El presidente Vladimir Putin fijó el objetivo de que los rusos vivan más tiempo, incluso cuando la población del país se reducirá en una crisis demográfica cada vez más profunda que ha sido exacerbada por la pandemia de Covid-19 y su guerra en Ucrania.
Putin ordenó al gobierno que desarrollara políticas para aumentar la esperanza de vida a 81 años en Rusia para 2036, frente a los 73,4 años del año pasado, en un nuevo decreto sobre objetivos de desarrollo nacional.
El decreto actualiza el objetivo que Putin fijó en 2020 de aumentar la esperanza de vida a 78 años para 2030. El presidente de 71 años asumió el martes su quinto mandato hasta 2030 y potencialmente puede gobernar hasta 2036.
Los objetivos de Putin son “poco realistas sin detener la guerra y apretar drásticamente las tuercas al alcohol y los cigarrillos fuertes, además de duplicar el gasto en atención médica”, dijo el demógrafo independiente Alexei Raksha en su canal Telegram. Según sus estimaciones, el año pasado el número de nacimientos en Rusia fue el más bajo de este siglo.
Meta de largo aliento
Los objetivos para ampliar la esperanza de vida de los rusos están en línea con los mejores escenarios publicados por el Servicio Federal de Estadísticas en diciembre. Sin embargo, en el caso base, el objetivo de Putin de 78 años no se alcanzaría hasta 2037, mientras que la ambición de aumentar la esperanza de vida a 81 años ni siquiera se alcanzaría en 2045.
En comparación, la esperanza de vida al nacer en la Unión Europea alcanzó los 80,6 años en 2022, según datos de Eurostat.
Putin ha advertido durante años que la disminución de la población de Rusia amenaza su futuro político y económico. Las tasas de fertilidad en el país más grande del mundo por superficie se desplomaron en la década de 1990 durante el shock económico que siguió a la desintegración de la Unión Soviética.
El gobierno ha invertido miles de millones en programas destinados a aumentar la tasa de natalidad ofreciendo pagos a las mujeres que tienen más hijos. Aún así, ha tenido poco efecto para revertir el declive demográfico.
El decreto de Putin parece reconocer el desafío e insta al gobierno a elevar la tasa de fertilidad a 1,6 para 2030 y a 1,8 para 2036, aún por debajo del nivel necesario para mantener una población estable.
La población de Rusia se redujo en alrededor de 1,7 millones de personas en los cinco años comprendidos entre enero de 2019 y enero de 2024, hasta 146 millones, según el servicio de estadísticas. El total incluye unos 2 millones de personas en Crimea, Ucrania, que Rusia anexó ilegalmente en 2014.
Pronostica que la caída continuará en las próximas décadas y alcanzará los 139 millones en 2046, incluidos aproximadamente 1,8 millones de personas en Crimea.
Un estudio realizado por el Instituto de Previsión Económica de la Academia Rusa de Ciencias calculó que la población disminuiría a 136 millones en 2050, basándose en suposiciones “bastante optimistas” sobre las tasas de natalidad y mortalidad.
El costo de la guerra
La invasión de Ucrania por parte de Putin en febrero de 2022 está intensificando la crisis demográfica de Rusia, y se estima que cientos de miles de soldados murieron o resultaron heridos en los combates.
También es posible que hasta un millón de personas hayan huido al extranjero desde que comenzó la guerra.
Esto se sumó a la presión de la pandemia de Covid-19, y Rusia sufrió en 2021 su año más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la población disminuyó en 1 millón de personas.
La economía rusa ya está carente de mano de obra mientras las empresas compiten con las demandas militares de reclutas para luchar en Ucrania. Esto se suma a los problemas relacionados con una población que envejece y la salida de inmigrantes a los estados vecinos de Asia central.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.