Durante todo febrero el Poder Legislativo se encontrará en descanso, volviendo a sesionar el próximo 4 de marzo.

La Cámara de Diputados terminó su ciclo el martes, en medio de la polémica por el resultado positivo en el test de drogas del entonces presidente de la Comisión de Ética, Nelson Venegas (PS), quien debió renunciar al cargo y explicó que lo suyo era producto de un tratamiento para adelgazar, mientras que el Senado finalizó sus labores el miércoles con la controversia que significó la aprobación de la ley corta de isapres.

Este receso, en todo caso, podría interrumpirse por la contingencia. El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), señaló que si es necesario aprobarse algún proyecto -en el contexto de la convocatoria del Cosena que realizó el Presidente Gabriel Boric- ellos están dispuestos a “realizar las sesiones extraordinarias que fueran necesarias” durante este mes. La idea sería el avance legislativo del proyecto de infraestructura crítica, que faculta al Presidente a desplegar a las FF.AA. en determinadas zonas por motivos de seguridad, y que ha tenido un lento trámite en el Congreso.

Estos son los siete factores que marcaron el 2023 del Parlamento.

El 8 de marzo la Cámara asestó un duro golpe al Ejecutivo cuando rechazó la idea de legislar la reforma tributaria, uno de los pilares del programa de gobierno de Gabriel Boric. La propuesta fracasó por la diferencia de un voto, y significó retrasar su tramitación por un año.

La iniciativa que sí logró pasar al Senado fue la reforma de pensiones, puesto que hace diez días la Cámara la aprobó en general. En todo caso, fue una victoria amarga para el gobierno, ya que por dos votos se rechazó el denominado “corazón” de la propuesta, que impulsaba la redistribución del aumento de cotización previsional de un 6% en 3% a cotización individual y 3% a un fondo solidario.

Donde el gobierno terminó cosechando triunfo fue en el sistemático rechazo a las acusaciones constitucionales presentadas por la oposición en 2023.

Estas se suman a los tres intentos de destitución llevados a cabo contra Izkia Siches (ex-Interior), en julio de 2022, Giorgio Jackson (ex-Desarrollo Social) y Marcela Ríos (ex-Justicia), estos últimos en enero de 2023, pero que se suman al periodo legislativo de 2022.

El año pasado el tuno fue del entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), quien tuvo que sortear un libelo debido a los programas de educación sexual y de género, impulsado por el Partido Social Cristiano, apoyado por el Partido Republicano y Chile Vamos, sin Evópoli. La acusación naufragó con 78 votos en contra y 69 a favor el 12 de julio pasado. A pesar de salir airoso de esa arremetida, Ávila saldría del ministerio un mes después durante el tercer cambio de gabinete.

Por su parte, la acción en contra del titular de Vivienda, Carlos Montes (PS), se dio por no presentada cuando la Cámara acogió la “cuestión previa” de su defensa con 79 votos a favor y 61 en contra este 4 de enero. El libelo, impulsado por los republicanos y los socialcristianos, acusaba al ministro de “no ejercer el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos a su cargo”, en referencia al lío de platas entre reparticiones del Minvu y fundaciones.

Hubo recriminaciones en la derecha por los errores técnicos que tenía la acusación y porque Evópoli se desmarcó y no firmó la presentación del documento. Al respecto, el jefe de la bancada de ese partido, Francisco Undurraga, indicó que “fue un autogol para la oposición” en entrevista con La Tercera.

En la Cámara Alta solo dos parlamentarios asistieron a las 103 sesiones del pleno que se realizaron entre el primero de marzo de 2023 y esta semana: Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la corporación, y José García Ruminot (RN). Con 101 asistencias les siguen los senadores Luz Ebensperger (UDI), Yasna Provoste (DC), Kenneth Pugh (Ind.) y David Sandoval (UDI), mientras que Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Gustavo Sanhueza (UDI) concurrieron cien veces.

Los que presentaron más ausencias, en tanto, fueron Sergio Gahona (UDI), que asistió a 63 sesiones pero justificó 32 inasistencias; Jorge Soria (PPD), con 65 presencias en el pleno y 11 justificaciones; Paulina Núñez (RN), que fue 70 veces y justificó 28 ausencias, y Esteban Velásquez (FRVS), quien llegó a 76 sesiones y justificó una inasistencia.

En la Cámara Baja, por su parte, 40 de los 155 diputados contabilizaron un 100% de asistencia (143 sesiones), entre los que destacan el presidente de la Corporación, Ricardo Cifuentes (DC), Marcos Ilabaca (PS), Chiara Barchiesi (Republicanos), Joanna Pérez (Demócratas) y Miguel Mellado (RN).

La diputada María Luisa Cordero (Ind. RN) fue la parlamentaria con menos asistencia de la corporación, con un 48%. De lejos, la siguen Gonzalo Winter (CS), con un 87%; Diego Ibáñez (CS), con un 90%, y Marisela Santibáñez (ex-PC) y Diego Schalper (RN), ambos con 91%.

Cordero, que el 7 de agosto fue desaforada por la Corte Suprema, cuenta solamente con 68 asistencias y un total de 75 inasistencias justificadas que, sin embargo, no fueron consideradas por la corporación, ya que el reglamento justifica ausencias solo en casos de licencia médica con impedimento grave, por gestiones encargadas por la Cámara o actividades propias de la función parlamentaria.

Este periodo legislativo no fue la excepción y continuaron los cambios de bancadas de parlamentarios.

El primer cambio se dio en la bancada del Partido Republicano, cuando en marzo pasado el diputado Leonidas Romero presentó su renuncia para sumarse a la de RN.

Uno de los más controvertidos se dio en la Cámara Alta cuando los senadores Ximena Rincón y Matías Walker -fundadores de Demócratas– se sumaron al comité de Evópoli en marzo, lo que sin embargo duraría alrededor de un mes antes de que conformaran su propio comité.

En la Cámara de Diputados, el surgimiento de esa tienda también ha generado movimientos. De hecho, actualmente el comité del partido en esa corporación cuenta con seis miembros, uno más que el de la DC. Los últimos en ingresar -en enero de este año- fueron los exmilitantes del PDG Yovana Ahumada y Víctor Pino, quienes se sumaron a los exdecés Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez y Jorge Saffirio, y a la ex-RN Erika Olivera.

Cabe recalcar que los Demócratas pueden inclinar la balanza de los proyectos de ley a favor del oficialismo o de la oposición. Esto quedó de manifiesto en el Senado cuando este lunes votaron a favor de la mutualización de la deuda de las isapres, lo que permitió su despacho. En la Cámara, en tanto, apoyaron la idea de legislar la reforma previsional, lo que permitió que avanzara al Senado.

También en la Cámara, la bancada del PPD integró a Camila Musante, quien dejó el comité del FA, mientras que Pedro Araya se incluyó en la bancada de este partido en el Senado.

El ministro Álvaro Elizalde (Segpres), en la vocería de Gobierno Informa del jueves, dio el balance del Ejecutivo con respecto a las 107 leyes que se promulgaron durante el periodo legislativo.

Puntualizó que, desde que Boric llegó al poder, se han aprobado 231 leyes, cuando el promedio de los gobiernos anteriores fue de 149. “Se ha superado con creces el ritmo legislativo de otras administraciones”, aseguró.

Entre las leyes que se promulgaron destacó las que tuvieron origen o apoyos del oficialismo, entre ellas la que reduce la jornada laboral a 40 horas, la ley TEA, la de conciliación familiar, la que establece un régimen de reparación para víctimas de femicidios y sus familias, la ley CATI y la del Royalty Minero.

Desde la oposición, Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de RN, señala que “se logró trabajar y mejorar la propuesta del gobierno” en la ley de las 40 horas, la que aumenta el sueldo mínimo y la de conciliación familiar.

En La Moneda recalcan que de las 51 leyes de seguridad aprobadas, hay 46 publicadas. Entre la legislación promulgada en esta materia destaca la Ley Antinarcotráfico, la que robustece la persecución contra el crimen organizado, la que tipifica los delitos de cuello y corbata, la Ley Antonia, la que crea el delito de extorsión, la Ley Naín-Retamal y la Ley de Usurpaciones -estas últimas dos originadas por la oposición-.

Desde la derecha reprochan que la agenda avanzó pese a los parlamentarios oficialistas. Un ejemplo es la ley Naín-Retamal, que no solo fue votada en contra por el PC y el FA, sino que incluso acudieron al TC para revocar la medida.

Sauerbaum sostiene que “no ha sido una agenda del gobierno ni mucho menos la voluntad oficialista lo que permitió avanzar en la agenda de seguridad, sino principalmente las propuestas y la disposición que ha mostrado esta oposición”.

Este año legislativo hubo 33 comisiones investigadoras que fueron impulsadas por diputados, quienes tienen un rol fiscalizador.

Actualmente 11 siguen en funcionamiento. Una de las más recientes en instalarse, el pasado 22 de noviembre, fue la comisión por eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), creada después de que explotara el caso que involucró al abogado Luis Hermosilla en supuestas coimas.

Entre las comisiones investigadoras que ya finalizaron su trabajo destacan las tres que se abrieron por el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado, específicamente en el marco de la entrega de recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu. A fines de enero finalizó el trabajo de la instancia que investigó las contrataciones ejecutadas por el Instituto Nacional de Deportes (IND), en el marco de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Se descartó cualquier irregularidad.

A las anteriores se suman las comisiones que investigaron las corporaciones Vita, de la comuna de Vitacura; las que analizaron la entrega de indultos por parte del gobierno de Boric, y la que indagó la entrega de pensiones de gracia a víctimas del estallido social.