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Reapertura de dos causas complica futuro judicial de Cristina K

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“Sin privilegios” y “es momento de que pague”. Esas fueron algunas de las reacciones en la oposición argentina luego que la Cámara Federal de Casación reabriera las dos causas sobreseídas contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, por un caso de supuesto lavado de dinero y otro relacionado con la firma de un memorándum con Irán, que habría encubierto a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994 contra la sede bonaerense de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

En una decisión de alto impacto político como la calificó la prensa local, los jueces Diego Barroetaveña y Diego Petrone, de la Sala I, dejaron sin efecto los sobreseimientos que habían dictado los tribunales orales que tenían en sus manos las causas Hotesur-Los Sauces y del Memorándum con Irán.

El caso Hotesur-Los Sauces tiene que ver con la relación de Cristina Kirchner con los negocios hoteleros y en el que también está implicado su hijo, el diputado Máximo Kirchner, según el diario argentino La Nación. Sin embargo, Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta, no tendrá que acudir a juicio y se le mantendrá el sobreseimiento que se le aplicó en noviembre de 2021. En el momento en que habrían sucedido los hechos denunciados tenía 12 años.

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, el 15 de septiembre de 2022. Foto: Europa Press

La investigación pretende averiguar si la vicepresidenta llegó a recibir dinero de los contratistas de obra pública Lázaro Báez y Cristóbal López a cambio de ser favorecidos, motivo por el que Báez ya fue condenado en un caso de licitaciones con sobreprecios; López, en cambio, fue absuelto.

Así, Hotesur analiza los negocios con Báez, responsable de administrar los hoteles de los Kirchner; mientras que en Los Sauces se estudia la presunta puesta en marcha de una estructura de blanqueo de capitales a través de la simulación de arriendos administrados por la inmobiliaria familiar, destaca Europa Press.

Respecto al caso de Irán, también acudirán al juicio oral el procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, el senador Oscar Parrilli y el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, entre otros.

Este juicio determinará si el pacto con Irán pretendía anular las órdenes de captura internacionales contra seis exfuncionarios iraníes y otro libanés que estaban acusados de perpetrar en 1994 el atentado contra la sede en Buenos Aires de la AMIA, que se saldó con 85 muertos y más de 300 heridos.

Cabe destacar que la denuncia que impulsó este segundo juicio fue puesta en 2015 por el fiscal Alberto Nisman tan solo unos días antes de morir después de recibir un tiro en la cabeza.

El caso de blanqueo de capitales fue sobreseído por la Justicia argentina en noviembre de 2021 por considerar que no existía delito alguno, una decisión apoyada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, si bien la magistrada Adriana Palliotti se mostró en contra y abogó por juzgar los hechos en un juicio oral y público.

El caso de Irán fue sobreseído por el hecho de que las órdenes de búsqueda y captura internacionales para los ciudadanos iraníes no llegaron a perder su vigencia. El fallo emitido tuvo que ver con la presentación de la última prueba: un informe de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el que se informaba de que las órdenes de arresto no podían retirarse sin una orden del juez del caso. sin embargo, la acusación y la Fiscalía destacaron que la Interpol podía retirar dichas órdenes.

Tras el fallo de la Cámara de Casación, desde la coalición opositora Juntos por el Cambio, salieron a marcar que es un avance contra la impunidad kirchnerista. “Sin privilegios”, destacó el diputado radical Mario Negri, de los primeros en hablar sobre la novedad judicial. “Cristina había logrado impedir los juicios orales”, recordó.

“Ahora es momento de que pague”, concluyó categóricamente la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. En un posteo en redes que tituló “un tiro para el lado de la justicia”, Bullrich le habló directo a CFK: “Como siempre lo dije, vicepresidenta Fernández de Kirchner, la Justicia la persigue porque se la llevaron toda y porque quiso darles impunidad a los asesinos de la AMIA”.

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, dijo al diario La Nación que presentará un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise el fallo de la Cámara Federal de Casación que ordenó reabrir la causa Hotesur-Los Sauces contra su defendida, contra Máximo Kirchner y contra 24 acusados más.

“Lo vamos a recurrir. Vamos a presentar un recurso extraordinario. En primer lugar, porque debería haber una integración completa del tribunal: debieron haber sido tres jueces. Faltó un juez”, explicó Beraldi.

Con una condena por administración fraudulenta en el caso Vialidad, que la Cámara de Casación comenzará a revisar en los próximos meses, a la vicepresidenta el escenario judicial se le complejiza aún más ahora que deberá afrontar dos juicios orales más por hechos de corrupción, destacó Clarín.

En los próximos días se realizará un sorteo en la Cámara de Casación para constituir los tribunales que deberán realizar los juicios orales, ya que los camaristas determinaron de manera conjunta, con la reapertura de los casos, el apartamiento de los jueces que firmaron los sobreseimientos.

¿Cristina Kirchner puede ir presa? En este contexto es difícil que la vicepresidenta quede detenida, asegura Clarín. CFK tiene una sola sentencia condenatoria, a seis años de prisión. Pero con las modificaciones realizadas al Código Procesal Penal, sólo se priva de la libertad a las personas para el cumplimiento de una pena, cuando la Corte se pronuncia al respecto dándole firmeza al fallo. Una vez más, el máximo tribunal no cuenta con plazos.

Además, la sentencia del caso Vialidad recién está bajo análisis en la Cámara de Casación.

Lo que queda por delante, en medio del año electoral y el eventual cambio de gobierno, es la decisión de la Sala IV del máximo tribunal penal respecto a la acusación por administración fraudulenta, destaca el diario argentino.

El resto de los juicios, en caso de que la Corte despeje el camino para su realización como ordenó este lunes la Casación, Cristina Kirchner los enfrentará sin fueros, revistiendo su carácter de expresidenta y exvicepresidenta.

En tanto, en otro duro revés para el kirchnerismo, la Corte Suprema de Justicia respaldó la constitucionalidad de la ley del arrepentido al desestimar un recurso del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, con el que cuestionaba la norma en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Según La Nación, es un fallo clave porque respalda las declaraciones de los funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner que admitieron haber recibido sobornos. Además, allana el juicio oral en que está procesada la vicepresidenta y que empezará el año que viene.

En ese caso, detalla el periódico, se investiga la denuncia contra De Vido y otros funcionarios y exfuncionarios kirchneristas por su presunta participación en una organización criminal integrada por funcionarios públicos y contratistas de obra pública. Esa organización, según la investigación judicial, se dedicó a percibir los fondos de origen supuestamente ilícito que provenían, entre otros orígenes, de los sobreprecios de las obras públicas.

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Columna de Alejandra Mizala y Cristián Cabalin: La desinformación política sobre la selección escolar

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Debido a la lamentable situación de estudiantes que aún se encuentran sin matrícula, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) ha sido sometido a un fuerte escrutinio por parte de algunas voces que han llamado a modificarlo totalmente o, incluso, a eliminarlo. Ciertamente, todas las políticas públicas deben ser evaluadas en términos técnicos y sociales, especialmente por la ciudadanía, en base a lo cual las autoridades deben realizar ajustes. Sin embargo, para que esta discusión sea genuina y apunte a mejorar la experiencia de las familias en su proceso de postulación a escuelas, se requiere que los argumentos se presenten de manera honesta en el debate público.

Sobre el SAE, hay controversias desde su diseño e implementación paulatina en 2016. El objetivo de terminar con la selección, el copago y el lucro en el sistema escolar con financiamiento público enfrentó resistencias políticas y técnicas de distintos sectores, pero también concitó el respaldo de quienes mostraban preocupación por la creciente segregación socioeconómica de nuestro sistema escolar. Algunos de esos discursos opositores a esta política educacional ahora sostienen que la falta de matrículas se relaciona con el funcionamiento del SAE. Sin embargo, sabemos que éste solamente asigna las vacantes disponibles en las escuelas, no puede crear cupos adicionales en zonas saturadas ni mucho menos asignar a estudiantes en escuelas con sobredemanda.

El SAE fue construido teniendo a la vista un horizonte de justicia educacional. El sistema centraliza las postulaciones de forma transparente y evita las discriminaciones arbitrarias a las que eran sometidas las familias, ampliando así sus posibilidades de elección. De esta manera, resguarda la libertad de enseñanza y asegura el cumplimiento del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Sus resultados son, hasta ahora, positivos y un alto porcentaje de las familias (más del 70%) logra un cupo en alguna de sus preferencias.

No obstante, existen aún preocupaciones legítimas de las familias, las que deben ser atendidas por los distintos actores. Por ejemplo, en investigaciones realizadas en la Universidad de Chile, hemos detectado que para muchos padres y madres el sistema de postulación online se hace impersonal, a veces estresante y que la información es escasa o confusa. Sin embargo, las familias valoran la igualdad de oportunidades al momento de postular y perciben que efectivamente están ejerciendo el derecho de educar a sus hijos e hijas. También existen observaciones de especialistas en educación sobre el funcionamiento de la plataforma o sobre la necesidad de considerar la distancia a escuelas alternativas en caso de comunas rurales, entre otros aspectos, los que pueden ser incorporados en la discusión sobre cómo mejorar el SAE. Además, persiste la necesidad de informar oportuna y correctamente sobre el proceso, para que las familias puedan sacar el mejor provecho de su postulación y, así, dotar de legitimidad social al sistema.

Nada de lo anterior se relaciona, entonces, con la actual falta de cupos en escuelas, concentrada especialmente en la transición de octavo básico a primero medio y en determinadas zonas del país. Según cifras oficiales, hay actualmente 880 estudiantes que aún no encuentran una vacante en un colegio. Ellos y sus familias merecen rápidamente una solución, pero esa respuesta no llegará demoliendo una política pública, simplemente porque no se comparte su fundamento de justicia educacional.

Por Alejandra Mizala, Ingeniería Industrial y CIAE, U. de Chile, y Cristián Cabalin, Instituto de Estudios Avanzados en Educación y CIAE, U. de Chile

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Senadores de oposición acusan que Minsal canceló reunión

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A eso de las 12.30 de este jueves, el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, junto con la presidenta y también senadora de Demócratas, Ximena Rincón, acusaron que el Ministerio de Salud les canceló una reunión que tenían agendada para “solucionar problemas que ha tenido la tramitación” de la ley corta de isapres, la cual durante la jornada de ayer fue despachada desde la comisión de Hacienda de la Cámara y será votada la próxima semana en Sala.

En concreto, los diputados de la Comisión de Hacienda hicieron pocos ajustes al proyecto antes de enviarlo a sala. La ley corta de isapres del gobierno que se tramita actualmente en el Parlamento busca implementar el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores.

El proyecto llegaría el 29 de abril al Senado. En el caso de que dicha rama del Congreso no acoja el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados, recaería en una comisión mixta, conformada por diputados y senadores, instancia que revisaría la iniciativa entre el 6 y 12 de mayo.

Para esta jornada, los tres senadores de Chile Vamos integrantes de la Comisión de Salud del Senado: Javier Macaya -quien preside esa instancia-, Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI), además de la timonel de Demócratas, tenían agendada una reunión con la titular de Salud, Ximena Aguilera. Sin embargo, según señalaron Macaya y Rincón, el encuentro fue suspendido.

“La reunión fue suspendida unilateralmente por el ministerio”, era para “solucionar problemas que ha tenido la tramitación”, dijo Macaya en un punto de prensa realizado en las dependencias del exCongreso Nacional.

“Creemos que la actitud del Ministerio de Salud es una actitud de una irresponsabilidad gigantesca. Es una falta de respeto para con una reunión que había sido agendada con antelación”, acusó el senador.

La suspensión de la cita, -que según cercanos a los parlamentarios- había sido coordinada por Macaya este martes al salir de la comisión de Salud de la Cámara Alta, causó molestia. De hecho, el timonel gremialista advirtió que “por lo menos desde la oposición nosotros anticipamos que el problema es del Ejecutivo. Con nuestros votos no van a contar para avanzar en esta vía de solución”.

“y si finalmente no hay ley, es una responsabilidad que recae en los hombros del Ejecutivo, no de nosotros”, agregó.

Por su parte, la presidenta de Demócratas sostuvo: “Es lamentable no haber podido tener esta reunión con la ministra, el poder entregar propuestas, construir caminos de solución a un tema que no tiene que ver con la industria de isapres, tiene que ver con las personas, con nombre y apellido”.

“Es importante que entienda el gobierno que (…) (la ley corta) tal como está, va a ir una mixta, porque en el Senado no vamos a avalar lo que venga de la Cámara de Diputados y lo que venga de la mixta”.

En esa línea, la senadora también hizo su advertencia: “yo quiero anticiparle al gobierno, no voy a votar en contra, pero tampoco voy a votar a favor, que el gobierno se haga cargo, porque ellos son los únicos que tienen potestad en materia de seguridad social”.

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TDLC rechaza regular negociación de aranceles entre médicos e isapres

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El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó la solicitud de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para dictar instrucciones de carácter generar en relación a los convenios entre prestadores médicos e isapres. En concreto, la FNE pidió instruir a los médicos a negociar individualmente los valores de sus aranceles con las isapres, a menos que exista una integración previa, real y efectiva de sus operaciones.

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El TDLC apuntó a que no es necesario reiterar a través de instrucciones de carácter general “deberes de conducta que son propios del funcionamiento del libre mercado, como sería determinar individualmente los precios o aranceles de sus prestaciones”, manifestó la institución, declarando que todos los actores deben definir de manera independiente el precio que cobran por sus servicios.

La institución también señaló que excluir como excepción a la individualidad a los agentes que cuenten con integración de sus operaciones es innecesario, puesto que “si existiera una integración previa, real y efectiva de operaciones se estaría ante una sola entidad constituida por médicos individuales que, en realidad, no compiten entre sí”, explicó el TDLC.

En casos de integración menor, el tribunal determinó que se debe analizar caso a caso el mérito competitivo de las asociaciones, además de sus justificaciones, eficiencias y los resguardos que contemplan para proteger la libre competencia. De esta forma, concluyó que tampoco es necesario dictar instrucciones de carácter general en esta materia.

Desde FNE manifestaron que se encuentra analizando la resolución del TDLC y que “dada la importancia de este mercado, seguiremos monitoreando su funcionamiento y ejerciendo las atribuciones que nos confiere la ley para resguardar la libre competencia”, señaló el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg.

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