Señor Director:

Es época de balances y revisión de pendientes. Hay uno de años: el nombramiento de notarios. El Ejecutivo sugirió usar el sistema de Alta Dirección Pública aplicado a cargos públicos relevantes, en la esperanza de despolitizar el procedimiento y nombrar a profesionales idóneos.

Por la naturaleza de la función notarial -vinculada con la función judicial y sometida a esta por la responsabilidad administrativa y funcionaria-, es conveniente mantener la participación de las cortes en los nombramientos.

El proceso debe ponderar la idoneidad profesional, experiencia e independencia, asegurando que el notario sea efectivamente un ministro de fe pública que garantice que su actuar será ajustado al Derecho y no estará expuesto a presiones e intervenciones, ni quepan la cooptación, amiguismo o pago de favores.

Lo más adecuado sería un sistema público y transparente de nombramiento en que participen activamente diversos intervinientes: la Academia Judicial, las cortes de apelaciones, head hunters independientes y acreditados. El procedimiento debería contemplar evaluaciones y pruebas que busquen calificar competencias, integridad, experiencia y conocimientos necesarios de los postulantes, permitiendo además que terceros puedan efectuar impugnaciones fundadas y responsables de los candidatos.

Ojalá que este pendiente se tache en 2024.

Claudio Pinto M.

Socio de Guerrero y Cía. Abogados