Economia

Proyecto antievasión en fase de definiciones: idea de legislar se votaría el próximo jueves

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3 days ago

5 de July de 2024

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Una verdadera maratón tributaria se vivió este jueves en la comisión de Hacienda del Senado.

En doble jornada, desde las 10:30 hasta las 18:30 horas, los legisladores escucharon un total de 13 audiencias de especialistas y gremios empresariales y de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), en el contexto de acelerar el tranco para la tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

De esta manera, restan solo dos sesiones la próxima semana: una, el martes, donde expondrán especialistas de la OCDE respecto de cambios a la gobernanza del organismo fiscalizador tributario; y otra el jueves, donde se espera que se vote la idea de legislar del principal proyecto del pacto fiscal del Ejecutivo.

En paralelo, continúan las negociaciones entre Hacienda y el Senado, con miras a la próxima semana definir la firma de un protocolo de acuerdo respecto a los puntos donde hay consenso y los otros donde hay mayor controversia. Estos últimos serán objeto de una comisión técnica.

La CPC arremetió contra el mecanismo que restringe el uso del crédito de IVA por compra de activos fijos.

Empresarios insisten en modificar el mecanismo de flexibilización del secreto bancario, la NGA y la figura del denunciante anónimo

La CPC, la Sofofa y la CNC fueron algunas de las entidades que expusieron en el Senado.

Tres gremios del sector empresarial expusieron en la sesión inicial de la comisión de Hacienda del Senado que continuó con la tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
En la cita, las agrupaciones coincidieron en una serie de temas, como pedir a los senadores la modificación del mecanismo que flexibiliza el levantamiento del secreto bancario para investigaciones tributarias; la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA) por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII); y la creación de la figura del denunciante anónimo para investigaciones fiscales.
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme) compartieron la visión respecto a que la figura del denunciante anónimo perseguiría delitos de base amplia, que son distintos a los que investiga la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con una figura similar, además de que abriría la puerta a “riesgos de extorsión, chantaje y abuso”.
Además, los gremios pidieron limitar el uso del denunciante anónimo solo a cuando exista querella o denuncia por delitos tributarios.

El foco de la CPC
El presidente de la comisión tributaria de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Christian Blanche, partió enumerando los puntos positivos a ojos de la multigremial, como la exigencia de inicio de actividades para contribuyentes que contraten servicios de medios de pago, la reducción de la tasa de interés para deudas tributarias, la modernización de la administración tributaria y el nuevo mecanismo de reclamo de los avalúos de bienes raíces.
Sin embargo, Blanche apuntó contra lo que considera un aumento de facultades “discrecionales” del SII, mecanismos que desincentivarían la inversión, como el cambio al artículo 27 bis que restringe el plazo para devolver al Fisco el crédito IVA por compra de activos fijos, el denunciante anónimo y las limitaciones a las reorganizaciones empresariales.
Las modificaciones que pide Sofofa
El secretario general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rodrigo Yañez, argumentó que si bien “es necesario” fortalecer la institucionalidad tributaria para avanzar hacia un mayor cumplimiento tributario, esto “no implica necesariamente incrementar las facultades fiscalizadoras del SII, sino más bien permitir que puedan ejercer las atribuciones que actualmente poseen”.
En cuanto al secreto bancario, la Sofofa propuso que sea la autoridad fiscal la que fundamente la necesidad del levantamiento, y no traspasar la carga a los contribuyentes “en ningún caso”.

Aneiich desestimó que el servicio puede caer en “arbitrariedades” al flexibilizar el mecanismo.

La férrea defensa de los funcionarios del SII a la flexibilización del acceso a cuentas bancarias

Hubo un respaldo a la propuesta original del Ejecutivo, que considera que el contribuyente justifique su negativa al alzamiento del secreto bancario.

La presentación de la Asociación Nacional de Funcionarios del SII (Aneiich) fue una de las presentaciones más escuchadas este jueves.
La presidenta del gremio, Evelyn Apeleo, expuso los reparos y apoyos del organismo a la propuesta del Ejecutivo que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias, centrando su exposición en uno de los temas más controversiales: la flexibilización del levantamiento del secreto bancario.
“El proyecto de ley original y el texto aprobado por la Cámara de Diputados en esta materia en ningún caso da ‘manga ancha’ para levantar el secreto bancario en fiscalizaciones. Nos parecía adecuado”, señaló.
La propuesta original de Hacienda establecía que sería el contribuyente quien debería fundamentar ante un tribunal su negativa a que el servicio accediera a su información financiera, en lugar de que fuera el SII quien justificara dicha acción, como ocurre en la actualidad.
“En el proceso propuesto de levantamiento del secreto bancario el SII debe emitir un acto administrativo o resolución. Incluso, debe señalar el procedimiento de fiscalización al cual se le somete. Y, como todo acto administrativo dictado por el SII y, en general de toda la administración pública, debe ser fundado”, fundamentó la funcionaria.
Apeleo señaló que contar con una norma “eficiente” para ejecutar el levantamiento de secreto bancario es una “herramienta importante en el combate al crimen organizado, al lavado de dinero, que actualmente son flagelos bastantes más instalados” en la sociedad.
En la cita expusieron gremios como la CNC, la Conapyme, la Sofofa y la CPC; la socia de Tax & Legal de PwC, Loreto Pelegrí; Familias Empresarias de Chile; los académicos Rafael Cruzat (U. Católica), Álvaro Magasich (PUCV), Jorge Martínez (U. de Chile) y Rodrigo Aldoney (U. Católica); el excontralor general de la República, Ramiro Mendoza; el investigador del Observatorio Judicial, Juan Francisco Cruz; y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).

Saffie asume nueva coordinación en Hacienda encargada de los temas regulatorios en materia económica

El abogado salió de la embajada chilena en la OCDE, cargo que ocupará el saliente director del SII, Hernán Frigolett.

Este jueves se aclaró el rol que tendrá el abogado Francisco Saffie en el Ministerio de Hacienda, luego de su salida de la embajada chilena ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que se conoció esta semana.
Mientras al organismo multilateral arribará el saliente director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, quien desde el lunes será reemplazado en el cargo por Javier Etcheberry; el abogado se hará cargo de una nueva coordinación en Teatinos 120: regulación económica.
“Esta coordinación del Ministerio de Hacienda tendrá como objetivo incorporar una mirada comprehensiva de las diferentes iniciativas que se impulsan en los distintos sectores que tienen implicancias en el ámbito regulatorio, como lo son el establecimiento de tarifas y otras regulaciones que inciden en la inversión y el crecimiento económico”, señaló la cartera a través de un comunicado.
El nuevo coordinador es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Tributación de la Universidad de Chile, y PhD en Derecho de la Universidad de Edimburgo.

#Proyecto #antievasión #fase #definiciones #idea #legislar #votaría #próximo #jueves

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Economia

Fonasa “es el seguro cuasi único ya existente (…) fue muy descuidado en esta discusión”

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45 mins ago

8 de July de 2024

Martina E. Galindez

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De vasta trayectoria en el sector salud, con pasados en el Banco Mundial, McKinsey y asesorando a la OMS, además de un master en Salud Pública en la Universidad John Hopkins, el doctor Cristián Baeza hoy reside en Washington, donde es director ejecutivo del Center for Healthy Development.

Sin embargo, desde allá no se ha despegado de la discusión que la crisis de las isapres desató acerca del sistema de salud chileno y, de hecho, dirigió la comisión técnica que asesoró al Senado para la ley corta. Ahora, Baeza también formará parte de la mesa que creó la Cámara Alta para generar propuestas para una reforma más amplia al sector.

Baeza está convencido de que los cambios deben ser muy profundos, dice en conversación con DF: “Es como ese juego en que alguien construye una torre y va sacando palitos de a uno. Cuando uno saca suficientes, la torre se desarma entera y uno tiene que preocuparse de armarla, de responder (…) Sin cambios estructurales, lo que va a ocurrir es una desestabilización muy significativa del mercado”.

Fonasa “es una empresa gigantesca, y, sin embargo, se maneja como un servicio público con muchísimas restricciones”, dice.

A Baeza no le sorprendería que, en un año y medio, la cobertura de las aseguradoras privadas bajara a entre un 10% y un 8% de la población, y que “tengamos isapres que salgan del sistema”.

Esto, proyecta el especialista, se dará con mayor fuerza cuando se elimine la declaración de salud, lo que el Gobierno se comprometió a ingresar al Congreso a más tardar en octubre. Si bien estima que esto es un “imperativo ético y técnico”, Baeza afirma que desencadenará una serie de reformas necesarias.

Fonasa en crecimiento

Para Baeza, que también fue director de Fonasa durante el Gobierno de Eduardo Frei, uno de los principales problemas es que el seguro público no ha sido foco de modificaciones. Y esto para él cobra relevancia debido a que, con las alzas de precios que vendrán con la ley corta, la fuga de afiliados al sistema público se profundizaría. Si hoy las aseguradoras privadas cubren a alrededor de un 13% de la población, el doctor dice que no le sorprendería que, en un año y medio, esto bajara a entre un 10% y un 8% y que “tengamos isapres que salgan del sistema”.

En ese sentido, considera que Fonasa “es el seguro cuasi único ya existente, con muy pocas reformas y con un problema de gobernanza muy significativo. (…) Fonasa fue muy descuidado en esta discusión”.

Si bien con la ley corta se creó la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), con la que el servicio podrá licitar a seguros privados, considera que su implementación no será sencilla, principalmente porque, al ser voluntaria, se podría dar un fenómeno de selección adversa y que solo la gente que más necesita los seguros los tome. “Cuando eso ocurre, los precios son siderales”, plantea.

Por otro lado, esgrime que cuando hay un incremento significativo de los usuarios, también debe reflejarse en el presupuesto de Fonasa. Sin embargo, en lo que más hace hincapié, es en la necesidad de cambios en la gobernanza.

“Hoy es un servicio del Ejecutivo y está absolutamente a merced de lo que cada Gobierno, cada cuatro años, se le ocurra que el Fondo tiene que hacer”, apunta. En ese sentido, considera que Fonasa -similar a la CMF- debería tener un directorio, capaz de remover al director nacional con causa y de coordinarse con autonomía con las carteras de Salud y Hacienda, aumentando sus atribuciones.

“Hay muchas barreras políticas e institucionales que hacen muy difícil que Fonasa pueda ejercer plenamente su rol (…) Fonasa es un definidor de precios, conduce al mercado público y privado. Es una empresa gigantesca, y sin embargo se maneja como un servicio público con muchísimas restricciones”.

Salud y política

Baeza sostiene que detrás de estos cambios, el país debe buscar una “revolución cultural sanitaria”, en el sentido de cómo se aborda el sistema con una población en envejecimiento. “No existe ningún país en el mundo que vaya a resolver el problema de las enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes, construyendo más hospitales”, afirma.

Con esto, se refiere a que en Chile todo el sistema se basa en pagos por prestaciones determinadas (lo que se conoce como fee-for-service), modalidad de pago “que a nosotros, los médicos, no nos pone ni un incentivo a mantener a la gente sana (…) Es indispensable que tanto Fonasa como las isapres contraten a los prestadores para que vean el riesgo de salud en todo el ciclo vital y no solo cuando se enferma”.

En este escenario, Baeza lamenta que el Gobierno no participe en la mesa que se formó para la reforma. “Todavía espero que ocurra (…) El Poder Ejecutivo tiene las potestades de iniciar el proceso de formulación de leyes en temas de seguridad social”, señala.

Lo crucial, asevera, es que el sistema tenga coherencia. Y es por eso que recalca la importancia de introducir cambios en Fonasa. “Cuando un seguro único monopsónico se transforma en algo capturado por intereses que no son necesariamente los de la gente, se nos complica la vida y eso hay que resolverlo (…) la gente tiene que tener la alternativa de poder elegir otros seguros como válvula de escape y, en ese sentido, a mí me parece que Chile debería tener un sistema multiseguro”, analiza. Y enfatiza: “La participación del sector privado es crucial, justamente para resolver esos problemas de diversidad”.

#Fonasa #seguro #cuasi #único #existente #fue #muy #descuidado #esta #discusión

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Economia

Enrolamiento del iris en el Registro Civil abre debate entre expertos

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8 hours ago

8 de July de 2024

Martina E. Galindez

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El iris de los ojos saltó desde los debates médicos a aquellos de protección de datos en el país. Primero, porque una empresa privada optó por pagar con bitcoin para obtener dicha información; y, hace unos días, por el hecho de que el director del Registro Civil, Omar Morales, informara que se espera comenzar a medirlo en forma voluntaria desde 2026.

Un paso que genera cierta inquietud entre entendidos en la materia, quienes advierten sobre la falta de resguardos oficiales en el país de dichos antecedentes.

“Preocupa que hoy todavía no exista una institucionalidad que pueda fiscalizar y aplicar sanciones de manera expedita en la materia”, afirma el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, quien recuerda que aún se tramita en el Congreso el proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales.

Esta instancia, explica la directora de protección de datos del estudio de Abogados Prieto, Romina Garrido, protegería los derechos de las personas ante al tratamiento que le den a esa información las empresas o el Estado.

Bernardo Navarrete, presidente CPLT. Romina Garrido, estudio Abogados Prieto. Jeannette von Wolfersdorff, exintegrante de la comisión de Transparencia y Probidad. Marcelo Drago, expresidente del CPLT. Fernando Fernández, CEO de AltLegal. Fotos: Verónica Ortíz y Rodolfo Jara

Es más, dice que hay un capítulo especial en el proyecto que regula los datos como los biométricos. Así, se establece que el consentimiento siempre debe ser expreso y claro, con altas medidas de seguridad.

Pero, cuestiona, “llevamos 10 años discutiendo una reforma a la ley de protección de datos, que hoy está paralizada en el Congreso sin justificación”.

Naverrete recuerda que la actual Constitución garantiza el derecho a la protección de datos personales, incluidos los de carácter biométricos, o sea, aquellos que permitan el reconocimiento de personas en función de rasgos físicos como huella dactilar, retinas, iris, cara, o de conducta.

“Urge que se termine el último trámite legislativo, y que se instale la Agencia de Protección de Datos Personales en Chile”, opina la exintegrante de la comisión de Transparencia y Probidad, Jeannette von Wolfersdorff, sobre todo porque estima que “se crean riesgos altos cuando organizaciones privadas coleccionan datos biométricos de personas, sin mayores restricciones y regulaciones”.

Las inquietudes

Para el presidente del CPLT el empadronamiento de iris por la autoridad estatal es un tema “complejo”, aun cuando entiende que hay una preocupación por el tema de la seguridad en el actual contexto.

“¿Qué sucede si el día de mañana se filtran todos esos datos? Como ya ha pasado en otros órganos del Estado, alguien hackea la base de datos de iris en el país, eso no tiene vuelta atrás”, se pregunta el académico y experto en temas de protección de datos, Marcelo Drago.

De ahí que considera indispensable un debate sobre la necesidad de acumular esos datos en el Registro Civil con los objetivos que hoy ya se cumplen con la huella digital.

“No porque las tecnologías estén disponibles hay que adoptarlas necesariamente sin analizar los riesgos que eso implica”, dice.

Von Wolfersdorff opina que el registro de estos datos por agencias públicas -como el Registro Civil- requiere cumplir estrictas reglas en materia protección de datos, y asegurar un gobierno corporativo adecuado para ello. Sean datos de huellas o datos de iris, todo es replicable y advierte que “podrá ser usado en forma fraudulenta: hay implantes de iris, o lentes de contacto que tienen un iris dibujado y pintado”.

Garrido señala que la discusión sobre el escaneo de iris ya está instalada en varios países: “Es un dato biométrico, sensible y especialmente protegido en las legislaciones, porque es un dato llave, es decir, único y alguien que lo obtiene va a tener esa información que te distingue de cualquier otra persona para siempre”.

Y añade que cuando el enrolamiento lo hace una empresa de manera privada “surgen suspicacias, para qué y sobre todo si se está sometiendo a algún tipo de regulación” y precisa que “han sido las agencias de protección de datos personales que existen en varios países las que han preguntado a estas empresas sus prácticas, cómo almacenan los datos, la forma de consentimiento y si estos datos se pueden eliminar”.

Si hay un incidente de seguridad, se extravían o son copiados por un tercero, el abogado y CEO de AltLegal, Fernando Fernández, sostiene que tanto el Registro Civil como cualquier organismo público o privado debe tener responsabilidades y tomar medidas de seguridad para que “esos datos se mantengan confidenciales y sean utilizados únicamente para los fines que fueron recabados”.

A su juicio, “lo que debiera suceder es -más allá de una multa- que el jefe de servicio pueda enfrentar una responsabilidad administrativa, eso queda claro en la ley en trámite”.

#Enrolamiento #del #iris #Registro #Civil #abre #debate #entre #expertos

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Economia

Quién compró el departamento de Saieh en Nueva York en US$ 36 millones

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9 hours ago

8 de July de 2024

Martina E. Galindez

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Un fideicomiso vinculado al empresario estadounidense James Coulter y su esposa, Phyllis, pagó los US$ 36 millones que pidió Álvaro Saieh por el exclusivo departamento que tenía en Nueva York, EEUU, en pleno Manhattan, según registros públicos.

Coulter es socio fundador del gigante de capital privado TPG, que gestionaba más de US$ 135 mil millones en activos en 2023. Con un patrimonio de US$ 4.300 millones, figura en el puesto 751 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo.

El empresario chileno había comprado la propiedad en 2007 en US$ 26 millones a Lee Anz Lehman, miembro de la familia fundadora de Lehman Brothers, cuya quiebra ha sido la mayor de EEUU.

Inicialmente, Saieh pidió US$ 49 millones por la propiedad cuando la ofreció por primera vez al mercado en mayo de 2022, coincidiendo con la crisis financiera por la que atravesaron varias de sus empresas, en particular CorpGroup Banking, que se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU, proceso que se aprobó en 2022.

En octubre del mismo 2022, Saieh sacó del mercado el departamento y lo volvió a ofrecer a principios de este año, pero a un precio menor: US$ 44,5 millones. Si se hubiera negociado por ese valor, el apartamento habría sido el más caro vendido en Manhattan en casi dos años.

#Quién #compró #departamento #Saieh #Nueva #York #millones

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