Israel bombardeó este sábado la Franja de Gaza de norte a sur en una fase ampliada de su guerra de dos meses contra Hamás, horas después de que Estados Unidos ejerciera su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a su aliado de una exigencia mundial de cese al fuego.
Trece de los 15 miembros del Consejo de Seguridad votaron el viernes a favor de la resolución que pedía un alto el fuego humanitario inmediato, bloqueada por Washington. Gran Bretaña se abstuvo.
Desde el fracaso de la tregua la semana pasada, Israel ha ampliado su campaña terrestre a la mitad sur de la Franja de Gaza con el asalto a la principal ciudad meridional, Jan Yunis. Simultáneamente, ambas partes han informado de un importante aumento de los combates en el norte.
Los habitantes de Jan Yunis declararon el sábado que las fuerzas israelíes estaban ordenando a la población que abandonara otro distrito situado justo al oeste de las posiciones asaltadas a principios de semana, lo que sugiere que podría ser inminente un nuevo ataque.
La gran mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza ya se han visto obligados a abandonar sus hogares, y muchos han huido varias veces. Los combates se extienden por todo el territorio, por lo que los residentes y las agencias de la ONU afirman que ya no hay ningún lugar seguro al que ir, aunque Israel lo niega.
Israel ha impedido que los gazatíes huyan por la principal ruta norte-sur a lo largo de la estrecha franja y, en su lugar, los desvía hacia la costa mediterránea.
En Jan Yunis, los muertos y heridos llegaron durante la noche al desbordado hospital Nasser. Un médico salió corriendo de una ambulancia con el cuerpo inerte de una niña pequeña vestida con un chándal rosa.
Los niños heridos lloraban y se retorcían en el suelo de baldosas mientras las enfermeras corrían a consolarlos en el lugar. Afuera, en tanto, los cadáveres se alineaban en sudarios blancos.
Nassar y otro hospital del sur, al Aqsa en Deir al-Ballah, informaron de 133 muertos y 259 heridos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número oficial de víctimas a casi 17.500, con muchos miles más desaparecidos y presuntamente fallecidos.
El sábado no hubo nuevas cifras de muertos y heridos de otras partes de Gaza, incluida toda la mitad norte, donde los hospitales han dejado de funcionar y las ambulancias a menudo ya no pueden llegar hasta los muertos.
“Creemos que el número de mártires bajo los escombros podría ser mayor que los recibidos en los hospitales”, declaró a Reuters el portavoz del Ministerio de Sanidad, Ashraf al-Qidra.
Los combates en el norte han sido más intensos en zonas de la ciudad de Gaza y en los asentamientos de su extremo septentrional, donde podían verse enormes explosiones desde el otro lado de la valla de Israel.
Familias del norte de Gaza publicaban mensajes en Internet suplicando a los equipos de emergencia que se adentraran en la ciudad para rescatar a los seres queridos que seguían atrapados allí.
Israel lanzó su campaña para aniquilar a los líderes de Hamás en Gaza después de que los combatientes del grupo islamista apoyado por Irán irrumpieran en la valla fronteriza de Gaza el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y capturando a 240 rehenes en un asalto a ciudades israelíes.
Washington dijo que ha pedido a Israel que haga más de lo que ha hecho hasta ahora para proteger a los civiles en la próxima fase de la guerra. Esta semana, el Secretario de Estado Antony Blinken dijo que había una “brecha” entre las promesas de proteger a los civiles y el resultado sobre el terreno.
Pero Washington ha seguido apoyando la insistencia de Israel en que un alto el fuego sólo beneficiaría a Hamás.
Ezzat El-Reshiq, miembro del buró político de Hamás, condenó el veto estadounidense por “inhumano”. En tanto, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, afirmó en un comunicado: “Un alto el fuego sólo será posible con la devolución de todos los rehenes y la destrucción de Hamás”.
La Casa Blanca dijo el viernes que Israel podía hacer más parareducir las víctimas civilesy que Washington compartía la preocupación internacional por la situación humanitaria en Gaza.
“Ciertamente, todos reconocemos que se puede hacer más para tratar de reducir las víctimas civiles”, declaró a la prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.