En las últimas semanas hemos visto como los Ministros de Estado han tratado de contener la pérdida de confianza de los ciudadanos, en un contexto de progresivo deterioro de la economía. ´
Sin duda, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, es uno de los más experimentados del gabinete y sobre sus hombros tiene la responsabilidad de implementar el llamado plan de emergencia habitacional, que compromete la entrega de 260.000 viviendas a familias de sectores vulnerables. . en cuatro años Sin embargo, esta cifra representa menos del 45% de la necesidad total estimada, postergando la solución global del problema, lo que conlleva riesgos adicionales que él mismo reconoce, como la presencia de grupos criminales en ocupaciones y campamentos, y el consiguiente deterioro de la seguridad Pública.
“Es difícil entender por qué el plan de emergencia actual no se complementa de acuerdo con la dimensión real de la emergencia”.
El ministro tiene razón al argumentar que los recursos públicos no están disponibles para abordar completamente el déficit. Si consideramos el derecho a la vivienda adecuada recientemente aprobado, atender el déficit habitacional existente requeriría recursos equivalentes a aproximadamente el 9% del PBI. Sin considerar que una vez que los derechos fundamentales sean exigibles, se requerirán recursos adicionales para regenerar el parque de vivienda social existente y revertir los déficits de la ciudad.
También tiene razón en la necesidad de diversificar la oferta de vivienda; Sin embargo, llama la atención que entre las alternativas contempla la dotación de vivienda generada a nivel municipal, por empresas para sus trabajadores y la construcción pública directa a través del Serviu, todo lo cual podría entenderse como experiencias “piloto” que no permiten afrontar la magnitud de las necesidades de vivienda a corto plazo.
¿Qué pasa con la participación del resto del mercado? La experiencia internacional muestra que ante necesidades habitacionales masivas y restricciones presupuestarias, los países han impulsado una oferta de vivienda pública de alquiler financiada a través de alianzas público-privadas, bajo un marco regulatorio con definiciones de estándares de calidad de servicio, precio y transparencia, conlleva derechos penales y responsabilidades. Impulsar esta alternativa permitiría atender las necesidades habitacionales en magnitud, tiempo y oportunidad, conteniendo las expectativas ciudadanas, regenerando y protegiendo los territorios, reduciendo la presión sobre la financiación pública y, por supuesto, siendo un amortiguador de las fluctuaciones de las rentas. precios como consecuencia de alzas inesperadas en la demanda de vivienda.
Existen actores con experiencia para implementar esta solución. De hecho, las alianzas público-privadas pueden ser la forma de honrar la promesa del Estado de brindar derechos fundamentales como la ciudad, la vivienda, la educación y la salud, y al mismo tiempo cumplir con el financiamiento de estos derechos sin violar el principio de sostenibilidad y responsabilidad. fiscal.
Como expresa el ministro, si no se resuelven las emergencias hay consecuencias. Por lo tanto, es difícil entender por qué el plan de emergencia actual no se complementa de acuerdo con la dimensión real de la emergencia.
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Una nueva disminución, que esta vez alcanzó a 26,9%, registró el Índice de Avisos Laborales de Internet (IALI) durante noviembre, comparado con igual mes de 2022, según informó el Banco Central este jueves.
La medición, que corresponde al promedio simple de los avisos publicados en los principales portales de empleo web en el país, con cobertura a nivel nacional, entró en una trayectoria de descensos desde junio de 2022, o sea, más allá de un año.
Se trata, por ende, de un dato que da cuenta de la debilidad que se está observando desde la lógica de la demanda por trabajos.
La última medición del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que la tasa de desocupación se ubicó en 8,9% en el trimestre móvil agosto-octubre, 0,9 punto porcentual (pp.) más que hace un año. Esto, en un contexto en que la fuerza de trabajo (3,1%) creció más que el número de personas ocupadas (2,1%), un cuadro que ha persistido todo 2023.
El IALI, que es un indicador de demanda del mercado laboral, forma parte del proyecto Estadísticas Experimentales del ente emisor, por el cual se elaboran y publican estadísticas que se encuentran en proceso de desarrollo o consolidación −lo que podría reflejarse en revisiones importantes a las series publicadas−, y que se caracterizan por su carácter innovador, ya sea en las fuentes de información, los métodos estadísticos y/o el ámbito de estudio.
A diez días del plebiscito constitucional, donde se someterá a votación popular la propuesta de nueva carta magna emanada del Consejo Constitucional, varios empresarios se han manifestado favorables al texto, siendo Andrónico Luksic uno de los más recientes.
Esta mañana, en su cuenta de X (ex Twitter) el presidente del holding Quiñenco se manifestó favorable a la aprobación del texto, entregando argumentos que apuntan a la situación económica del país.
“Ya van 4 años de discusión constitucional y este camino de incertidumbre ha dejado al país fuera de la ruta del progreso y el crecimiento. La falta de reglas claras frena la inversión y perjudica las oportunidades de miles de personas“, señaló el también vicepresidente del Banco de Chile, quien a fines de este mes abandonará los directorios de varios empresas operativas del grupo Luksic.
Asimismo, agregó que “buscar el texto ideal puede tomar mucho tiempo, y éste sí permite que Chile salga adelante!!”.
“A favor de cerrar este capítulo y de volver a mirar al futuro”, cerró el empresario.
Ya van 4 años de discusión constitucional y este camino de incertidumbre ha dejado al país fuera de la ruta del progreso y el crecimiento. La falta de reglas claras frena la inversión y perjudica las oportunidades de miles de personas . Buscar el texto ideal puede tomar mucho…
Un alza de 0,7% registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante noviembre, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Este resultado, superior a la mayoría de las estimaciones que prevalecían en el mercado -del orden de 0,2%-, bastó para que la variación anual se moderará de 5% a 4,8%. Esta última cifra no se veía desde agosto de 2021.
El reporte del INE precisó que diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en el mes.
Entre los aumentos en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (1%) y transporte (1,3%).
En el primer grupo, los incrementos más importantes fueron de hortalizas, legumbres y tubérculos (4,3%), mientras que las frutas también mostraron alzas (4%).
De los 76 productos que componen la división, 47 presentaron alzas en sus precios, destacando papa (7,0%), y carne de vacuno (1,3%).
En el caso del transporte, los avances mensuales se observaron en seis de sus 10 clases. La más importante fue transporte de pasajeros por aire (18,3%), seguida de combustibles y lubricantes para vehículos de transporte personal (0,7%).
De los 24 productos que componen la división, 13 consignaron incrementos en sus precios, destacando servicio de transporte aéreo (18,3%), seguido de gasolina (0,5%).
Como contraparte, la división que consignó una disminución mensual en sus precios fue la de bebidas alcohólicas y tabaco (-0,6%).
Aquí fue llamativo el descenso en los vinos (-4,3%).
El INE recordó que el próximo 27 de diciembre de 2023 publicará el nuevo Manual Metodológico del Índice de Precios al Consumidor (IPC), para su nueva base anual 2023 = 100, en conjunto con la nueva canasta, la que entrará en vigencia a contar de enero del año 2024 y cuyos resultados serán publicados a partir del 08 de febrero del mismo año.