M. Moore e I. Levingston en Londres, J. Fontanella-Khan en Madrid, E. White en Shanghái y C. Leng en Hong Kong
Arabia Saudita vendió US$ 11.200 millones en acciones de Saudi Aramco, cifra inferior a la suma máxima que la petrolera más grande del mundo podría haber recaudado en un acuerdo diseñado para conquistar a los inversores internacionales.
Después de una gira de una semana, encabezada por el director ejecutivo Amin Nasser, que hizo escala en Londres y Nueva York, Saudi Aramco dijo este viernes que había colocado 1.550 millones de acciones, o 0,64% de la compañía, a 27,25 riyales (US$ 7,27) cada una.
La compañía, cuya base de inversores ha estado dominada por actores locales y del Golfo desde su exitosa Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones por US$ 25.600 millones en 2019 en la bolsa Tadawul, de Riad, estableció la semana pasada un rango de precios de entre 26,7 y 29 riyales para las acciones.
Persuadir a los inversores internacionales para que aumenten su exposición al petróleo en un momento en que la demanda futura es difícil de medir y la industria enfrenta preocupaciones ambientales y de gobernanza era una “venta difícil”, según personas familiarizadas con el asunto.
Las acciones se colocaron con un descuento de 6% sobre el precio de cierre de 29 riyales el día antes de que se anunciara el acuerdo.
La venta recauda nuevos fondos para el gobierno, que tuvo un déficit presupuestario de US$ 3.300 millones en el primer trimestre mientras luchaba por cumplir con las demandas de gasto de Visión 2030, el plan del príncipe heredero Mohammed bin Salman para transformar la economía de Arabia Saudita.
Atraer la demanda internacional era “el gran objetivo esta vez”, dijo una persona familiarizada con el proceso, aunque señaló que algunas instituciones no estaban creadas para negociar acciones cotizadas en el Tadawul. “Incluso para los inversores globales, todavía está un poco fuera de lo común”, agregaron.
Sin embargo, Saudi Aramco dijo que la oferta fue totalmente suscrita: institucionales se quedaron con 90% de las acciones e inversores minoristas con el resto.
En su discurso de venta, la compañía destacó la mejora del rendimiento de dividendos con respecto a su oferta de 2019. Saudi Aramco ha prometido pagar US$ 124 mil millones este año, ya que su principal accionista, el gobierno saudita, depende del grupo petrolero para financiar sus ambiciosos planes.
“Estamos ante un rendimiento de 6,5% o 7% en acciones, y eso se compara con alrededor del 4% durante la cotización original de 2019”, dijo Neil Beveridge, jefe de investigación de acciones de Bernstein en Hong Kong.
Foco en Asia
Además de dirigirse a Wall Street y Londres, Saudi Aramco apuntó a inversores de Asia. El domingo añadió dos bancos chinos, el Bank of China International y China International Capital Corporation, a la lista de instituciones que trabajaron en la oferta.
Una persona familiarizada con el proceso dijo que había habido un gran interés por parte de las compañías energéticas chinas en comprar acciones del grupo petrolero.
“Invertir en Saudi Aramco fortalece la asociación estratégica entre China y Arabia Saudita, permitiendo a los inversores chinos acceder al mercado más amplio de Medio Oriente”, dijo Xuyang Dong, especialista en el sector energético de China en Climate Energy Finance, un grupo de expertos australiano.
Beveridge predijo que la demanda también podría provenir de fondos soberanos de Asia. “Están buscando rendimientos y alternativas a la compra de bonos del Tesoro estadounidense”, dijo.
Una venta difícil
El argumento de inversión para Saudi Aramco depende de las perspectivas del precio del petróleo en un momento de feroz debate sobre la demanda futura.
Algunos de los analistas petroleros más optimistas de Wall Street, incluido Christyan Malek de JPMorgan Chase, creen que el precio del petróleo pronto aumentará, entrando en un “superciclo” a medida que la oferta de crudo se desacelera mientras la demanda crece con más fuerza de lo esperado.
Pero Malek está en minoría en Wall Street: todos los demás analistas tienen una calificación neutral de la empresa.
“Aramco tiene activos de la más alta calidad, su retorno sobre el capital invertido es dos o tres veces mayor que el de las compañías petroleras occidentales”, dijo Allen Good, analista de Morningstar. Pero dijo que había preocupaciones sobre el crecimiento y el control de la empresa por parte del gobierno saudí. “Siempre existe la posibilidad de que el gobierno tome decisiones que no necesariamente benefician a los accionistas minoritarios”, afirmó.
La oferta disfrutó de un impulso inicial cuando la OPEP anunció el 2 de junio, antes de la gira, que permitiría a Arabia Saudita bombear 1 millón de barriles adicionales de petróleo por día para fines del próximo año.
“Esa decisión estuvo muy ligada a Aramco”, dijo una persona que trabaja en la oferta. “No se puede vender Aramco sin mostrar de dónde podría venir el crecimiento”.
A pesar de la decisión de la OPEP y del gran dividendo que se ofrecía, la propuesta de Saudi Aramco enfrentó obstáculos.
“Fue el mismo desafío que durante la OPI de 2019. Aramco quiere ser vista como una inversión de primera línea, pero nadie quiere más petróleo, y Arabia Saudita es vista como una apuesta de los mercados emergentes”, dijo una persona familiarizada con el asunto.
Los bancos de Saudi Aramco pintaron un panorama más optimista y dijeron que la recepción de la empresa en Nueva York había sido “mejor de lo esperado”. Un asesor reconoció que el grupo petrolero había tenido dificultades para reunirse con los jefes de los grandes inversores institucionales, pero dijo que la compañía había mantenido reuniones valiosas con otros grandes actores.
“Realmente no importa con quién nos reunimos, siempre y cuando los ganemos”, dijo la persona. “El objetivo es ampliar la base de inversores y conseguir más liquidez. Definitivamente lo estamos logrando”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.