspondientes a funcionarios del Ejército de Chile”.
En este contexto, la acción legal del INDH demanda que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 letra e del Código Procesal Penal, se solicita al Ministerio Publico que “se practiquen todas aquellas diligencias para la investigación de delitos de apremios ilegítimos y “se despache orden amplia de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile”.
En las diligencias investigativas se pide identificar a los (ex) soldados conscriptos del “último grupo de 45″ de los 250 soldados que se encontraban en instrucción en la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco” de Putre, se le tome declaración acerca de estos hechos y se identifique a los funcionarios del Ejército de Chile que se encontraban a cargo de la instrucción.
También el recurso pide que se solicite al Hospital Regional Dr. Juan Noé, de Arica, las fichas médicas de los soldados que hayan sido trasladados hasta sus instalaciones y se oficie al Servicio Médico Legal (SML) a fin de que se realicen peritajes psicológico y físico a las víctimas.
La querella expresa que también se pida mediante requerimiento de información conforme el artículo 19 del Código Procesal Penal, a la Comandancia de la VI División del Ejército, el listado de todos los conscriptos que estaban desarrollando el servicio militar en esa fecha (mayo de 2024) en ese regimiento de Putre, que se remitan los protocolos que existen al interior del Ejército relativos a salidas a terreno con conscriptos y entrenamientos en altura, y que se informe detallada y documentadamente acerca de la cadena de mando al interior de esa unidad militar con base en la Región de Arica y Parinacota.
Luego de la presentación de la acción judicial, el INDH informó que el Juzgado de Garantía de Arica declaró admisible la querella presentada por apremios ilegítimos, luego de la muerte del conscripto Franco Vargas, de 19 años.
De acuerdo a lo señalado, la jueza Paulina Zúñiga programó para el próximo 30 de mayo una audiencia para establecer si correspondía de los tribunales civiles en esta causa, lo cual fue solicitado por el organismo de derechos humanos, que solicitó desde el comienzo la definición respecto a qué tribunal resolverá, si debe ser la justicia militar o la civil.
El INDH señaló en su querella que el Ejército -a través de diferentes medios de comunicación- informó que presentó los antecedentes del caso de Putre ante la justicia militar. Sin embargo, de acuerdo al organismo los hechos corresponden a apremios ilegítimos. Este delito se encuentra en el Código Penal. Es decir, sostiene el instituto, se trata de un delito ajeno y que no afecta fines o bienes jurídicos estrictamente militares.
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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