Hoy viernes 26 de abril entra en vigencia la Ley de las 40 Horas, norma que reducirá progresivamente la jornada laboral hasta llegar a dicha cantidad de tiempo en abril de 2028.
La antesala de la implementación de la primera etapa del reglamento —que disminuye de 45 a 44 las horas de trabajo— estuvo marcada por las dudas respecto de cómo se aplicaría la reducción de jornada, con la Dirección del Trabajo (DT) y la ministra de la cartera, Jeannette Jara, tratando de despejar la confusión a través de dictámenes y declaraciones.
Ignacia López, abogada y socia del área laboral de Cariola Díez Pérez-Cotapos, explicó de qué manera debe adoptarse la rebaja inicial en la jornada de trabajo.
– ¿De qué manera comienza la reducción de la jornada laboral de 45 a 44 horas semanales?
– Esta reducción parte hoy para los trabajadores que se encuentran sujetos a jornada ordinaria, que son la mayoría de los trabajadores del país. Quedan excluidos de este cambio quienes están sujetos a un sistema excepcional de distribución de jornada, que aplica para sectores como minería, salud, forestal, entre otros, que son trabajos fuera de radios urbanos o que involucran procesos continuos. Lo que dispone la norma es que esta disminución opera por el solo ministerio de la ley, eso significa que opera de forma automática y no es necesario hacer un anexo al contrato para pactarla.
Lo que sí corresponde es acordar la distribución de esa reducción de jornada. Eso es lo que ha causado revuelo en los últimos días, porque la ley dice que, a falta de acuerdo entre las partes, el empleador deberá hacer la distribución proporcionalmente entre los días de la semana en que se desarrolle la jornada de trabajo. Entonces, se entendía del tenor literal de la ley que esa distribución podía ser de 12 minutos si son cinco días de trabajo, o de 10 minutos si son seis días.
Finalmente, la semana pasada se emitió el dictamen que expresa que la reducción no es de 12 minutos, sino que debe ser de una hora en un día para que efectivamente se perciba un espacio de mayor de tiempo disponible para los trabajadores.
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– ¿Cómo se decide la reducción de jornada? ¿Es un acuerdo entre ambas partes o una decisión unilateral por parte del empleador?
– Lo que la ley dispone es, en primer lugar, favorecer siempre el acuerdo de las partes, entendiendo que cada relación laboral está sujeta a particularidades propias. Entonces, en la medida que se alcance ese acuerdo debe quedar plasmado en un anexo al contrato. Ahora, a falta de acuerdo, lo que dice la ley es que el empleador debe distribuir este menor tiempo de trabajo en la semana, y ahí se generó el problema sobre si puede asignar esa disminución en varios días o en uno solo.
De todas formas, lo relevante es que tanto empresas como trabajadores puedan hacer el esfuerzo y tengan las conversaciones para acordar esta reducción. Además, dejar evidencia de que al menos se hizo un intento, que hubo una propuesta, independiente que no se haya alcanzado el acuerdo.
– ¿Qué dice la ley sobre los trabajadores excluidos de la limitación de jornada? ¿Cuáles son los cambios que consideró la normativa sobre este tema?
– La ley reconoce que hay ciertos trabajos que, por las particularidades que tienen, están exceptuados o excluidos de la limitación de jornada. Esto ocurre porque la jornada ordinaria es continua e ininterrumpida, salvo por el descanso de la colación. Entonces, la ley considera que hay ciertos casos en que la jornada de trabajo es más flexible e identifica dos escenarios. El primero es el caso de gerentes, administradores o apoderados con facultades de administración, y el segundo corresponde a los trabajadores que no se encuentran sujetos a fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de sus labores.
Respecto de este último caso, la DT emitió el dictamen 84/04 en febrero de este año, el cual señala que solamente los trabajadores que estuvieran imposibilitados de registrar asistencia por algún problema técnico fáctico podrían estar exceptuados de limitación de jornada, cuestión que —desde mi perspectiva— difiere del tenor literal de la ley.
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Por otra parte, está el tema sobre qué se entiende por fiscalización superior inmediata. El dictamen actualiza la doctrina de la DT al incorporar dentro de la fiscalización todas las posibilidades que otorga la tecnología para poder hacer tanto el registro de asistencia como la fiscalización superior, extendiéndola a cualquier medio tecnológico que permita realizarla. Pero no se queda ahí, sino que además cita como ejemplos algunas conductas que tienen las empresas que difícilmente podrían estimarse como muestras de fiscalización superior, como por ejemplo el control de seguridad que se hace al ingreso de los edificios o el control del cumplimiento de las medidas sanitarias.
Seguramente, ambos casos darán lugar a controversias de interpretación y posiblemente a la confirmación o al ajuste por parte de nuestra jurisprudencia judicial respecto a ese criterio.
El caso del teletrabajo
La especialista laboral admite que, hasta ayer, las hipótesis de exclusión de jornadas eran mucho más amplias que las que comienzan a regir a partir de hoy.
Consultada sobre cómo afectarán las nuevas medidas a los trabajadores que desempeñan sus funciones de manera remota, la abogada detalla que “hasta ayer, por el hecho de ser teletrabajadores, estaban excluidos de jornada. Pues bien, a partir de hoy pasan a tener una jornada ordinaria o a estar excluidos de jornada, en la medida que cumplan los requisitos de tener cargos de managing o no estar sujetos a una fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores”.
“Estas son prácticas que vienen muy de la mano de la pandemia. Por ende, hacer los ajustes y las actualizaciones va a significar un desafío, porque también implica tener conversaciones sobre las modalidades de trabajo. Ahí también hay un punto relevante de cambio organizacional, incluso si es que corresponde hacer ajustes de acuerdo con los nuevos criterios que establece la ley”, añadió.
¿Horas extra por vacaciones?
La ley también contempla medidas de adaptabilidad para conciliar de mejor forma las responsabilidades laborales con la vida personal, por lo que establece que las personas que trabajen tiempo extra —fuera de su jornada ordinaria—, puedan elegir entre una compensación en dinero o tiempo libre. Por ejemplo, si una persona trabaja una hora extra, tiene la opción de recibir un 50% de recargo como pago o una hora y media adicional de vacaciones.
¿Cuál es la particularidad de las horas extra?
“Por una parte, se tienen que compensar siempre que haya un acuerdo con el empleador de que sean convertibles en días de vacaciones y, por otra, que esos días se hagan efectivos dentro de los seis meses siguientes al momento en que se trabajó el tiempo adicional. En el evento de que no se haga efectiva la conversión de horas extra como días de vacaciones al sexto mes, el empleador tiene la obligación de incorporar el pago dentro de la liquidación de remuneraciones”, detalló López.
Fiscalizaciones de la DT
Para no exponerse a sanciones y multas, la abogada laboral sostiene que las empresas deben “en definitiva, cumplir con la ley”.
“¿Qué es lo que comienza a regir desde hoy? La rebaja de 45 a 44 horas semanales. Deben dejar constancia de los esfuerzos de llegar a acuerdos y, en caso de no haberlos, deben materializar efectivamente la reducción de jornada. Finalmente, si tuviera que resumirlo en una frase, ‘que se materialice la reducción’”, manifestó.
El presidente ruso, Vladímir Putin, nombró por sorpresa este domingo como nuevo ministro de Defensa al economista civil, Andréi Beloúsov, en un intento de preparar al país para la guerra económica, utilizando mejor los gastos de la cartera y aprovechando la innovación para ganar en Ucrania.
Después de más de dos años de guerra -que ha costado miles de bajas a ambos bandos-, Putin propuso a Beloúsov, exviceprimer ministro de 65 años especializado en economía, para sustituir a su aliado de siempre, Sergéi Shoigú, de 68 años, como ministro de Defensa.
Putin quiere que Shoigú se convierta en secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, en sustitución del titular Nikolái Pátrushev, y que también tenga responsabilidades sobre el complejo militar-industrial, dijo el Kremlin. Pátrushev obtendrá un nuevo puesto.
Los cambios, que seguramente serán aprobados por los parlamentarios, son los más significativos que Putin ha realizado en el mando militar desde que envió decenas de miles de tropas a Ucrania en febrero de 2022, en lo que denominó una operación militar especial.
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Cambios necesarios
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que el cambio tiene sentido porque Rusia se acercaba a una situación como la de la Unión Soviética a mediados de la década de 1980, cuando las autoridades militares y policiales representaban el 7,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Según Peskov, era vital garantizar que ese gasto se alineara con la economía general del país y se integrara mejor en ella, razón por la cual Putin quería ahora a un economista civil en el puesto del Ministerio de Defensa.
“El que esté más abierto a las innovaciones será el que triunfe en el campo de batalla”, afirmó Peskov.
Beloúsov, exministro de Economía conocido por su cercanía a Putin, comparte la visión del líder ruso de reconstruir un Estado fuerte, y también ha trabajado con los principales tecnócratas de Putin, que desean una mayor innovación y están abiertos a nuevas ideas.
La sacudida -que pilló a la élite con la guardia baja- indica que Putin está redoblando la apuesta por la guerra de Ucrania y quiere aprovechar más la economía rusa después de que Occidente intentara, sin éxito hasta ahora, hundirla con sanciones.
En conversación con el programa Mesa Central de T13, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se refirió este domingo al proyecto de reforma previsional que está siendo discutido en el Senado y que el Ejecutivo espera que se vote durante mayo.
Al respecto, la secretaria de Estado afirmó que “concordamos con la oposición un itinerario donde los temas de la reforma previsional no tienen que ver con este tablero de ping pong sobre cómo se distribuye el 6% (de cotización adicional), sino que tienen que ver los problemas que se quieren abordar. Por ejemplo, mejorar el monto del ahorro previsional, el tope imponible, seguro de lagunas, la rentabilidad de los fondos de pensiones y fondos generacionales”, dijo Jara.
Específicamente, la ministra Jara destacó la propuesta con componente solidario sobre la creación de un seguro social para aumentar el monto de las pensiones. “La propuesta previsional se enfoca en los beneficios que la reforma quiere promover y hoy, que estamos en el Día de la Madre, quiero decir que tener un seguro social en Chile es indispensable para mejorar las pensiones de las mujeres”, comentó.
Sobre los porcentajes de distribución de la cotización adicional, la titular de Trabajo manifestó que “la discusión está puesta en otros mecanismos que nos permitan cumplir estos objetivos”.
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Nudo con la oposición
La ministra Jara también se refirió al debate sobre el mecanismo para aumentar las pensiones actuales.
“Las pensiones de ahora es donde tenemos el problema con la oposición, porque cuando proponemos un 3%-3% y la oposición plantea un 3% a capitalización individual, y es como decir que estamos de acuerdo en la mitad del problema”, explicó.
Según Jara, un millón y medio de personas se verían beneficiadas por el esquema que propone el Ejecutivo, en base a los años cotizados.
“Cuando se hizo la Pensión Garantizada Universal (PGU) se mejoraron mucho las tasas de reemplazo de los sectores que no tenían ingresos. Pero para los sectores medios todavía falta reconocer el esfuerzo que hicieron cotizando. Entonces, este es un problema importante que hay que resolver, porque hoy ocurre que hay poca diferencia en el monto de la pensión entre una persona que cotizó y otra que no lo hizo, lo que es absurdo”, aseveró.
En ese sentido, la ministra enfatizó que con la propuesta del Gobierno “las personas van a tener un seguro, van a tener un 3% directo en su cuenta y otro 3% en función de los años cotizados, que va a ser un 0,1% por año cotizado si logramos ponernos de acuerdo en esa fórmula”.
La economía alemana perderá este año 49 mil millones de euros si la falta de mano de obra calificada no afectara la producción de las empresas, según un estudio presentado este domingo por el Instituto de la Economía Alemana (IW).
En 2023, había 570 mil vacantes sin cubrir en Alemania, a pesar de que la ocupación batió un récord con 45,9 millones de empleados, recordó el IW en un comunicado.
Ya que la falta de empleados calificados se seguirá agudizando con la jubilación de las generaciones más prolíficas -los conocidos como baby boomers– se espera que el potencial de producción perdido vaya en aumento y en 2027 su costo para la economía alemana podría ascender a 74 mil millones de euros.
Para revertir la situación, es necesario facilitar la inmigración de trabajadores calificados, señaló el IW, que se remitió a las iniciativas impulsadas por el gobierno en este sentido, por ejemplo, en el ámbito del reconocimiento de las titulaciones extranjeras.
El instituto también señaló la necesidad de aumentar la incorporación de las mujeres al mercado laboral a través de la mejora de la oferta de atención infantil y eliminando incentivos fiscales para que se queden en el hogar.
“Especialmente efectivo sería que los trabajadores de mayor edad trabajaran durante más tiempo”, afirmó el economista Alexander Burstedde, autor del estudio.
“Las empresas podrían mantener a sus trabajadores con más experiencia en la empresa con ofertas correspondientes”, agregó.
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