En medio de la megasequía que se arrastra hace más de una década en Chile, la atención está puesta en las precipitaciones que se desencadenarán durante el año, donde el foco está puesto en la llegada de La Niña, fenómeno que se relaciona con menos lluvia en Chile Central, evento que podría romper con el respiro que dejó El Niño el año pasado.
Según el último boletín de Pronóstico Subestacional y Estacional de la Dirección Meteorológica, el fenómeno de El Niño aún persiste en el Océano Pacífico Tropical, pero todas las señales apuntan hacia una transición rápida hacia condiciones neutrales para el período de abril-mayo-junio. En esa línea, se precisa que una actualización reciente indica que existe un 83% de probabilidad de dicha condición. Y se sincera: “Además, los modelos muestran una probabilidad del 62% de que La Niña comience durante el trimestre junio-julio-agosto”.
La evolución de las anomalías de contenido de calor en la superficie del mar es una de las señales que muestran el paso gradual hacia La Niña. Según se explica, hasta enero, las temperaturas subsuperficiales se mantuvieron sobre el promedio en la mayor parte del Pacífico Ecuatorial. Sin embargo, “desde diciembre 2023 hasta marzo de 2024, las temperaturas por debajo del promedio se fortalecieron y se desplazaron hacia el Pacífico Oriental. Una onda Kelvin fría contribuyó a debilitar el calentamiento superficial y subsuperficial”.
Otra señal son las anomalías negativas bajo la superficie. Al respecto, se indica que los procesos de temperatura de tipo positivo cercanos a la superficie se han debilitado en todo el Océano Pacífico Ecuatorial. Recientemente, se añade, las anomalías negativas se han expandido y las temperaturas bajo el promedio han alcanzado la superficie en el Océano Pacífico Oriental.
En concreto, “el consolidado de los modelos que pronostican el fenómeno de El Niño sugieren que durante el trimestre abril-mayo-junio se mantenga la condición neutral”.
Considerando que los modelos internacionales muestran con una probabilidad del 62% de que La Niña se presente durante el trimestre junio-agosto, el meteorólogo de la oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile, Matías Pino, señala que “es importante tener en cuenta que aunque estos meses se caracterizan por mayores eventos de precipitación, es importante mencionar que en nuestro país es más frecuente tener condiciones más secas y frías de lo normal durante el invierno bajo la influencia de La Niña”.
El experto añade que, actualmente, “contamos con el pronóstico para el trimestre de abril-junio, que indica para las precipitaciones una tendencia en general normal a bajo lo normal desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Magallanes”.
Por ejemplo, se espera que en la estación meteorológica ubicada en Quinta Normal se registren precipitaciones por debajo de los 87 mm acumulados durante el trimestre abril-junio. Asimismo, en Puerto Montt, se espera que las precipitaciones acumuladas estén por debajo de los 455 mm.
Consultado por los efectos que implica la llegada de La Niña en el actual escenario que enfrenta Chile, donde el año pasado hubo más de respiro con una dosis más alta de precipitaciones, Pino afirma: “La llegada de La Niña, tras un año con mayores precipitaciones, podría dar lugar a condiciones más secas y frías de lo normal en la zona centro del país durante el próximo invierno. Es importante mantener el monitoreo y estar preparados ante los posibles impactos como resultado de la influencia de La Niña”.
Sin embargo, el experto es claro en asegurar que “aún no podemos afirmar de manera concluyente que este año habrá menos precipitaciones en comparación con el 2023”. Para esto, dice, es necesario analizar este año y compararlo con el 2023 una vez terminado el periodo en cuestión. “Es muy pronto evaluar si este año se sume a los años que llevamos de megasequía”, agrega.
Eso sí, detalla que, según los datos de precipitaciones acumuladas hasta la fecha, desde el 1 de enero al 31 de marzo del 2024, algunas estaciones meteorológicas han registrado niveles superiores al año 2023. Ejemplo de estas son: Isla de Pascua, Rodelillo, Juan Fernández, Chillán, Curicó, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Balmaceda y Punta Arenas.
“No obstante, hay que tener en cuenta que estos datos son al día de hoy, y que aún queda un período considerable del año por transcurrir. Por lo tanto, es esencial continuar con el monitoreo de las precipitaciones para determinar si este año se suma a la sequía prolongada que afecta al país desde hace más de una década”, señala.
¿Cuál es el pronóstico de precipitación para la temporada otoñal? Menos precipitaciones en gran parte de las zonas centro y sur del país. De acuerdo al boletín, el pronóstico de precipitaciones para otoño, proyecta una condición de estación seca, desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Atacama.
La zona precordillerana y cordillerana de la Región de Atacama muestra una condición normal a sobre lo normal en gran parte de las estaciones meteorológicas, es decir, las precipitaciones estarán igual o superior a su climatología. Y en la Región de Coquimbo, muestra una condición normal o bajo lo normal. Por ejemplo, la estación meteorológica de Combarbalá podría presentar precipitaciones igual o inferiores a los 40 mm.
Asimismo, se indica que, entre la Región de Valparaíso y la Región de Magallanes, se espera una condición bajo lo normal. “Esto no significa ausencia de eventos de precipitación durante el otoño, sino que indica que los acumulados a nivel trimestral serán inferiores a los considerados climatológicamente normales para esta época”, se detalla. Por ejemplo, se espera que la precipitación acumulada para el trimestre sea menor a 87 mm en Santiago, 212 mm en Talca y 313 mm en Coyhaique.
No se prevé estrechez de suministro
Por otro lado, el Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico, siguió en la línea en cuanto a que no ven una situación crítica de abastecimiento. En su último Estudio de Seguridad de Abastecimiento, correspondiente al período marzo 2024-febrero 2025, sostiene que no se prevé estrechez de suministro durante el horizonte de evaluación para los escenarios hidrológicos evaluados, proyectando, por ejemplo, consumos de combustible diésel bajo los 1.600 m3/día para el primer semestre de 2024.
En el caso más exigente que evalúa el organismo, el consumo diario de diésel proyectado no supera la capacidad de reposición estimada, por lo que -dicen- “no se visualiza un eventual déficit para la hidrología 68-69&21-22”. Dicho caso, indican, “considera indisponibilidad de centrales térmicas eficientes entre abril y septiembre de 2024 y noviembre de 2024 y abril de 2025; y adicionalmente, la falla de la línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar-Polpaico durante la primera semana de junio de 2024”.
El organismo puntualiza que desde julio 2024 se verifica un aumento del consumo de diésel semanal en las condiciones hidrológicas evaluadas. Por esto, para mitigar riesgos de desabastecimiento, recalcan que “resulta fundamental contar con disponibilidad de gas natural suficiente para la operación continua de las centrales que operan con dicho combustible”. En este contexto, añaden, “el retraso o la cancelación de buques de GNL durante los primeros meses del próximo año podría deteriorar aún más este escenario previsto”. De todas forman, advierten que la entidad mantendrá un monitoreo de las situaciones que podrían gatillarse ante cambios imprevistos de las disponibilidades de este insumo para el siguiente año.
Cabe recordar que situaciones como -por ejemplo- la mayor capacidad instalada solar en la zona centro -no solamente en el norte- ayudarían a descomprimir la situación.
Los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMDG) están en el ojo de todos. Nacieron a mediados de la década pasada como una apuesta para diversificar la matriz energética e impulsar pequeños proyectos de ERNC (de hasta 9 MW), y así eliminar las barreras de entrada, fomentando el ingreso de nuevos actores al sector eléctrico.
Con el tiempo, estos proyectos han ido pasando a manos de grandes inversionistas; fondos internacionales y globales de inversión, situación que los tiene en la mira del Coordinador Eléctrico Nacional.
De hecho, el 23 de enero de este año, la Unidad de Monitoreo de la Competencia del organismo, ofició a todas las empresas con el objetivo de conocer sus respectivas estructuras societarias. Hoy tras siete meses, el ente ya tiene el listado, y está trabajando en el proceso de consolidación, con la finalidad de tener una radiografía clara de quienes son y a qué inversionista o grupo controlador pertenecen.
La razón que hay tras esta inquietud, es que a la fecha existen 828 unidades de PMGD en operación en Chile, de las cuales 77,2% son solar fotovoltaico, con una capacidad instalada de 3.252 MW, que se ubican mayoritariamente en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío. A ellos se sumaría otros 2.336 MW que se encuentran en construcción, siendo el 96% solar fotovoltaico.
El punto de mira, es que lo que partió como una apuesta para que pequeños proyectos abrieran las puertas a las renovables, hoy se han convertido en un actor relevante y con ciertas ventajas al contar con un precio garantizado.
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El factor precio
Para los críticos, el precio estabilizado implicaría un subsidio irregular del cual gozan estos desarrollos, lo cual distorsiona el proceso competitivo al aumentarle el costo a un subconjunto de generadores, incluso renovables, que deben pagar a los PMGD.
Dada la gran cantidad de oferta de pequeños generadores que existe en el horario diurno, el costo marginal se está yendo a US$ 0, lo que es una clara señal de mercado que muestra que existe exceso de energía en dicho horario.
Es así como los fotovoltaicos, que representan más del 90% de la capacidad instalada PMGD, acumulan traspasos –por parte de otros generadores- que superan US$ 500 millones anuales.
La alerta para los actores del sistema, que promueven una revisión o adecuación reglamentaria de los Decretos Supremos N88 y N125 (que regulan a estos proyectos) es que, para 2025, existirán casi 5.000 MW de solar fotovoltaico de capacidad instalada en el país, para una demanda máxima a nivel nacional de aproximadamente 10.000 MW durante las horas diurnas. Por lo tanto, en 2025 sobre el 40% de la demanda nacional durante el día se podría abastecer solo con PMGD.
Otra consecuencia, tiene que ver con el aumento del vertimiento de energía en el sistema y el consecuente aumento de los costos marginales nulos en horario diurno, ya que mientras los pequeños tienen un alto precio por su energía, el resto de los generadores debe botar la propia y vender el resto a precio nulo, debiendo asumir además el costo de pagar por la energía PMGD, costo que es traspasado a los clientes.
Al respecto, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor) asegura que “el cargo por precio estabilizado había sido fluctuante, hoy ha estado subiendo permanentemente y con valores que van desde los 4 a los 7 US$/MWh en el corto plazo y que incluso pueden llegar a cerca de US$ 10 en el mediano plazo, si siguen entrando proyectos con régimen de precio de nudo. En términos comparativos, lo que pagan los clientes (tanto libres como regulados) por precio estabilizado ha sido en algunos meses más de lo que se paga por toda la transmisión nacional. Es urgente que hagamos algo con este tema. Hoy, el cargo por precios estabilizado es uno de los principales cargos sistémicos”.
Carmenmaría Poblete, directora legal de Aediles, explica que esta es una industria atomizada con una variedad de participantes. “Hay empresas internacionales y locales, desarrolladores, PYME y fondos de inversión, de impacto y de pensiones. Esto es un éxito del propósito legislativo de la ley corta que justamente buscaba, con la regulación de PMGD fomentar la entrada de nuevos actores a la industria. Los pequeños generadores por su condición de distribuidos, contribuyen a mejorar y fortalecer la red de distribución existente y constituyen un aporte fundamental a la descarbonización de la matriz”.
El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar, Acesol, Darío Morales, defiende estas iniciativas, señalando que se han invertido más de US$ 3.000 millones en centrales de generación ubicadas estratégicamente cerca de los centros de consumo, además de aproximadamente US$ 100 millones en refuerzos a las redes de distribución. Agrega que es necesario mejorar la regulación en este contexto, “tener generación próxima a los centros de consumo no solo reduce las pérdidas de transporte de energía, sino que también permite a estas unidades ofrecer servicios que mejoran la continuidad y la calidad del suministro para los clientes conectados a las redes de distribución”, explica.
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La otra discusión
En forma paralela, los PMGD también están siendo objeto de discusión ante los cambios que se quieren hacer en el decreto que los regula y que contempla un régimen transitorio que permite continuar vendiendo a un precio estabilizado. A través de una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Energía, se está estudiando la situación de estos proyectos, lo que podría implicar una revisión del precio estabilizado y su formulación. Esto tiene en alerta a los inversionistas de proyectos que han visto en el mercado chileno una opción de inversión relevante, toda vez que existe un precio estabilizado (y para algunos asegurado) de US$ 70 MWh. En paralelo, la CNE anunció cambios en la norma técnica de conexión.
Pero la industria también está en alerta por otro punto no menor. En el marco de la estabilización tarifaria, surgió la idea de que los PMGD le vendan energía a las empresas distribuidoras, es decir, a clientes regulados. El problema que levantan con esta propuesta, es que hace ya varios años que las generadoras no logran vender toda la energía que está comprometida en sus contratos con regulados, por lo cual, abrirle espacio a los PMGD no tiene a nadie contento; ni a los incumbentes, ni a las renovables que tienen de esos contratos, por tanto, desde todos los sectores anticipan que se vienen tiempos de nuevas discusiones y batallas en el sector eléctrico.
EL MAPA DE LOS PMGD, QUIÉNES ESTÁN TRAS LOS PROYECTOS
Más allá de la discusión, el desarrollo de los PMGD ha implicado el ingreso de nuevos actores al mercado eléctrico, lo que ha ido cambiando el mapa y diversificando las empresas e inversionistas. Partieron como proyectos de pequeños inversionistas, pero con el tiempo, su atractivo precio estabilizado, comenzó a llamar la atención de los grandes. Estos son:
Carbon Free: firma canadiense, que en Chile cuenta con alrededor de 361 MW en 50 proyectos.
Aediles: La canadiense gestiona la cartera de 47 proyectos PMGD de BlackRock en Chile, que suman 297 MW.
CVE Group (Cap Vert Énergie o Changing Visions of Energy): de origen francés, cuenta con una cartera de proyectos PMGD por 255,8 MW en operación y construcción.
oEnergy: fundada en 2013 por los ingenieros chilenos Ricardo Sylvester y Yuri Andrade para el desarrollo, construcción y operación de plantas fotovoltaicas en el segmento PMGD. Cuenta en la actualidad con 49 proyectos y 173 MW en operación y construcción.
Matrix Renewables: empresa española cuenta en Chile con una cartera de PMGD de aproximadamente 430 MW en 79 proyectos de energías renovables en operación, desarrollo y construcción. Respaldada por el Grupo TPG, plataforma global de inversión de impacto que gestiona en el mundo activos por unos US$ 18.000 millones a través de The Rise Funds, TPG Rise Climate y Evercare Health Fund y cuyos fundadores son el cantante de U2 Bono y Jeff Skoll, exfundador de eBay, y cuenta entre sus accionistas a Jim Coulter, Richard Branson (Virgin Group) y Paul Polman (exChairman de Unilever).
Solek: es una empresa de origen checo que explota y tiene en construcción cerca de 40 centrales fotovoltaicas en Chile con una capacidad de 250 MW.
Grenergy: empresa española que en Chile cuenta con 80 plantas y unos 146 MW en operación y construcción. Hace unos meses inauguró el proyecto a Gran Teno de 240 MW (la planta con baterías más grande de Chile) y Oasis Atacama el proyecto de almacenamiento que tiene una capacidad de más de 4,1GWh, y cerca de 1GW solares, actualmente en construcción.
Reden: cuenta con 180 MW. Sus dueños son el consorcio formado por los grupos financieros administradores de fondos: Macquarie Asset Management, British Columbia Investment Management Corporation (BCI) y Munich Ergo Asset Management GmbH (MEAG).
Sonnedix: de propiedad del fondo de inversión estadounidense JPMorgan Asset Management -en Chile su presidente es el exsubsecretario de Energía y presidente de Acera, Sergio del Campo-, cuenta con 125 MW en Chile.
Toesca Asset Management: fundada en 2016 por Alejandro Reyes, Carlos Saieh, Maximiliano Vial y Alejandro Montero, ex Celfin Capital, ha incursionado en los PMGD contando con alrededor de 109 MW.
Otros actores son: Inter Energy asociado al fondo de inversión Brookfield (45 MW), S-Energy de capitales coreanos (65,7 MW), Prime Energía de EnfraGen (126 MW), Chile Solar (27 MW),Inversiones Consorcio Energético Nacional (45 MW), Sun Grow Power (31 MW), Langa (27 MW), Next Energy (27 MW), Solar Pack (27 MW), Enel Green Power (24,5 MW).
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.