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Los planes del comité de la CMF para abordar los riesgos asociados al cambio climático en el sector financiero
Los impactos del cambio climático implican un potencial riesgo para la estabilidad del sector financiero, según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Y si bien esta situación no constituye una nueva amenaza, constantemente emergen nuevos desafíos que afectan a las entidades fiscalizadas por el regulador.
Para enfrentar esta situación, en diciembre de 2023 la CMF creó el comité de Riesgos Climáticos y Ambientales, integrado por 14 directivos de la Comisión. Además, se estableció una secretaría técnica compuesta por 12 profesionales que apoyan el trabajo del comité, preparando documentación, proponiendo iniciativas y concretando proyectos.
“Este comité surge de la necesidad observada por el Consejo de la CMF de crear una gobernanza institucional que permita gestionar adecuadamente los desafíos que nos impone el cambio climático, involucrando a todas las áreas relevantes en esta tarea”, explicó a DF la secretaria técnica del comité de Riesgos Climáticos y Ambientales del regulador, Pamela Searle.
Pamela Searle, Secretaria Técnica del Comité de Riesgos Climáticos y Ambientales de la CMF.
El comité tiene como tarea principal promover la divulgación de los riesgos climáticos, fomentar la integración de estos en la gestión del sistema financiero, y, además, promover el desarrollo de un mercado verde.
La instancia se estableció como una estructura orgánica que ordena y centraliza todos los requerimientos y necesidades de la CMF en esta materia y a la vez, comunica tanto a la institución como a la sociedad la importancia y urgencia de abordar los desafíos del cambio climático.
Este comité tiene como obligación reportar los avances del trabajo directamente al Consejo de la Comisión, conformado por la presidenta, Solange Berstein, la vicepresidenta Bernardita Piedrabuena, y los comisionados, Augusto Iglesias, Catherine Tornel y Beltrán de Ramón.
Ejecución estratégica
El comité será el actor clave para hacer operativa la estrategia de la CMF frente al cambio climático y se encargará de abordar los tres grandes desafíos propuestos por el ente regulador en esta materia.
Según Searle, el comité tiene como tarea principal promover la divulgación de los riesgos climáticos, fomentar la integración de estos en la gestión del sistema financiero y, además, promover el desarrollo de un mercado verde.
Para cumplir sus objetivos, la Comisión monitorea y analiza constantemente el avance de organismos internacionales en esta materia, además de participar en instancias transfronterizas que abordan el cambio climático, como el Network for Greening the Financial System (NGFS), red que agrupa bancos centrales y supervisores financieros comprometidos con la acción climática.
También, participa en iniciativas de capacitación y colaboración regional con entidades como la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), promoviendo estándares comunes y facilitando el intercambio de mejores prácticas entre los reguladores financieros de la región.
“Además, tenemos el enorme desafío de apoyar y facilitar el desarrollo de un mercado verde que contribuya a financiar la transición hacia una economía medioambientalmente sostenible”, sostuvo Searle.
Puesta en marcha
Tras su primera sesión, el comité aprobó un plan de trabajo para 2024 y 2025, que, según Searle, abarca cuatro grandes áreas: mejorar la normativa de divulgación ambiental en las empresas; apoyar la implementación de la taxonomía verde para facilitar la identificación por parte de los inversionistas de actividades económicas medioambientalmente sostenibles; integrar los riesgos climáticos en la regulación prudencial; y avanzar hacia la cuantificación de dichos riesgos.
Para lograr esto, se establecieron plazos dependiendo del avance, la complejidad y prioridad que le asigne el Comité. No obstante, los planes de trabajo son bianuales.
“Es relevante mencionar que el funcionamiento de ambas instancias se proyecta como permanente en el tiempo, entendiendo que los desafíos que impone el cambio climático no van a reducirse ni extinguirse en el futuro cercano”, agregó la secretaria del Comité.
Instituciones financieras
Según sostuvo Searle, los temas asociados al cambio climático “son interdisciplinarios e impactan transversalmente a todos nuestros fiscalizados”.
La funcionaria agregó que es necesario un trabajo colaborativo entre la CMF y las instituciones que fiscaliza para poder abordar de manera integral la temática. Por esto, cada proyecto en el que trabaja el comité y la secretaría técnica está asociado a un producto final específico, por lo tanto, todos los avances logrados por estas instancias se difundirán a través de guías, documentos de trabajo, documentos de política, normativas en consulta o seminarios, para las entidades fiscalizadas.
“Los temas ambientales y relacionados al cambio climático son actualmente tanto una oportunidad como una amenaza real a la estabilidad financiera de nuestro país y necesitan ser incorporados en la gestión de riesgos, tanto a nivel macro como micro. Es prioritario velar porque nuestros fiscalizados divulguen información climática y ambiental relevante tanto en tiempo como en forma para la correcta toma de decisiones”, concluyó Searle.
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Artículo Original
El iris de los ojos saltó desde los debates médicos a aquellos de protección de datos en el país. Primero, porque una empresa privada optó por pagar con bitcoin para obtener dicha información; y, hace unos días, por el hecho de que el director del Registro Civil, Omar Morales, informara que se espera comenzar a medirlo en forma voluntaria desde 2026.
Un paso que genera cierta inquietud entre entendidos en la materia, quienes advierten sobre la falta de resguardos oficiales en el país de dichos antecedentes.
“Preocupa que hoy todavía no exista una institucionalidad que pueda fiscalizar y aplicar sanciones de manera expedita en la materia”, afirma el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, quien recuerda que aún se tramita en el Congreso el proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales.
Esta instancia, explica la directora de protección de datos del estudio de Abogados Prieto, Romina Garrido, protegería los derechos de las personas ante al tratamiento que le den a esa información las empresas o el Estado.
Bernardo Navarrete, presidente CPLT. Romina Garrido, estudio Abogados Prieto. Jeannette von Wolfersdorff, exintegrante de la comisión de Transparencia y Probidad. Marcelo Drago, expresidente del CPLT. Fernando Fernández, CEO de AltLegal. Fotos: Verónica Ortíz y Rodolfo Jara
Es más, dice que hay un capítulo especial en el proyecto que regula los datos como los biométricos. Así, se establece que el consentimiento siempre debe ser expreso y claro, con altas medidas de seguridad.
Pero, cuestiona, “llevamos 10 años discutiendo una reforma a la ley de protección de datos, que hoy está paralizada en el Congreso sin justificación”.
Naverrete recuerda que la actual Constitución garantiza el derecho a la protección de datos personales, incluidos los de carácter biométricos, o sea, aquellos que permitan el reconocimiento de personas en función de rasgos físicos como huella dactilar, retinas, iris, cara, o de conducta.
“Urge que se termine el último trámite legislativo, y que se instale la Agencia de Protección de Datos Personales en Chile”, opina la exintegrante de la comisión de Transparencia y Probidad, Jeannette von Wolfersdorff, sobre todo porque estima que “se crean riesgos altos cuando organizaciones privadas coleccionan datos biométricos de personas, sin mayores restricciones y regulaciones”.
Las inquietudes
Para el presidente del CPLT el empadronamiento de iris por la autoridad estatal es un tema “complejo”, aun cuando entiende que hay una preocupación por el tema de la seguridad en el actual contexto.
“¿Qué sucede si el día de mañana se filtran todos esos datos? Como ya ha pasado en otros órganos del Estado, alguien hackea la base de datos de iris en el país, eso no tiene vuelta atrás”, se pregunta el académico y experto en temas de protección de datos, Marcelo Drago.
De ahí que considera indispensable un debate sobre la necesidad de acumular esos datos en el Registro Civil con los objetivos que hoy ya se cumplen con la huella digital.
“No porque las tecnologías estén disponibles hay que adoptarlas necesariamente sin analizar los riesgos que eso implica”, dice.
Von Wolfersdorff opina que el registro de estos datos por agencias públicas -como el Registro Civil- requiere cumplir estrictas reglas en materia protección de datos, y asegurar un gobierno corporativo adecuado para ello. Sean datos de huellas o datos de iris, todo es replicable y advierte que “podrá ser usado en forma fraudulenta: hay implantes de iris, o lentes de contacto que tienen un iris dibujado y pintado”.
Garrido señala que la discusión sobre el escaneo de iris ya está instalada en varios países: “Es un dato biométrico, sensible y especialmente protegido en las legislaciones, porque es un dato llave, es decir, único y alguien que lo obtiene va a tener esa información que te distingue de cualquier otra persona para siempre”.
Y añade que cuando el enrolamiento lo hace una empresa de manera privada “surgen suspicacias, para qué y sobre todo si se está sometiendo a algún tipo de regulación” y precisa que “han sido las agencias de protección de datos personales que existen en varios países las que han preguntado a estas empresas sus prácticas, cómo almacenan los datos, la forma de consentimiento y si estos datos se pueden eliminar”.
Si hay un incidente de seguridad, se extravían o son copiados por un tercero, el abogado y CEO de AltLegal, Fernando Fernández, sostiene que tanto el Registro Civil como cualquier organismo público o privado debe tener responsabilidades y tomar medidas de seguridad para que “esos datos se mantengan confidenciales y sean utilizados únicamente para los fines que fueron recabados”.
A su juicio, “lo que debiera suceder es -más allá de una multa- que el jefe de servicio pueda enfrentar una responsabilidad administrativa, eso queda claro en la ley en trámite”.
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