Un positivo mes de febrero habría registrado la economía chilena, continuando con el impulso tras un cierre del 2023 mejor a lo esperado (0,2%) y que ha reconfigurado al alza las proyecciones de crecimiento para este año.
Así lo muestran las cifras de sectores económicos para el segundo mes del año, dadas a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Por una parte, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una expansión anual de 7,9%, la mayor desde marzo del 2018 (8,6%). Asimismo supera por lejos las estimaciones de los analistas consultados por Bloomberg, que proyectaban un alza de 5,1% en el lapso.
El buen resultado, consignó el ente estadístico, vino de la mano del positivo desempeño de los tres indicadores que componen el IPI.
El Índice de Producción Manufacturera (IPMan), anotó un crecimiento de 8,8% en doce meses, su mayor variación desde octubre pasado (9,4%). También fue mayor al 5,2% que anticipaba el mercado. El registro fue explicado, en gran medida, por el alza interanual de 36,2% en fabricación de papel y de productos de papel, que incidió 3,121 pp. en la variación del índice general.
El Índice de Producción Minera (IPMin), en tanto, presentó un aumento interanual de 7,7%, el mayor desde febrero del 2020 (10,3%), como consecuencia de la mayor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen.
Finalmente, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), creció 5,9% en doce meses, lo más alto desde septiembre del 2021 (6,6%) debido a la mayor actividad registrada en electricidad, que se incrementó 7,4%, incidiendo 5,463 pp. en la variación del índice.
Comercio sigue repuntando
Asimismo, el INE publicó el Índice de Actividad del Comercio (IAC), que mostró un avance de 1,9% en el segundo mes del año, su segundo registro consecutivo de expansión. El resultado se explicó por el positivo desempeño de sus tres indicadores.
Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 47), fue la que más impactó en la variación interanual del IAC, al anotar un aumento de 4,3% y aportar 2,037 puntos porcentuales, principalmente, por la contribución de venta al por menor por correo y por internet.
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46) en tanto, creció un 0,5% en doce meses e incidió 0,216 puntos porcentuales en el resultado del índice, debido, fundamentalmente, al aumento en venta al por mayor de desperdicios, desechos, chatarra y otros productos.
Al contrario, comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45) decreció un 4% en doce meses, restando 0,393 puntos porcentuales en la variación del IAC, como consecuencia de la baja en venta de vehículos automotores.
El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes aumentó un 0,9% en doce meses; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una expansión de 0,1% respecto al mes anterior y una baja interanual de 2,1%.
Por último, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes aumentó 3,9% en doce meses, debido, principalmente, al alza en productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.
La startup tecnológica de conducción autónoma WeRide presentó su solicitud para lo que podría ser la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una empresa china en Estados Unidos desde la desastrosa cotización de la empresa de viajes compartidos Didi Global, en 2021.
WeRide dijo en una presentación este viernes que puede enfrentar “varios riesgos e incertidumbres legales y operativos asociados con tener nuestra sede o nuestras operaciones principalmente en China continental”. La compañía no revelará el número ni el rango de precios propuesto para sus Acciones Depositarias Estadounidenses (ADR, sigla en inglés) hasta que esté lista para comenzar a comercializarlas.
WeRide, constituida en las Islas Caimán, solicitó de forma confidencial una OPI con un plan para recaudar hasta US$ 500 millones, informó Bloomberg News el año pasado. Después de que la OPI de Didi por valor US$ 4.440 millones provocara una ofensiva por parte de Beijing contra las empresas con datos confidenciales que vendían acciones en el extranjero, los listamientos en Estados Unidos de empresas con sede en China se habían estancado.
En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en de EEUU), WeRide dijo que tuvo una pérdida de US$ 268 millones de sobre ingresos de US$ 55 millones el año pasado.
Fundada en 2017, WeRide desarrolla tecnología de conducción autónoma y la está probando o implementando comercialmente en 30 ciudades en siete países, dijo en el documento. WeRide produce vehículos que incluyen robotaxis, minibuses, furgonetas y barredoras de calles, además de sus soluciones de software y hardware para conducción autónoma.
Según el documento, el actual inversor Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance acordó comprar acciones en la OPI en una colocación privada.
La oferta está dirigida por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y China International Capital. La compañía planea que sus ADR coticen en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo WRD.