El ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó sus posturas sobre cómo solucionar la crisis que atraviesa Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) y que tiene atentos a todos los actores de la industria, con quienes ha estado de reunión en reunión durante los últimos días.
Como ya fue comunicado anteriormente, la solución perseguida por el Gobierno involucra también a las mineras, quienes entrarían a formar parte de un esquema con positivos efectos para la agobiada filial del grupo CAP, cuyas operaciones se encuentran suspendidas indefinidamente.
“Mi convicción es que hay una posibilidad de un acuerdo de largo plazo en que, en promedio, las empresas no necesariamente paguen más, sino que a veces paguen más y a veces menos, y tengan una cierta estabilidad de largo plazo, contratos que hacen las empresas todo el tiempo en materia de proveedores”, dijo el ministro este domingo en el programa Estado Nacional de TVN.
Grau se mostró convencido de que “es un buen negocio para las mineras hacer esto” si es que se aborda con una perspectiva de 10 o 15 años hacia adelante.
“Esto es un contrato de largo plazo entre las empresas que les da esta certeza logística a las mineras, que les permite además probablemente acordar con Huachipato una transición hacia una reducción sustantiva de la huella de carbono, e incluso le permitiría hacer inversiones para que la receta de su acero sea la mejor para efectos de la molienda”, sostuvo.
Reclamación en curso
Sobre el informe de la Comisión Antidistorsiones que acarreó la suspensión de CSH, el ministro sostuvo que su compromiso es que, una vez que se presenten los antecedentes por parte de las empresas haciendo la reclamación por las recomendaciones publicadas, el Gobierno actuará para solucionar “con la máxima rapidez posible” los problemas planteados.
La primera solicitud planteaba sobretasas de 16% a las bolas de molienda y 25% a las barras de acero. Huachipato busca 36% y 35% respectivamente para ambos productos, a propósito de lo cual la siderúrgica presentaría nuevos antecedentes, señaló Grau.
El secretario de Estado planteó que la comisión podría revisar su postura a través de una mezcla entre nuevos antecedentes y la discusión de consideraciones que pudiesen haber sido erróneas.
“En el pasado se han revisado decisiones de la Comisión Antidistorsiones. Lo que pasa es que esta nunca ha tenido la relevancia y la importancia en términos de opinión pública que ha atenido ahora”, destacó el ministro, añadiendo que “las decisiones se han cambiado en pocas semanas a partir de nuevos antecedentes”.
Hizo énfasis en que “solucionar el problema significa que la empresa siga el camino a través de la Comisión Andidistorsiones”, y descartó la idea de nacionalizar Huachipato, bajo la postura de que sus problemas van a seguir siendo los mismos independiente de quien la controle.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.