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Piden oficiar a las AFP por acuerdo Codelco-SQM

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Una falta de acción por parte de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) que mantienen inversiones en SQM acusa el presidente de Conadecus, el abogado Hernán Calderón. En una presentación de siete carillas, enviada este miércoles al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, la organización de consumidores apeló a las funciones fiscalizadoras de la instancia, para que pesquise el cumplimento de las obligaciones de las administradoras a la hora de cautelar los intereses de los afiliados.

En concreto, solicita oficiar a las administradoras “a fin de que informen las participaciones que tienen en SQM, indicando también su actuación en la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 21 de marzo de 2024, y las razones para las posiciones sostenidas en dicha junta”. Además, pide determinar responsabilidades administrativas y la aplicación de sanciones correspondientes, ante posibles incumplimientos en el manejo de los activos invertidos por cada AFP en la minera privada.

Todo, en el marco del acuerdo para que SQM se asocie con Codelco para explotar en forma conjunta el Salar de Atacama, donde la compañía privada tendrá el control entre 2025 y 2030, pero a partir de 2031 y hasta 2060, Codelco asumirá el mando nominando a la mayoría del directorio.

La carta de Conadecus entrega como antecedentes la posición expresada por AFP Provida en la junta de accionistas extraordinaria que se celebró el 21 de marzo: el representante de la administradora leyó un documento explicitando la solicitud de someter a la aprobación de los propietarios de SQM la asociación con Codelco en el Salar de Atacama.

“Confiamos en que la propuesta de fusión sería aprobada en una próxima Junta de todas formas y por lo tanto, llamar a junta no debería poner en riesgo la ejecución de esta fusión sino que, por el contrario, le dará mayor legitimidad a la decisión y evitará cuestionamientos futuros”, dijo en ese entonces Gonzalo Alvear.

En su escrito a la Superintendencia, Conadecus afirma que “la postura de Provida refleja una preocupación por la transparencia y la defensa de los intereses de los accionistas minoritarios, lo cual está alineado con el espíritu de protección al afiliado que las AFP deben garantizar según la normativa aplicable”.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, la misiva firmada por Calderón afirma que “resulta inexcusable que ninguna AFP, incluida Provida, haya tomado acciones efectivas respecto de la administración de SQM por proceder sin convocar a una junta de accionistas. Este hecho subraya una aparente desconexión entre las declaraciones de principios y las acciones”.

En esa línea, señala: “Resulta esencial la acción de la Superintendencia de Pensiones en calidad de órgano fiscalizador y regulador de las AFP, con el propósito de poner en conocimiento y solicitar la debida intervención respecto a los hechos descritos, que constituyen un posible incumplimiento de sus obligaciones legales y normativas, así como de los deberes fiduciarios que les corresponden respecto de los afiliados”.

El incumplimiento, detalla la presentación, “diría relación con a la falta de pronunciamiento y acción por parte de las AFP, con la excepción de AFP Provida, en el contexto de la junta extraordinaria de accionistas de SQM”, que se celebró el pasado 21 de marzo.

Eso sí, las administradoras tendrán una nueva oportunidad para pronunciarse, ya que Tianqi forzó a la administración de la minera privada chilena a realizar una nueva junta extraordinaria, la que fue citada para el próximo 24 de abril. Aquella junta, sin embargo, será solo informativa y no se someterá a votación el negocio, como pedía el grupo chino, dueño del 22% de SQM.

Con todo, Conadecus remarca en la relevancia de que las AFP expliciten su postura en torno al convenio entre SQM y Codelco, dado “en su potencial impacto sobre los intereses económicos y patrimoniales de los afiliados a las AFP, considerando las significativas inversiones de los fondos de pensiones en acciones de SQM”. Las administradoras representan, en conjunto, el 14% de la participación accionaria en la minera privada.

En en esa línea, el escrito de Conadecus subraya que “a pesar de la relevancia estratégica y las potenciales implicancias patrimoniales que el acuerdo entre SQM y Codelco posee para los afiliados, se ha constatado que las AFP distintas a Provida no ejercieron su obligación de participación activa, ni manifestaron posición alguna” al respecto.

En concreto, la agrupación de consumidores cita la norma aplicable que obliga a las AFP asistir, siendo representadas por mandatarios designados por cada directorio, “los cuales no pueden actuar con otras facultades que no les hayan sido conferidas específicamente para dichas instancias”.

Agregan que “en tales juntas y asambleas, las AFP deben pronunciarse respecto de los acuerdos que se adopten, dejando constancia de sus votos en las actas correspondientes”.

Por ello, remarca en su presentación que, para las administradoras “existe un deber de ser activo y proactivo en el manejo de las inversiones, no bastando la mera asistencia, sino que se deben manifestar a viva voz las elecciones que se toman, e informar a la entidad fiscalizadora las razones para tomar las decisiones que se llevan adelante con las acciones que manejan”.

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Realizan manifestación contra Eduardo y Javier Macaya frente a tribunales

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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.

Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.

Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.

Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.

Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.

Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.

Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.

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Tras audiencia de revisión de cautelares: tribunal decreta prisión preventiva para Eduardo Macaya

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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli, padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.

En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.

La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.

Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.

Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.

Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.

El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.

Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, más la resolución del Tribunal Constitucional.Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.

El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.

Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.

Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.

En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.

Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.

Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.

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Rubilar confirma candidatura a la alcaldía de Puente Alto

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Mediante una declaración en video, Karla Rubilar (Ind.-RN) confirmó su candidatura a la alcaldía de Puente Alto.

“Como el alcalde Germán Codina bien sabe, he vivido semanas de una situación familiar de salud muy dura que me ha mantenido alejada de la comuna y ha ocupado gran parte de mi tiempo, además de generarme una reflexión sobre mi futuro político”, dice en el registro.

De acuerdo a la ex ministra vocera de gobierno de la segunda administración de Sebastián Piñera, durante estas semanas recibió además “el ofrecimiento formal para ser candidata a la Gobernación Metropolitana, porque existen encuestas que dicen que yo ganaría esa elección”.

Y luego agregó: “Y si bien ser intendenta de la Región Metropolitana ha sido uno de los cargos más hermosos que he tenido a lo largo de mi vida y agradezco enormemente a todos quienes creen que yo podría ser una gran gobernadora, lo cierto es que después de conversar con mi familia, con mis amigos e incluso yo que soy creyente de pedirle ayuda a Dios, he llegado al convencimiento de que mi lugar está en la comuna de Puente Alto”.

“Yo quiero ser alcaldesa de la comuna. Voy a vivir en Puente Alto para vivir sus sueños y sus dolores y para compartir con ellos este sueño de tener un Puente Alto mucho mejor para todos”, expresó.

Para finalizar, apuntó que es por eso que agradece enormemente a todos quienes la han acompañado y han comprendido el proceso que ha vivido. “Quiero pedirle a ellos también que me ayuden a tener la fuerza para enfrentar este desafío y para lograr convertirme el 27 de octubre en la primera mujer alcaldesa de Puente Alto. Estoy segura que juntos lo vamos a lograr”.

La declaración de Rubilar se da luego de un quiebre con el actual jefe comunal puentealtino, Germán Codina (RN), que había puesto en duda la candidatura de la ex secretaria de Estado.

Es que según detalló La Tercera, el distanciamiento entre ambas figuras se originó hace cerca de un mes a propósito de una petición que hizo Rubilar a Codina: incorporar personas de su confianza al municipio, lo que implicaría despedir a actuales trabajadores, situación a la que el alcalde RN se negó. Es por eso que Codina ya no estaría dispuesto a seguir respaldándola para llegar a la alcaldía.

No solo eso. Desde la misma coalición de derecha transmitieron que la situación escaló a tal punto, que Rubilar amenazó en un momento con dejar de ser candidata, y por ello, personeros del bloque habrían hablado con la exministra para convencerla de que no desista de competir.

Ahora, el escenario eleccionario vuelve a tener a la exministra como una de las postulantes fuertes para los comicios de octubre de este año. Solo resta saber si lo hará con el apoyo de Codina o sin éste.

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