Señora Directora:

Dado el aumento explosivo de los proyectos de loteo en nuestro país en los últimos años, parece sensata la preocupación de la autoridad por revisar el marco regulatorio aplicable a este tipo de proyectos.
El espíritu del Decreto Ley 3.516 de 1980, que regula el fraccionamiento de la propiedad rural, ha sido superado por la actividad inmobiliaria, la cual, desvirtuando la intención del legislador, en ciertos casos ha creado nuevos espacios residenciales, generando una serie de impactos en términos del uso de suelos que en su origen fueron destinados exclusivamente a usos agrícolas, ganaderos o forestales.
En este sentido, la reflexión anunciada recientemente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo va en la buena dirección. Sin perjuicio de lo anterior, más allá de la suspensión o modificación de la normativa vigente, lo más adecuado sería revisar y fortalecer las actuales herramientas de control con que cuenta la autoridad para procurar el cumplimiento de la normativa aplicable en estos casos.

Juan Ignacio Gil Lizana.
Abogado en Labbé Abogados