El poco alentador cuadro económico de corto y mediano plazo, sumado al duro camino legislativo que sigue enfrentando su agenda de reformas, hace temer que el “segundo tiempo” de la administración no sea sustancialmente mejor al primero, en términos de introducir mejoras reales de gobernanza con un impacto positivo medible en las vidas de las personas.

En no pocas áreas los avances dependen más de la voluntad política de implementar cambios (y superar prejuicios o dogmas) que de una ley.

Sin embargo, existe un amplio margen para adoptar decisiones e implementar medidas de orden técnico/administrativo cuyos beneficios se harían sentir en el corto plazo. Los dos proyectos de ley que el Gobierno ha enviado para reducir la “permisología”, por ejemplo, pueden complementarse con pasos que no requieran trámite legislativo. Y desde luego no hace falta pasar por el Congreso para avanzar en materias como la mejor ejecución presupuestaria del Estado, la gestión de escuelas y hospitales públicos, política habitacional o mayor eficiencia del control migratorio y policial, entre otras.

No son pocas las áreas en que los avances dependen más de la voluntad política de implementar cambios (y superar prejuicios o dogmas) que de la ley. Activar acuerdos complementarios en concesiones que ya tienen permisos aprobados; establecer convenios con prestadores privados de salud para reducir las listas de espera; incorporar más trámites a la plataforma SUPER para tener ventanilla única en permisos sectoriales; contratar funcionarios temporales que reduzcan los permisos pendientes en servicios de alta congestión, son algunas posibilidades.

Existen otras, que el Gobierno haría bien en explorar con cierto sentido de urgencia. En sólo dos años más será la hora del balance.