La espera para el ingreso de las indicaciones al proyecto de reforma de pensiones no apaciguó para nada los ánimos en la Cámara de Diputadas y Diputados. De hecho, la forma en que están actuando el Gobierno y el presidente de la Comisión de Trabajo, el socialista Juan Santana, sólo ha profundizado las diferencias y aumentado la brecha entre la oposición y el Gobierno.
Tanto es así que esta misma jornada y sobre cuenta, el Ejecutivo ingresó la urgencia de “suma” (15 días en cada Cámara) para la reforma de pensiones y aunque la Comisión de Trabajo no estaba citada para este martes, avanzada la mañana se la citó para las 11:40, con el fin de que el Gobierno, para luego en una nueva sesión de la tarde votar la propuesta, según denunciaron los parlamentarios opositores integrantes de la instancia.
En una conferencia de prensa, previa a la sesión de la tarde, junto con anunciar su rechazo a la reforma, acusaron que no se les dio tiempo para estudiar las indicaciones, que se ha hecho todo a “tontas y locas”, que pese a haber retirado la eliminación del decreto 3.500 ahora lo reincorporaron… En fin, suma y sigue, pues también se quejaron de que la sala de la comisión está llena de asesores del Gobierno y que la oposición no ha podido trabajar con los propios.
Por estas y otras tantas razones, el jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN) Frank Sauerbaum, anunció que se le envió una carta al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), para quejarse del comportamiento tanto de Santana como del Gobierno en la tramitación de las indicaciones ingresadas.
¿Quiénes son los diputados clave en el segundo tiempo de la reforma previsional?
La misiva de poco más de dos carillas, suscrita por los jefes de bancada de la oposición, además de Sauerbaum, Guillermo Ramírez (UDI), Francisco Undurraga (Evópoli) y Agustín Romero (Partido Republicano), inicia haciéndole presente al presidente de la Cámara “nuestra profunda preocupación por la forma en que el Gobierno -en complicidad con el Presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, don Juan Santana Castillo- está llevando adelante la discusión y votación del proyecto de ley” de reforma de pensiones.
Más adelante en el texto señalan que debido a “los cambios sustantivos” a que fue expuesta la reforma es necesario conocerlos y debatirlos en profundidad, porque se altera lo ya aprobado en general por la comisión. Y le solicitan a Cifuentes que intervenga, haciendo presente ante el mandatario “la independencia del Parlamento” y le manifieste que “con su obrar daña profundamente las confianzas que deben existir”.
Informe de la secretaría
En un tono mucho más confrontacional, el texto continúa señalando que acusando que “con una pistola sobre la mesa y cubiertos del manto de dudosa legitimidad y legalidad que entregan las urgencias, el gobierno pretende hacer de esta Cámara de Diputados un buzón al que pueden legar y arrojar sus indicaciones sin discusión alguna, vulnerando con ello la votación general por la que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social prestó su aprobación a una iniciativa que difería sustantivamente de lo que es hoy propone al Ejecutivo”.
En esta línea, la misiva concluye solicitando a la mesa de la Cámara y al presidente de la misma en particular que “tengan a bien salvaguardar la independencia de esta Cámara y la integridad del debate legislativo, haciendo presente lo expuesto precedentemente a S.E. el Presidente de la República, comprendiendo la relevancia que ello tiene para nuestro régimen democrático” y, adicionalmente, piden a Cifuentes emitir un pronunciamiento “en base a un informe de la Secretaria, por el cual se consulte acerca de la legitimidad de introducir indicaciones sustitutivas o enmiendas que, en su conjunto, busquen alterar sustantivamente una iniciativa para la cual, la comisión ha prestado previamente su aprobación en general”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.