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Economia

Registro de deudas, olvido y consolidación

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Renato Jijena Leiva

Desde 1999, el sistema de información comercial sobre deudas, es decir, datos personales y patrimoniales negativos que dan cuenta de la morosidad e insolvencia, cuenta con una regulación especial para su comunicación a terceros de forma pública.

Junto con detallar los casos concretos que permiten tal tratamiento, se establece que si el deudor paga el crédito o han transcurrido más de cinco años desde la mora o la insolvencia, no pueden seguir comunicándose. El beneficio para los acreedores ha sido evidente, y se dejaron de lado las acciones ejecutivas de cobranza, porque la necesidad de que un deudor dejara de figurar en el sistema se traducía en una causa imperativa para pagar la deuda.

“Permitir que el acreedor que carece de vínculo comercial con su antiguo deudor lleve registros históricos y perfilados de la deuda -sin ningún tipo de control, inspección o auditoría- vulnera el Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales”.

Hay distorsiones puntuales, refiriéndose al plazo de comunicación u olvidándose de modificar el requisito de que el deudor que paga el crédito también debe pagar el costo de la aclaración en los burós. Pero existen importantes distorsiones relacionadas con el mal uso de la información por parte de los acreedores sobre deudas pagadas, extinguidas o prescritas, a espaldas de los deudores, sin fundamento legal, sin consentimiento previo, para construir perfiles y sin límite de tiempo.

La idea de corregir este desequilibrio se planteó hace años, pero nunca tuvo la sensibilidad necesaria en los legisladores. Permitir que el acreedor que carece de vínculo comercial con su antiguo deudor -por haberse extinguido o prescrito extintamente la deuda- lleve registros históricos y perfilados de las deudas, sin ningún tipo de control, inspección o auditoría, vulnera también desde 2018 el Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales. .

Tal política pública financiera sólo repara un desequilibrio injusto, y de ninguna manera desalienta el cumplimiento de las obligaciones comerciales, porque si una deuda está siempre vigente, un acreedor puede exigir el cumplimiento legalmente forzado. Tal política pública sólo impide la circulación no consentida en el mercado de perfiles financieros de datos personales y patrimoniales vencidos, ya sea porque se pagó una deuda o porque está prescrita.

Agregan los acreedores afectados que el tema no debe ser regulado y resuelto por ley, ya que en el futuro existirá un registro consolidado de deudas y/o datos personales patrimoniales, lo que lo hace innecesario. Visto así implica desinformar y tergiversar infundadamente una política pública robusta, porque lo que se tendrá que consolidar a través de informes a la CMF serán registros iniciales limitados a un período de cinco años y sobre obligaciones vigentes, exigibles o vencidas, pero su consulta o La comunicación al otorgamiento de nuevos créditos será fuertemente restrictiva.

La gran diferencia es que si bien es cierto que la consolidación de deudas corrientes será obligatoria, se restringirá el acceso al registro consolidado de deudas, solo a deudores concretos, solo con el consentimiento previo, expreso e inequívoco del deudor, solo sobre obligaciones que hayan estado vencidos o exigibles por un plazo inferior a cinco años, sólo por un plazo limitado y sólo para evaluación de riesgo.

#Registro #deudas #olvido #consolidación

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Nuevos caminos para el financiamiento habitacional

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MARCELA RUIZ-TAGLE O. Economista

MARCELA RUIZ-TAGLE O.

A pesar de las distintas medidas implementadas para enfrentar la crisis de acceso a la vivienda y disminuir los riesgos que enfrenta el sector inmobiliario, diversos indicadores evidencian que su deterioro continúa.

Frente al actual ritmo de ventas, se requieren casi tres años para agotar la oferta de viviendas, cifra que casi duplica el promedio histórico. Lo grave es que el problema de fondo es estructural. Desde hace más de una década se observa un desacople significativo en el aumento de los precios de la vivienda respecto a los salarios, en términos reales, brecha que se profundizó a partir de 2019 y que no se espera que se revierta en el mediano plazo.

Ante la débil demanda por créditos hipotecarios, una opción interesante son los productos mixtos que complementan el arriendo con la opción de compra.

Las variables que en el pasado amortiguaron este desequilibrio fueron las bajas tasas de interés e inflación prevalecientes, que no volverán a observarse. Su aumento en los últimos años se ha traducido en que actualmente se requiera contar con el doble de ingresos para acceder a un crédito hipotecario de igual monto y plazo.

A ello se agrega el deterioro en el mercado laboral, cuya recuperación aún está rezagada. La actual tasa de ocupación es similar a la de 2014, lo que limita el incremento de los ingresos de las familias y su capacidad de ahorro.

En este contexto no debiera extrañar la débil demanda por créditos hipotecarios, más aún con las restricciones normativas y de riesgo existentes en la banca, que condicionan la oferta de financiamiento.

Si bien los bancos podrían dinamizar transitoriamente el mercado a través de disminuciones temporales en las tasas de interés sobre créditos hipotecarios, tal como lo hizo BancoEstado, éstos no pueden flexibilizar la evaluación de riesgo de sus potenciales clientes. Así, en el actual escenario el producto “crédito hipotecario”, tal como lo conocemos, no es una solución para abordar el acceso al financiamiento de la vivienda.

¿Cómo avanzar, entonces? Así como BancoEstado ha cumplido un rol “estabilizador”, facilitando el acceso a financiamiento mediante menores tasas o administrando el Fondo de Garantía Estatal para la Vivienda (Fogaes), también podría cumplir un rol de apoyo en la generación de nuevas soluciones de financiamiento que amplíen la cobertura del mercado mediante el uso de la Ley Fintech.

Una alternativa interesante son los productos mixtos que complementan el arriendo con opción de compra, valorizando parte del flujo pagado como ahorro, a fin de facilitar la adquisición de la vivienda en un determinado momento.

Darle profundidad a este tipo de soluciones, estandarizando los contratos o extendiendo la aplicación del Fogaes y el subsidio de arriendo a estas alternativas, podría ser un camino. Esto además permitiría contar con más y mejor información de potenciales deudores que hoy no tienen acceso al mercado de crédito tradicional, mejoraría las predicciones de riesgo por incumplimiento y contribuiría a una mayor competencia.

#Nuevos #caminos #para #financiamiento #habitacional

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La Fed diverge de los otros bancos centrales en una nueva era de tasas más altas por más tiempo y aviva fortaleza del dólar

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Carlos Pavez, director de la UAF sobre corrupción y narcotráfico

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