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SEC advierte a Saesa por querer cortar luz por incendios

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Las empresas de distribución eléctrica Saesa, Frontel y Edelaysén, que cubren las regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, enviaron a mediados de enero a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) un protocolo de acción para evitar incendios forestales en las cercanías a sus tendidos de líneas de alta, mediana y baja tensión. En él le informaban a la SEC que, en caso de que las temperaturas superaran los 35 grados este verano en su zona de concesión, optarían por cortar el suministro “por emergencia climática”.

En esa línea, durante estas semanas dichas compañías, propiedad de los fondos canadienses AIMco y Ontario Teacher’s Pensions, han mandado comunicaciones a sus clientes para ratificar esa política corporativa, que busca evitar evitar riesgos a la infraestructura de la empresa por posibles incendios forestales y que, de esa manera, sus ejecutivos puedan ser perseguidos penalmente por su eventual responsabilidad en ellos, dado que en caso de que ocurran, las firmas podrán excusarse señalando que no había suministro eléctrico que pudiera alentar el siniestro.

“A mediados de enero de este año, como Grupo Saesa informamos a la SEC nuestro ‘Protocolo Preventivo por Condiciones Climáticas Extremas’, que tiene como objetivo evitar riesgos relacionados con las altas temperaturas pronosticadas. Este protocolo y sus medidas se activan dadas las alertas de organismos oficiales, tales como la Dirección Meteorológica de Chile, Senapred y Conaf, y considera posibles desconexiones preventivas, con cortes de suministro, para un número reducido de clientes y acotado a la zona en la que se presenten temperaturas superiores a los 35° que puedan ser propicias para riesgos de incendios forestales”, dijo la compañía en la tarde de ayer en un comunicado.

Pero la SEC, entidad reguladora del sector, emitió una declaración esta tarde en la que advierte a las distribuidoras eléctricas que no tienen la facultad de cortar el abastecimiento de manera preventiva debido a las altas temperaturas.

Existe la posibilidad de realizar cortes de suministro eléctrico imprevisto por parte de las empresas de distribución sólo cuando sucedan situaciones de emergencia, las cuales deben ser informadas inmediatamente al organismo fiscalizador”, dijo la Superintendencia de Electricidad.

El organismo admitió que el Grupo Saesa les solicitó autorizar un plan “preparado por ellos para cortar el suministro ante altas temperaturas, pero se les respondió que la normativa sólo contempla la posibilidad de l realización de cortes programados, para mantener, reparar, ampliar o conectar a nuevos clientes, siempre y cuando cumpla con el procedimiento estipulado en la normativa vigente”.

Incluso el ente fiscalizador advirtió que las compañías que incumplen la normativa se exponen a multas de hasta 10 mil unidades tributarias anuales (UTA), que hoy equivalen a $7.760 millones.

“La SEC (dijo que) estarán atentos al desempeño de las eléctricas ante esta contingencia climática, añadiendo que aquellas empresas que incumplan con la normativa vigente se exponen a procedimientos sancionatorios que podrían conllevar multas que pueden llegar hasta las 10 mil UTA, según el mérito de cada investigación”, puntualizó.

Las cartas a clientes de Saesa, Frontel y Edelaysén coinciden con que esta semana se prevén temperaturas récord en la zona centro-sur del país. De hecho, para las regiones de Biobío, Ñuble y la Araucanía se espera que los termómetros superen los 35 grados.

El Grupo de empresas Saesa incluye a la distribuidora del mismo nombre, que cubre las regiones de los Ríos y los Lagos, a Frontel, cuya zona de concesión es la Araucanía, y a Edelaysén, que es la encargada del suministro de la región de Aisén. Y esto ocurre cuando se produce el peak de las vacaciones de verano, por lo que localidades de alta afluencia de turistas en esta época como Villarrica, Pucón, Puerto Varas, Puerto Montt y Chiloé podrían verse seriamente afectados por los cortes de suministro, que podrían efectuarse entre las 9 de la mañana y las 20 horas.

“Este conjunto de medidas, probadas con éxito a nivel internacional, las hemos informado a las autoridades nacionales y regionales correspondientes. Asimismo, cuando se den las condiciones para aplicar los cortes de suministro preventivos, comunicaremos a la comunidad con 48 horas de antelación, de manera que pueda prepararse adecuadamente”, dijo Saesa en el comunicado de esta tarde.

En septiembre de 2023, las oficinas de Frontel fueran allanadas en cuatro regiones por más de 100 efectivos de la policía civil, en busca de evidencia que apuntara a su responsabilidad en los megaincendios de la temporada pasada que arrasaron con vastas zonas de bosques en las regiones del BioBío y la Araucanía.

La acción judicial en contra de las empresas eléctricas y su eventual responsabilidad en los siniestros de bosques ha sido cada vez más dura, desde que en marzo del año pasado la Corte Suprema confirmó la responsabilidad de la distribuidora eléctrica CGE en los enormes incendios forestales ocurridos en la región de O’Higgins en el verano del 2017. Incluso ese año dos ejecutivos fueron formalizados y encarcelados por su responsabilidad en la mantención de los tendidos eléctricos que, según la investigación judicial, fueron causantes de un gran siniestro que arrasó con campos en Paredones, Pumanque y Marchigüe.

Y sólo hace dos semanas, se anunció que un supervisor y un contratista de la pequeña cooperativa eléctrica Coelcha (que cubre el suministro de zonas rurales en las regiones de Ñuble y Biobío) serán formalizados por cuasidelito de homicidio culposo y lesiones graves en el Juzgado de Garantía de Nacimiento por el incendio ocurrido en esa comuna, vecina a Santa Juana, el 2 de febrero de 2023, donde 14 personas perdieron la vida. Al contratista se le acusa de no haber mantenido la faja de seguridad que debe existir entre el tendido eléctrico y los bosques, y al supervisor, de no haber ratificado el cumplimiento de esos trabajos.

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Eduardo Macaya: OS-9 incauta celular de jefe operativo de Cárcel de Rancagua

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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.

La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.

Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.

Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.

Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.

Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.

Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.

Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.

Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.

Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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