La jueza del Cuarto Juzgado de garantía de Santiago, Francis Felle Franco, determinó la prisión preventiva para el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, por diversos delitos relacionados con la revelación del secreto en diversas investigaciones e infracción a la ley de delito de activos.
El abogado defensor de Muñoz, Juan Carlos Martínez, buscada que el exPDI cumpliera el arresto en su domicilio, pero la jueza descartó esa opción y en definitiva quedará detenido en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Cerrillos, específicamente en la Brigada de Reacción Táctica PDI. Además, se decretaron 120 días para la investigación.
La jueza señaló que se le imputan múltiples delitos y reiterados y que revela reiteradamente un conocimiento reservado a través de información y fotografías entregadas vía WhatsApp al abogado Luis Hermosilla, quien está investigado en el caso audios.
Durante la formalización se dieron a conocer varios antecedentes por parte de la Fiscalía, como que Muñoz habría revelado información secreta en causas sobre el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, una causa de Enjoy, de minera Dominga e indagatorias contra el ex intendente Felipe Guevara, y el ex director nacional de la PDI, Héctor Espinosa, quien es representado por Hermosilla.
Detalles de formalización
Durante toda la mañana del martes en una extensa sesión de formalización a Muñoz de cerca de siete horas, la fiscal regional de la Fiscalía Oriente, Lorena Parra, indicó que “el señor Muñoz declaró el lunes en la fiscalía. Él reconoce haber mandado esta información al señor Hermosilla, pero, básicamente señala que lo hace con el afán de proteger el prestigio de la institución, en el caso de Héctor Espinoza, el prestigio de Policía e Investigaciones. Y en el caso de las otras causas, por tratarse de figuras connotadas y que él debía estar en conocimiento de estas noticias, de estos antecedentes de causas relevantes”.
Todo lo anterior, indicó que demuestran que “existen antecedentes suficientes para dar por acreditados delitos reiterados” en los que habría incurrido el imputado.
A su turno el fiscal Felipe Sepúlveda a nombre del Ministerio Público, al momento de justificar el pedido de presión preventiva indicó que “estimamos que en este caso hay un peligro para la investigación. El artículo 140 inciso segundo del Código Procesal Penal da cuenta que este peligro para la seguridad de la investigación se verifica cuando existiere sospecha grave y fundada, toda vez que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de medios de pruebas”.
En tanto el abogado defensor de Sergio Muñoz, Juan Carlos Manríquez, expuso que su representado teniendo el derecho a guardar silencio, optó por declarar voluntariamente “rompió ese silencio y asumió sus efectos”, y que también aceptó que se abrieran todas sus cuentas bancarias.
El jurista leyó una declaración de Muñoz, a quien se le preguntó: “¿Usted tenía conciencia que los antecedentes que habían sido solicitados directamente a usted eran relevantes para la investigación de Espinosa”. Ante lo que Muñoz respondió: “Sí, pero los envié sin mala intención, solo por la dirección directa que mantenía con Hermosilla y además que este era un abogado de prestigio y que llevaba su causa”.
También el abogado se refirió a lo sucedido el viernes cuando renunció el entonces director de la PDI en forma voluntaria luego de reunirse con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda. “El señor Muñoz es citado una primera vez a La Moneda. Toma, digamos, sin vulnerar la reserva de esas conversaciones, contacto con las autoridades del país en seguridad. Nadie le pide la renuncia. Tiene una segunda reunión en la tarde con la ministra Carolina Tohá. Nadie le pide la renuncia. Y tiene una tercera reunión con el señor Presidente de la República en la noche, donde pone su cargo a disposición y renuncia”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.