La trama que se teje alrededor de la reorganización judicial de la salmonera Nova Austral parece interminable y se extenderá por, al menos, un mes más.
La junta de acreedores -que se ha postergado sucesivamente- estaba agendada para este miércoles. Y hasta horas antes, el riesgo de que la compañía se liquidara estaba latente, pero a último minuto, la compañía logró conseguir una nueva prórroga y la junta quedó fijada para el 26 de octubre.
El problema radica en la disputa entre los dos principales acreedores de la salmonera, que es la mayor empleadora en Tierra del Fuego, por lo que la comuna de Porvenir está expectante del desenlace del enredado proceso.
Nova Austral adeuda unos US$ 560 millones. De esto, casi 75% corresponde a los tenedores de bonos, representados por una firma denominada Nordic Trustee. Entre los bonistas destaca el family office de la familia Solari Donaggio y un fondo inglés que compró la participación de la administradora de fondos Moneda Asset.
En la lista de acreedores sigue el banco noruego DNB, al que le corresponde más de 12% de la deuda.
Desde inicios de 2023, ambas entidades se están enfrentando por la salmonera, que lleva años en una estrecha situación financiera, tras una serie de multas y castigos producto de infracciones ambientales cometidas por la administración anterior. Esto, incluso, ha llevado a la formalización de algunos exejecutivos y a la revocación de concesiones de la empresa.
Demanda en Noruega
La propuesta de reorganización de la empresa ya había delineado dos caminos. En el primero, los bonistas condonan toda la deuda y el DNB la mitad de ella. Posteriormente, los acreedores aportarían hasta US$ 23 millones para mantener la firma a flote y se quedarían con la salmonera. Esta propuesta es apoyada por los bonistas. El segundo, en resumen, contempla vender la empresa para poder pagar las deudas.
DNB Bank no se ha mostrado conforme con ninguno de los dos caminos y, sosteniendo que corre el riesgo ser “responsable de una deuda muy incierta con Nova Austral y de una ampliación no deseada del compromiso”, presentó una demanda contra Nordic Trustee en un tribunal de Oslo, Noruega.
El argumento del banco apunta a un acuerdo entre acreedores que fue celebrado en 2017 –y actualizado en 2020– por el que podrían instruir a Nordic Trustee en la votación de la reorganización, dado que esta sociedad también actúa como agente de garantías. La respuesta de los bonistas, explican fuentes ligadas al proceso, es que esta facultad no aplica en este proceso judicial.
Por otro lado, en virtud del mismo acuerdo, en caso de liquidarse Nova Austral, DNB estaría primero en la lista para recibir el producto de la venta de los activos de la salmonera que están entregados en garantía.
Con esta demanda, DNB Bank logró que el tribunal noruego concediera una medida cautelar y prohibiera a Nordic Trustee votar en la reorganización. Además, le ordenó pagar los costos judiciales a DNB. Algunos veían que esto significaba el golpe de gracia para la salmonera.
Una tercera propuesta
Sin embargo, los bonistas consiguieron acogerse a un artículo de la Ley Concursal, que dicta que si la empresa deudora consigue el apoyo de dos o más acreedores, que representen más del 30% del total del pasivo, podrán prorrogar la votación por 30 días. Entre Nordic Trustee y Servicios Marítimos y Acuícolas (que representa 0,19% de la deuda) cumplieron los requisitos.
Ese artículo abre la posibilidad para otra prórroga de 30 días más, si es que los dos acreedores representan más de 50% del total de los pasivos, algo que también se cumpliría en este caso.
En paralelo, la empresa presentó una tercera propuesta de reorganización, donde abrió un nuevo camino, que consiste en un aumento de capital. Se plantea que los bonistas podrían financiar hasta US$ 15 millones del mismo, para luego quedarse con 49 mil nuevas acciones de la salmonera.
A su vez, al DNB se le pagarían US$ 15 millones mediante la capitalización de deuda, entregándoles 51 mil nuevas acciones. El remanente de la deuda sería reprogramada.
Dirigenta sindical: “Desde marzo estamos funcionando al mínimo”
Cuando el Juzgado de Porvenir había resuelto que la junta de acreedores se hiciera sin los bonistas, lo que implicaba el fracaso del proceso, los trabajadores de la salmonera se lanzaron contra el juez, apuntando a la importancia de Nova Austral para Porvenir. Según la empresa, de ella dependen unos 3 mil trabajadores, entre empleos directos e indirectos. Tamara Martínez, vocera de los sindicatos de Nova Austral, dice que la prórroga “solo viene a aplazar algo que estamos esperando hace tiempo (…) Necesitamos que eso se alivie de una buena vez, la incertidumbre tampoco es un buen escenario”. La dirigenta cuenta que “desde marzo estamos funcionando al mínimo, se han visto afectadas varias cosas de nuestro día a día”, desde la alimentación hasta las condiciones de seguridad. Respecto a la disputa entre acreedores, Martínez señala que “lo primero es que hay que entender es que esto es un negocio”. En ese sentido, sostiene que si bien a ellos les parece que el DNB está trabando que se resuelva el asunto, “es comprensible que ellos, ante la posibilidad de perder lo que tienen acá, hagan lo necesario para recuperar lo que puedan y dar por concluida esta situación”. No obstante, agrega que “naturalmente nos afecta la postura que ha tomado el banco, porque va a significar quedarnos sin nuestra fuente de empleo”.
#Nova #Austral #esquiva #por #poco #quiebra
Si quieres leer el artículo original puedes acceder desde este link:
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.