Este lunes sorprendió con una buena noticia para gran parte del oficialismo, que no aceptaba de buen grado la propuesta original de Hacienda en cuanto a subirle el impuesto a las personas desde un ingreso de 3,2 millones de pesos, por estimar que ese monto afectaría a la clase media, que todos los partidos de manera transversal se atribuyen proteger.
Pues bien, dado que esa propuesta original no contaba con el respaldo de su propio sector, el ministro Mario Marcel selló hoy miércoles un acuerdo con la Democracia Cristiana (DC), modificando el guarismo de 3,2 a 4,5 millones, de manera de concitar el apoyo oficialista e intentar atraer incluso al menos a parte de la oposición.
No obstante, este último anhelo no se ve muy probable, ya que mientras el oficialismo celebra, la oposición se mantiene firme en su postura de no aumentar impuestos, sea el monto que sea. Las reacciones de unos y otros contrastan tanto como cuando trascendió la primera cifra; y es que los partidos opositores no dan señal alguna de abrirse a cualquier impuesto. Su discurso no varía.
Tanto es así que desde la UDI, el expresidente del Senado e integrante de la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma, reflexiona que “para mí cada día es más claro que la verdadera disyuntiva en Chile es como concentrarse en cuerpo y alma para lograr que la economía vuelva a crecer y no en como subir los impuestos, como algunos persisten” y le llama la atención que en el actual escenario los acuerdos sigan pasando por alzas de impuestos y no buscar que el país crezca.
Y el diputado del Partido Republicano (PR) Agustín Romero, quien integra la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, es categórico en señalar que “en ningún caso” respaldarán esta o cualquier otra propuesta que implique un alza de impuestos, “menos en un Gobierno que no da muestras de gastar bien y que no ha entregado ningún plan de reasignación de recursos para avanzar en medidas sociales”.
Romero enfatiza que “acá hay una estrategia de aumentar la carga a las personas y bajarle el impuesto a las empresas”.
Una mirada similar tiene otra integrante de la comisión, la diputada de Renovación Nacional (RN) Sofía Cid, quien recuerda que como partido “hemos sido súper claros con el ministro Marcel en que no estamos disponibles para aumentar impuestos”, sino que muy por el contrario –añade– lo que hay que hacer es potenciar el crecimiento, activar la inversión, combatir la informalidad y frenar las contrataciones en el sector público. Énfasis compartido por la oposición en su conjunto.
Ello, porque el diputado de Evópoli –partido que no tiene representantes en la Comisión de Hacienda de la Cámara– Francisco Undurraga coincide en que lo que se requiere es “mayor productividad”, por lo que, “en principio, no nos parece” la propuesta a la que llegó el Gobierno con la DC, puesto que “se le está cargando mucho la mano a las personas” e incluso comenta que no tiene sentido, puesto que las encuestas dan cuenta de que el tramo al que se le aumentaría el impuesto ha disminuido y son menos los contribuyentes que están en él.
Así las cosas, pareciera que el acuerdo alcanzado entre la DC y Hacienda no tiene ningún piso en la derecha, ya que el senador Rojo Edwards (independiente exPR) asegura que “más impuestos significa menos empleo y estancamiento” y enfatizó que los brotes verdes de la economía no llegarán si el ministro Marcel “sigue aplicando recetas añejas, que han fracasado en todo el mundo” y que lejos de subir impuestos “deben bajarlos”.
¿Umbral de mayor viabilidad?
Un tono muy distinto es el que se expresa desde el oficialismo, donde el acuerdo tuvo una muy buena acogida. Uno de los que observaba con preocupación en este sector el aumento del impuesto a las personas desde 3,2 millones era el Partido Comunista, por cuanto –en un argumento similar al de la DC– sus representantes estimaban que afectaba a la clase media. Pues bien, uno de los que hizo ver esta postura a Marcel fue el senador Daniel Núñez, integrante de la Comisión de Hacienda, quien recibió con optimismo el protocolo de acuerdo suscrito entre el Gobierno y el falangismo, aseverando que “estamos muy satisfechos de que Hacienda se haya allanado a escuchar y haya llegado a un acuerdo con la Democracia Cristiana”. Pues, a su juicio, esta propuesta resulta ser una “fórmula bastante contributiva”.
Mientras que para su par, el presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD) lo ocurrido es una “buena señal”, porque –desde su punto de vista- el Gobierno “nuevamente ha ido flexibilizando su propuesta inicial” para generar los consensos necesarios. En una postura crítica hacia la oposición, añadió que ver a ese sector descartar de plano la propuesta “no ayuda en nada y tampoco honra a aquellos que hoy día, teniendo la mayoría en el Senado, tienen la principal responsabilidad de hacer avanzar políticas que generen mayor crecimiento”.
Otro que valora el aporte de la DC a este debate, es el diputado de Revolución Democrática (RD) Jaime Sáez, quien integra la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Desde su punto de vista el umbral que se incorpora en el protocolo es “razonable”, porque no perjudica a la clase media y sigue mantenido beneficios tributarios. Tratando de ser optimista, el diputado añade que el de 4,5 millones “es un umbral que tiene mayor viabilidad política para enfrentar la tramitación legislativa, (…), entendiendo que en impuesto a la renta no hay consenso, unanimidad, y seguramente va a ser una discusión más álgida que la que hemos tenido en torno al cumplimiento tributario”.
Una postura similar expresa, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, la representante de Convergencia Social (CS) Gael Yeomans. La diputada aclara que el acuerdo va en la línea de lo que ya se había conversado con el Gobierno, desde su sector, por lo que le parece “positivo”, ya que se avanza en “justicia tributaria”, de manera que las altas rentas paguen “lo que les corresponde para contribuir al país”. En este sentido, criticó a quienes se oponen, pues “quieren seguir protegiendo los intereses de la elite”, dijo, apuntando a la derecha.
Quien también se pronunció es el integrante socialista de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jaime Naranjo, quien también califica la idea de aumentar el impuesto a las personas desde 4,5 millones como “razonable”, ya que “claramente afectará a gente que tiene más altos ingresos en el país”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.