A casi tres meses de su ingreso al Congreso, por unanimidad, este miércoles, la Sala del Senado aprobó el proyecto de estabilización de tarifas eléctricas, cuyo objetivo es poner freno a las inminentes alzas anunciadas en las cuentas de la electricidad y que busca implementar un subsidio transitorio para 1.100.000 hogares vulnerables del país (alrededor de 3 millones de personas). Así, el texto fue aprobado en tercer trámite, siendo despachado desde el Congreso para su posterior promulgación.
A las 17:05 horas, y en poco más de 25 minutos de discusión, los senadores mostraron su respaldo a la iniciativa previo a la votación. En su exposición, el ministro de Energía, Diego Pardow, destacó el establecimiento de un Mecanismo de Generación Territorial (RGT) orientado a bajar las cuentas de la luz a las familias que residen en comunas donde hay centrales de generación eléctrica a carbón, tales como Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví y Coronel. Esto, tras una indicación presentada por diputados.
De acuerdo a información entregada por la cartera, el impacto tarifario que tiene una medida de este tipo es importante en estas localidades, ya que se concretarán caídas en torno al 30% en las cuentas de electricidad para sus vecinos. Por ejemplo, en la comuna de Mejillones, la cuenta tipo con el proyecto de ley es de $ 19 mil y la cuenta tipo con el texto junto con el mecanismo RGT cae a $ 12.500, una baja de 34%.
También, enfatizó que “por primera vez en la historia vamos a tener un subsidio en materia eléctrica para clientes vulnerables y a su vez reforma el fondo de estabilización tarifaria, de tal manera de que las alzas que estaban pronosticadas para este próximo mes, van a ser mitigadas de manera significativa y por lo tanto vamos a enfrentar un período de alzas, por cierto, pero de alzas graduales y progresivas en vez de de la magnitud que había sido informada al momento de tramitar este proyecto”.
Cabe recordar que los recursos para financiar este subsidio provendrán del actual cargo por servicio público que se aplica a clientes de alto consumo de energía, por ejemplo, firmas mineras, y con recursos del Tesoro Público.
Asimismo, valoró en su exposición la mesa técnica que se constituirá entre los 30 días de publicación de la ley, con una duración de cuatro meses y cuyo objeto es evaluar otras fuentes de financiamiento para aumentar el monto anual del subsidio y otras políticas destinadas a disminuir el alza de la tarifa eléctrica a clientes regulados. En esta instancia, de hecho, podría volver a discutir una eventual renegociación de contratos y un aumento en el impuesto verde, propuestas que no prosperaron en la discusión del texto a la espera de esta mesa.
El secretario de Estado agradeció en la cita “la veloz tramitación” que tuvo la iniciativa. “Lo que estamos haciendo es estableciendo un plan de pago para una deuda que comienza con la estabilización de precios en el año 2019 y, por lo tanto, esto es una deuda que crece a razón de US$ 3 millones al día”, detalló.
Asimismo, explicó que la mesa de trabajo busca encontrar nuevos mecanismos para financiar eventuales aumentos de cobertura. “Este proyecto de ley básicamente refleja una manera rápida de ponernos de acuerdo y evitar que la deuda siga creciendo. Pero a partir de ahora se abre un camino nuevo donde tenemos que encontrar nuevas formas para ponernos de acuerdo que permitan eventualmente ampliar estos subsidios, ya sea en el tiempo o en su cobertura, pero siempre bajo los principios de responsabilidad fiscal que también han sido los que han gobernado este proyecto de ley”, aseguró.
La senadora Luz Ebensperger recalcó que las modificaciones que hizo la Cámara al proyecto aprobado en general y en particular por el Senado “son bastantes mínimas” y no afectan todo el trabajo que se había realizado. “En ese sentido, y frente a la urgencia de que este proyecto se convierta en ley prontamente, nosotros vamos a votar favorablemente el informe que ha llegado de la Cámara en este tercer trámite”, aseguró previo a la votación.
Mientras, su par Alejandra Sepúlveda, sinceró su interés por la mesa de trabajo por su relevancia para encontrar otras alternativas para apoyar a las familias. En tanto, la senadora Loreto Carvajal afirmó en la instancia que “este proyecto aborda la posibilidad de que alrededor de 1 millón de familias puedan acceder a un subsidio por primera vez, cuestión que hay que felicitar a esta gestión, a esta administración”.
“El diálogo primó”
Tras la votación, Pardow reflexionó: “Se dijo que este proyecto no tenía viabilidad política, pero finalmente el diálogo primó y se pudo llegar a un acuerdo y hoy tenemos por primera vez en la historia de nuestro país, un subsidio para las familias más vulnerables”.
Y valoró además que esta iniciativa viene a entregar una solución que impedirá implementar la ley vigente que contempla alzas de hasta 150% en las tarifas: “El proyecto que hoy fue despachado a ley es una buena noticia para las familias de nuestro país. El alza inminente que hoy estamos mitigando, dejaba a muchas familias y PYME con un alza insostenible para sus bolsillos. Hoy, gracias a esta ley, podremos estabilizar esos precios y alivianar esa alza”.
De acuerdo a los ejemplos descritos por la cartera, con la aprobación de este proyecto se evitó que un minimarket en San Bernardo viera duplicada su actual cuenta de electricidad hasta los $ 500 mil, permitiendo que pague solo $ 310 mil. Otro caso es el de un hogar en Talcahuano donde varias familias comparten un solo medidor, quienes con esta ley pagarán en conjunto $ 120 mil en vez de los $ 200 mil que habrían pagado en caso de concretar las alzas proyectadas.
Juan Meriches, director ejecutivo Empresas Eléctricas, aseguró tras la votación: “Creemos que es positivo que se haya logrado avanzar en esta nueva ley que permitirá, por una parte, desarrollar un proceso gradual de normalización tarifaria, de modo de atenuar su impacto sobre el bolsillo de las familias; y por otra, la aplicación de un especial apoyo a los usuarios más vulnerables, a través de un subsidio eléctrico”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.