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Otra contra el siquiatra Larraín: La arremetida de Orrego contra ProCultura por deuda de más de mil millones de pesos tras cancelación de convenios

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Las acciones judiciales contra Fundación ProCultura, investigada en el marco del denominado caso líos de platas por supuesto uso irregular de fondos públicos, no se detienen.

Y es que luego de enfrentar demandas de sus extrabajadores, allanamientos, un bullado proceso de cierre y otras arremetidas en tribunales, el Gobierno Regional Metropolitano liderado por Claudio Orrego interpuso una querella contra esta entidad fundada por Alberto Larraín e Ilonka Csillag en 2009, por la no restitución de más de mil millones de pesos.

Como se detalla en el escrito presentado ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la acción se dirige en contra de ProCultura y su representante legal, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida.

Argumentan que a pesar de que se terminaron anticipadamente un convenio suscrito con la ONG para proyectos de salud mental y se liquidaron los mismos, la entidad no devolvió los montos comprometidos, afectando directamente las arcas del GORE.

“Habiéndose exigido los montos entregados a los querellados y no habiéndose restituidos los mismos, luego de la liquidación del convenio señalado se ha podido establecer un perjuicio ascendiente a la suma de $1.015.283.548, todo ello más reajustes e intereses, por concepto de los dineros apropiados y distraídos por los querellados”, se lee en el documento de ocho carillas.

Alberto Larraín, uno de los fundadores de ProCultura.

Establecieron, en el mismo sentido, que en el marco de la ejecución del proyecto que tenía como fundamento la prevención del suicidio, ProCultura incumplió las bases, “no poniendo a disposición del GORE Metropolitano las cartolas de las cuentas bancarias que debían contener los fondos públicos transferidos, todo lo cual significó el término anticipado del contrato y la exigencia de inmediata restitución de los dineros entregados y no rendidos”.

Pese a ello, como se explicita en la querella, el dinero nunca fue retornado al organismo.

Si bien en el marco de la suscripción del convenio en cuestión ProCultura había entregado al GORE “una garantía de fiel cumplimiento de contratos públicos”, una vez que estalló el caso y se decidió poner termino anticipado al contrato por no cumplimiento, la fundación dejó de responder.

El 14 de noviembre de 2023, de hecho, les pidieron entregar estados de cuenta a fin de verificar que mantenían los montos que se les habían transferido anteriormente, pero cumplido el plazo, no hubo respuesta y se decidió poner fin al convenio e iniciar el proceso para recuperar el dinero.

“A través de la Resolución Exenta Nº 36, de fecha 09 de enero de 2024, se aprobó la liquidación del convenio de transferencia suscrito, en el que se fijó que el perjuicio patrimonial realizado por la querellada corresponde a la suma de $1.015.283.548, dineros que no han sido devueltos por la Fundación Pro Cultura a esta Gobernación Regional Metropolitana”, enfatizan desde el GORE.

Aquello, igualmente, incumple lo dispuesto en el convenio en cuestión, que justamente establecía que: “La entidad receptora acepta y se compromete a restituir inmediatamente al Gobierno Regional los recursos públicos que se le requieran y que hubieren sido transferidos en razón de este convenio cuando una resolución dictada por el Gobierno Regional así lo establezca por término anticipado, por gastos rechazados o por otra razón fundada”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

En medio de la misma acción, el GORE también pidió que se tenga presente su intención de “demandar civilmente a los querellados, solicitando oportunamente las indemnizaciones que en tal momento nos parezcan adecuadas”.

Para ello, y considerando que esa acción está aún en preparación, solicitaron que el Ministerio Público pueda realizar una serie de diligencias.

Pidieron se oficie a los Conservadores de Bienes Raíces y Comercio de Santiago y de San Miguel, para que informen inscripciones de inmuebles a nombre de los querellados, remitiendo los antecedentes respectivos; que se despache una orden investigar a la PDI, a fin de efectuar un levantamiento patrimonial de los querellados, inclusivo de bienes muebles o inmuebles; y que también se oficie al Registro Civil para que se informe, a partir del RUT de los querellados, las inscripciones vigentes de vehículos motorizados que posean.

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Eduardo Macaya: OS-9 incauta celular de jefe operativo de Cárcel de Rancagua

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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.

La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.

Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.

Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.

Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.

Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.

Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.

Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.

Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.

Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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