En las últimas semanas hemos visto como los Ministros de Estado han tratado de contener la pérdida de confianza de los ciudadanos, en un contexto de progresivo deterioro de la economía. ´

Sin duda, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, es uno de los más experimentados del gabinete y sobre sus hombros tiene la responsabilidad de implementar el llamado plan de emergencia habitacional, que compromete la entrega de 260.000 viviendas a familias de sectores vulnerables. . en cuatro años Sin embargo, esta cifra representa menos del 45% de la necesidad total estimada, postergando la solución global del problema, lo que conlleva riesgos adicionales que él mismo reconoce, como la presencia de grupos criminales en ocupaciones y campamentos, y el consiguiente deterioro de la seguridad Pública.

“Es difícil entender por qué el plan de emergencia actual no se complementa de acuerdo con la dimensión real de la emergencia”.

El ministro tiene razón al argumentar que los recursos públicos no están disponibles para abordar completamente el déficit. Si consideramos el derecho a la vivienda adecuada recientemente aprobado, atender el déficit habitacional existente requeriría recursos equivalentes a aproximadamente el 9% del PBI. Sin considerar que una vez que los derechos fundamentales sean exigibles, se requerirán recursos adicionales para regenerar el parque de vivienda social existente y revertir los déficits de la ciudad.

También tiene razón en la necesidad de diversificar la oferta de vivienda; Sin embargo, llama la atención que entre las alternativas contempla la dotación de vivienda generada a nivel municipal, por empresas para sus trabajadores y la construcción pública directa a través del Serviu, todo lo cual podría entenderse como experiencias “piloto” que no permiten afrontar la magnitud de las necesidades de vivienda a corto plazo.

¿Qué pasa con la participación del resto del mercado? La experiencia internacional muestra que ante necesidades habitacionales masivas y restricciones presupuestarias, los países han impulsado una oferta de vivienda pública de alquiler financiada a través de alianzas público-privadas, bajo un marco regulatorio con definiciones de estándares de calidad de servicio, precio y transparencia, conlleva derechos penales y responsabilidades. Impulsar esta alternativa permitiría atender las necesidades habitacionales en magnitud, tiempo y oportunidad, conteniendo las expectativas ciudadanas, regenerando y protegiendo los territorios, reduciendo la presión sobre la financiación pública y, por supuesto, siendo un amortiguador de las fluctuaciones de las rentas. precios como consecuencia de alzas inesperadas en la demanda de vivienda.

Existen actores con experiencia para implementar esta solución. De hecho, las alianzas público-privadas pueden ser la forma de honrar la promesa del Estado de brindar derechos fundamentales como la ciudad, la vivienda, la educación y la salud, y al mismo tiempo cumplir con el financiamiento de estos derechos sin violar el principio de sostenibilidad y responsabilidad. fiscal.

Como expresa el ministro, si no se resuelven las emergencias hay consecuencias. Por lo tanto, es difícil entender por qué el plan de emergencia actual no se complementa de acuerdo con la dimensión real de la emergencia.