En los últimos meses, el costo de la construcción se ha disparado en más de un 10%, y sumado a las restricciones bancarias, no solo han estado en riesgo edificios privados, sino también proyectos de integración social que aún no pueden comenzar su ejecución.

“Hoy en el campo de la vivienda social, las principales empresas están en situación de caer en concurso de acreedores y, si eso sucede, las entregas de miles de casas y departamentos corren peligro de no completarse”, advierte Rodrigo Andreucci, socio fundador de Andreucci. & Torrejón abogados y expertos en el área inmobiliaria.

Carlos Montes, Ministro de Vivienda y Urbanismo. Rodrigo Andreucci socio de Andreucci & Torrejón.

En este contexto, las autoridades decidieron tomar medidas. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) publicó recientemente en el Diario Oficial la Resolución Exenta 571°, que deroga las bases del concurso nacional 2022 para la presentación de proyectos de vivienda de integración social. E introduce mejoras en el programa más conocido como DS19 “para ir en apoyo al sector de la construcción y así poder retomar los proyectos que han abandonado, que aún no han comenzado o continuar las obras”, según el titular. de la cartera, Carlos Montes.

De modo que dicho documento mejorará “las condiciones de financiación para un total de 46.026 viviendas seleccionadas en las convocatorias de 2019, 2020, 2021 (y 2022)”, afirma la ministra. Lo anterior, siempre y cuando las subvenciones aún no hayan sido “presentadas a cobro ante el Serviu por la Entidad Promotora”, ni hayan iniciado el desarrollo de las obras.

precios de venta más altos

Entre los principales cambios, está la ampliación del número de cuotas de subsidio para este segmento en todo el país, pasando de 9.300 (según la derogada resolución 404°) a 11.000. A ello se suma la entrega a las constructoras de un crédito de enlace por un monto máximo de UF 300 por vivienda.

Además, en lo que respecta a la vivienda para familias vulnerables, la disposición reajusta el valor mínimo y máximo bajo el cual se pueden vender estas casas o departamentos, y el monto dependerá de la zona en la que se ubiquen. Así, en el caso de las viviendas DS 19 ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Santiago, Aysén y en las provincias de Chiloé y Palena, la resolución fija un precio límite mínimo de venta que antes no se contemplaba. . De esta forma, los proyectos que postularon al programa en 2019, por ejemplo, podrían ver incrementado el valor de venta (a partir de ese momento) debido al reajuste de precios al año 2022.

Así, un ejemplo para los casos de viviendas en estas zonas que alcancen un precio máximo de comercialización de hasta UF 1.400 es que recibirán un subsidio de hasta UF 1.100 por unidad.

Mientras que las viviendas DS 19 ubicadas en las demás regiones, provincias y comunas del país podrán venderse por un máximo de hasta UF 1.300 y con un subsidio no mayor a UF 1.000.

En cuanto a los proyectos destinados a los sectores medios, la normativa aumenta el precio máximo de la vivienda de UF 1.100 a UF 1.400. Y en aquellas cuyo precio era de UF 2.600, ahora pasa a UF 2.800. Para estos casos establece subsidios que oscilan entre UF 250 y UF 437,5.

Aunque Andreucci sostiene que “esa es una buena ayuda que el Gobierno le está dando al sector”, recomienda que el Minvu emita pronto una resolución complementaria que corrija vacíos y contradicciones. Una de ellas es que “la resolución establece como requisito para cobrar el valor de las viviendas según el precio de 2022 que estas ‘no estén comprometidas’, sino que sean siempre a favor de las familias a las que se han adjudicado los subsidios”. el argumenta. la. Y agrega que “es posible que la Contraloría cuestione la legalidad de esta resolución, ya que el propio Estado no puede otorgar créditos afianzadores a las empresas constructoras. El Estado y sus agencias solo pueden hacer lo que la ley permite.