Los resultados de Uber estuvieron muy por debajo de las expectativas en el primer trimestre, afectados por los costos de la batalla de una década de la compañía de transporte privado con los reguladores globales.
La compañía con sede en San Francisco reportó ganancias operativas de US$172 millones durante los primeros tres meses del año, en comparación con las previsiones de los analistas de más de US$600 millones.
Uber atribuyó el miércoles el déficit a “cambios y acuerdos discretos en las reservas legales y regulatorias”, aunque la compañía dijo que estaba “resolviendo varios asuntos heredados”.
Los costos legales incluyeron que Uber acordó pagar US$178 millones para resolver una demanda colectiva presentada por taxistas en Australia. Sin embargo, el trimestre aún se compara favorablemente con una pérdida operativa de US$262 millones reportada durante los primeros tres meses de 2023.
El precio de la acción cayó un 6,3% en las operaciones previas a la comercialización.
Uber y sus rivales están lidiando con crecientes obstáculos regulatorios globales, particularmente en lo que respecta a los salarios de los conductores y repartidores.
En virtud de una impugnación presentada en el Reino Unido este mes, Uber se enfrenta a una demanda multimillonaria por parte de más de 10.000 conductores de taxis negros en Londres.
La compañía informó anteriormente que 2023 marcó su primer año completo de rentabilidad operativa, lo que Uber aclamó como un “punto de inflexión” en su tumultuosa historia.
Ese hito se produjo tras años de grandes pérdidas mientras la compañía gastaba miles de millones de dólares luchando contra rivales de transporte privado.
Después de que los inversores exigieran pruebas de que el sector podría ser rentable de forma sostenible, Uber trabajó para aumentar los márgenes y reducir los costos.
Los ingresos del trimestre más reciente crecieron un 15% a US$10.100 millones, en línea con las previsiones de los analistas. Sin embargo, Uber informó una pérdida neta de US$654 millones en los tres meses hasta el 31 de marzo, muy por debajo de las previsiones de los analistas de un ingreso neto de alrededor de US$500 millones.
La compañía dijo que la pérdida se debió a una amortización acumulada de US$721 millones del valor de las participaciones de Uber en otros grupos, que incluyen la empresa de vehículos autónomos Aurora y la empresa china de viajes compartidos DiDi.
Las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización aumentaron un 82% con respecto al mismo período del año anterior a un récord de US$1.400 millones, superando las previsiones de los analistas de US$1.300 millones.
“Nuestros resultados de este trimestre demuestran una vez más nuestra capacidad para generar un crecimiento consistente y rentable a escala”, dijo el director ejecutivo Dara Khosrowshahi.
El ebitda ajustado en el trimestre actual estaría entre US$1.450 y US$1.530 millones, en línea con las previsiones de los analistas.
El valor total de las reservas de viajes, entregas y carga de Uber también estuvo justo por debajo de las expectativas de los analistas, con US$37.700 millones. La compañía atribuyó en parte la menor demanda en la región latinoamericana en comparación con el mismo período del año pasado.
Sin embargo, Uber dijo que la demanda seguía siendo “sólida” en sus negocios de entrega y movilidad. En marzo, India se convirtió en el tercer país del mundo en tener más de 1 millón de conductores de Uber, uniéndose a Estados Unidos y Brasil.
Uber dijo que un mayor crecimiento vendría en parte de una gama cada vez mayor de servicios, como el segmento de entrega de comestibles que pretende hacer crecer.
Esta semana, Uber dio a conocer una asociación con Instacart, que permitirá a los usuarios estadounidenses del grupo de entrega de comestibles realizar pedidos en los restaurantes que figuran en Uber Eats. La empresa de transporte espera que la medida le ayude a competir con su rival DoorDash en ubicaciones suburbanas de todo Estados Unidos.
Los analistas de JPMorgan señalaron que, aunque Uber no ofrecía las capacidades de Instacart para comestibles, “creemos que este paso inicial abre la puerta a que las empresas puedan trabajar más estrechamente en el futuro”.
El miércoles, Khosrowshahi dijo: “No se equivoquen: seguimos comprometidos a ejecutar nuestra estrategia de alimentación y venta minorista (…) Pueden esperar más noticias en el ámbito de los comestibles en las próximas semanas”.
Uber también dijo que confiaba en poder “agregar” la demanda de vehículos autónomos, que ya están disponibles en algunas regiones.
Durante el primer trimestre, la compañía comenzó a recomprar acciones bajo su programa inaugural de recompra de acciones por valor de US$7 mil millones, que según el director financiero Prashanth Mahendra-Rajah “compensa parcialmente” las obligaciones de compensación de los empleados basadas en acciones de la compañía.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.
La startup tecnológica de conducción autónoma WeRide presentó su solicitud para lo que podría ser la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una empresa china en Estados Unidos desde la desastrosa cotización de la empresa de viajes compartidos Didi Global, en 2021.
WeRide dijo en una presentación este viernes que puede enfrentar “varios riesgos e incertidumbres legales y operativos asociados con tener nuestra sede o nuestras operaciones principalmente en China continental”. La compañía no revelará el número ni el rango de precios propuesto para sus Acciones Depositarias Estadounidenses (ADR, sigla en inglés) hasta que esté lista para comenzar a comercializarlas.
WeRide, constituida en las Islas Caimán, solicitó de forma confidencial una OPI con un plan para recaudar hasta US$ 500 millones, informó Bloomberg News el año pasado. Después de que la OPI de Didi por valor US$ 4.440 millones provocara una ofensiva por parte de Beijing contra las empresas con datos confidenciales que vendían acciones en el extranjero, los listamientos en Estados Unidos de empresas con sede en China se habían estancado.
En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en de EEUU), WeRide dijo que tuvo una pérdida de US$ 268 millones de sobre ingresos de US$ 55 millones el año pasado.
Fundada en 2017, WeRide desarrolla tecnología de conducción autónoma y la está probando o implementando comercialmente en 30 ciudades en siete países, dijo en el documento. WeRide produce vehículos que incluyen robotaxis, minibuses, furgonetas y barredoras de calles, además de sus soluciones de software y hardware para conducción autónoma.
Según el documento, el actual inversor Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance acordó comprar acciones en la OPI en una colocación privada.
La oferta está dirigida por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y China International Capital. La compañía planea que sus ADR coticen en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo WRD.