Al igual que a muchos de sus correligionarios, fue Jaime Guzmán quien invitó a Rodrigo Álvarez (56) a unirse al gremialismo en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica a fines de los años 80 y fue el puntal del inicio de su carrera política en la UDI. Tras ser diputado por Magallanes tres periodos, subsecretario y ministro del primer gobierno de Sebastián Piñera, Álvarez decidió en 2013 dejar la política.

Pero a fines de 2020 -cuenta- “fue el ejemplo de Jaime Guzmán” el que lo motivó a ser candidato constituyente. Eso estuvo en su mente este viernes, cuando en un simbólico momento, pidió un minuto de silencio en el hemiciclo de la Convención en el aniversario número 31 del asesinato del líder UDI. Un gesto que le fue concedido, pese a las diferencias políticas.

Aunque advierte en esta entrevista sobre la “intransigencia” de un gran número de constituyentes de izquierda, Álvarez cuenta que en estos nueve meses de trabajo ha establecido buenas relaciones humanas con personas con pensamientos y estilos muy distintos al suyo, que lo llevaron incluso a una de las vicepresidencias.

“Lamentablemente esas relaciones no se han traducido en un diálogo fructífero en materia de acuerdos. Los primeros meses fueron de mucho rechazo a cualquier conversación o relación con la centroderecha. Hasta me dijeron que bajo ninguna condición estaban disponibles a conversar con la derecha. Esperaba en esta etapa normativa una visión más razonable, más sensata y más de búsqueda de acuerdo, pero la verdad es que era una ilusión. Sigue siendo muy difícil generar acuerdos, por eso, informes completos son rechazados por el pleno y no sólo de la derecha. La izquierda, que son 10 grupos distintos, tiene 118 votos y muchas veces no es capaz de juntar los 103 para el quórum. ¿Y por qué? Porque hay posturas desmedidas y maximalistas”, señala Álvarez desde su oficina de abogados en Av. Apoquindo.

-¿Cree que hay una intención de pasarles la cuenta? En las últimas décadas la derecha fue muy reacia a los cambios. Eso lo han reconocido en su propio sector.

-De todas maneras hay voces así. Lo complejo es que algunos sectores no sólo quieren pasarle la cuenta a la centroderecha, sino que también, y es lo más sorprendente, a la antigua Concertación. Hay un desprecio a los últimos 30 y 40 años de Chile, que para mí fueron muy buenos años, con todos los defectos que puedan haber tenido. Lo grave es que ese resentimiento se está traduciendo en una mala Constitución. Pese al esfuerzo gigantesco de los medios de comunicación por informar desde el día uno y del equipo de Comunicaciones de la Convención, pocos saben que ya se han aprobado más de 150 artículos total o parcialmente en el pleno que están cargados de visiones desmedidas y excesivas para el país.

-Es que cuesta entender lo que está pasando en la Convención, más aún si un convencional de centroizquierda dice -en una entrevista- que todo marcha bien y tendremos una gran nueva Constitución, y el de centroderecha dice lo contrario.

-Es que hay un problema de expectativas y perspectivas. Creo que ellos (sus adversarios) legítimamente creen que al final todo va a salir bien y va a haber diálogo y racionalidad. Yo digo que, al menos hasta ahora, lo que he visto no me conduce a ser tan optimista ni remotamente.

-¿Ve con pesimismo el resultado?

-Hay que ser justos y esperar el resultado final, pero, como le decía, con más de 150 artículos ya aprobados, de los cuales tengo una visión muy negativa, soy pesimista. Entre estos, está el pluralismo jurídico y la forma en que se estructuran las regiones. Y por la forma en que se están discutiendo materias como el sistema político, el modelo económico y algunos derechos fundamentales, no creo que esté resultando aquel texto que querían los chilenos. Ellos nos pedían cinco cosas: mejorar pensiones, salud y vivienda, descentralización y sentirse tratados como iguales. Le vamos a devolver plurinacionalismo, medioambientalismo fundamentalista, un Parlamento sin Senado y un Poder Judicial disminuido. Ello, sin duda, va a provocar un duro contraste con la realidad del país. Hemos perdido tiempo en discutir si deberíamos reconocer los reinos animales, a las plantas y a los hongos en la Constitución, si debíamos reconocer el arte callejero y el efecto electromagnético en la naturaleza. Y no se ha discutido los problemas que más afectan a los chilenos. Si la Constitución no alcanza un apoyo mayoritario en el plebiscito de salida, le agregará mucha inestabilidad al país.

-De su respuesta se desprende que usted y su sector impulsarán el Rechazo.

-Estoy absolutamente preocupado por lo que está ocurriendo. Estamos construyendo una mala Constitución para Chile hasta ahora. Por ello es clave que la gente entienda que el plebiscito de septiembre incluye sólo una pregunta: ¿Aprueba usted el texto de nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional? Y es tan legítimo votar una u otra alternativa. Si ganara la opción Rechazo, evidentemente lo que habrá que hacer, porque la gente quiere cambios, son modificaciones de otra forma. Probablemente hechas por el poder constituyente que tiene el Congreso, probablemente por otros plebiscitos, etc. Es injusto lo que se ha empezado a instalar, que será una elección entre la nueva Constitución y la Constitución de Pinochet y los cuatro generales, como dijo Boric. Es la opinión de los chilenos sobre un trabajo concreto.

-Así como decía que hay 10 izquierdas en la Asamblea, también hay varias derechas que se han enfrentado…

-Hay dos grupos que tuvimos muchas diferencias en los primeros meses, pero que en esta etapa hemos enfrentado unidos la votación en el pleno. Yo lidero el grupo de Independientes, la UDI y Republicanos.

-¿Qué compañeros destacaría?

-A muchos. De mi sector: Marcela Cubillos, Hernán Larraín, Bernardo Fontaine, y entre los más jóvenes, a Constanza Hube, Ricardo Newman, Eduardo Cretton. Alejados de mi sector a los socialistas Ricardo Montero, Pedro Muñoz y César Valenzuela, que están actuando con mucha responsabilidad política. Totalmente alejados de mis ideas, destaco el trabajo de los comunistas Marco Barraza y Bárbara Sepúlveda. Pese a que el PC no cuenta con una bancada numerosa, han ganado todo, con una gran capacidad de convencer a los grupos de izquierda y de actuar estratégicamente. Mención especial a Gaspar Domínguez, Pato Fernández, Fernando Atria y Jaime Bassa, que hacen muy bien su trabajo.

Álvarez integra la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, que –dice- “es reconocida internamente como una de las más extremas”.

“Mi comisión ha aprobado normas que espero no sean validadas en el pleno, porque serían muy negativas para nuestra economía, como el cambio de los estatutos de la minería y del agua, pasando de un régimen de derechos a un régimen de permisos, nulidad de permisos obtenidos para desarrollar proyectos, nacionalización de empresas estratégicas (cobre, sanitaria, forestales, etc.). Me preocupa el efecto en las materias económicas que tendrá la plurinacionalidad desmedida que está creando la Convención. El día de mañana cualquier proyecto público o privado que pudiese afectar territorios de pueblos originarios, no bastará con consultarles a ellos y resolver el tema, sino que ellos tendrán la palabra final.

-Los cambios al sistema político han generado mucho debate en estos días.

-Después de una pésima experiencia con su primer informe, en que fueron rechazados 92 de 95 artículos, las fuerzas de izquierda llegaron a lo que han llamado un acuerdo transversal, cuando en realidad es un acuerdo entre las fuerzas que hoy gobiernan. Nosotros participamos en las conversaciones, hicimos la pega, presentamos indicaciones, pero no fueron acogidas. No fuimos parte del acuerdo, al igual que buena parte de la antigua Concertación y un buen grupo de independientes.

-En simple, ¿qué indica esta propuesta que podría ser ratificada próximamente?

-Se propone un sistema bicameral, pero es tal el nivel de desequilibrio entre los poderes de una cámara con la otra que se ha dicho -con razón- que pasa a ser un unicameralismo encubierto. Se elimina el actual Senado y se reemplaza por una Cámara de las Regiones que, supuestamente, representa a las regiones, sin embargo, sólo podrá abordar ciertas materias. Por otra parte, la nueva asamblea legislativa (Congreso de las Diputadas y Diputados) se elige el mismo día que al Presidente de la República y, si el nuevo gobernante cuenta con una mayoría simple en ella, podría cambiar todo en su mandato. Imaginemos que en el futuro aparece un caudillo de corte populista. Los países tienen dos cámaras para perfeccionar el proceso legislativo, controlar el poder y representar a las regiones. El “nuevo Senado” con muchas menos atribuciones, afectará a las zonas con menos población, como Magallanes y Punta Arenas.

Álvarez cuenta que su casa en Punta Arenas está al frente de la residencia de la familia del Presidente, a 50 metros, las separa una avenida con un bandejón central. “Mis amigos me dicen ‘parece que los magallánicos buenos pa’ la política estaban al otro lado de la calle y no a mi lado’”, cuenta riendo.

-¿Conoce a su vecino el Presidente?

-Sí y tenemos una buena relación, no es muy profunda, porque cuando él entra en política yo me salgo, pero tengo mucho cariño y respeto por su familia. Alcancé a trabajar con su padre (Luis Boric) cuando fui presidente de Enap. Vladimiro Boric fue el primer obispo de la ciudad (1949).

-Se ha discutido mucho el rol que debería asumir el Presidente respecto de la Convención. ¿Cuál es su postura?

-El gobierno debe tener posiciones y darse se cuenta que buena parte de su futuro depende de las decisiones que tome la Convención. Éstas pueden alterar radicalmente el Congreso con el cual trabaja, el Poder Judicial con el cual se relaciona, los derechos fundamentales, la inversión extranjera, el modelo económico… No puedo imaginar que la canciller (Antonia Urrejola) no tenga una opinión sobre la decisión de mi comisión (Medio Ambiente) de salirse del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), o de pedir una revisión -en un plazo de tres años- de los tratados de libre comercio. Y supongo que el ministro de Hacienda (Mario Marcel) está preocupado por la discusión sobre las atribuciones de la ley de presupuesto, la libre competencia o el rol del Banco Central. Me parece ingenuo e irresponsable quienes dicen que el gobierno no debe entrometerse en la Convención. Lo decían también en el gobierno anterior.

-¿Ve a los partidos involucrados?

-Los partidos venían saliendo de procesos electorales durísimos entre noviembre y diciembre, y enero y febrero para ellos fue un período legítimo de vacaciones. El mes recién pasado, como dice la frase publicitaria, se les apareció marzo y ahora están dándose cuenta que la Convención no está tomando las mejores decisiones para el país. El Partido Socialista es un ejemplo. Ojalá no sea tarde.

-¿Cómo analiza el momento actual de la oposición?

-Vivimos años duros, la mejor prueba fue el mal resultado en la Convención y en alcaldes, pero a fines de 2021 la derecha demostró (parlamentarias y presidenciales) que tiene un 40% de apoyo. Venimos saliendo de un gobierno que, a mi juicio, tuvo una gran capacidad de manejar la pandemia, pero que cometió errores serios. Y eso sin duda afectó profundamente a nuestro sector. Lo que hay que hacer ahora es, con mucha calma, ir recomponiendo ese conjunto de ideas que queremos plantearle a la ciudadanía en contraposición con el gobierno, pero con claridad en nuestros principios.

-A su juicio, ¿cuáles son los principales errores que cometió el gobierno de Piñera?

-La forma en que sus ministros condujeron el proceso constituyente desde el 18 de octubre, validando una serie de cambios al acuerdo del 15 de noviembre que fueron tergiversando el resultado. El exagerado número de escaños reservados, listas de independientes formadas por gente que piensa muy distinto y un conjunto de cosas que uno olvida, como la prórroga de la elección, la ampliación de la campaña y la votación en dos días, que sin duda afectaron. También hubo muchas decisiones tomadas tardíamente: la reforma tributaria era clave y se perdió todo el primer año antes de empezar a discutirla en el Congreso, y la reforma de pensiones que no salió.