Tras el asesinato de tres carabineros en la Región del Biobío el fin de semana recién pasado, el Congreso se activó para avanzar en proyectos sobre seguridad que no habían encontrado consenso, dejando para ello sin efecto la semana de receso legislativo. Sin embargo, todo indica que el trabajo más efectivo estaría produciéndose en el Senado.
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Ello, porque durante este martes la Comisión de Constitución de la Cámara Alta se propone despachar a Sala la nueva Ley Antiterrorista que por inefectiva habría quedado en desuso.
Según uno de los integrantes de la instancia, el presidente de Renovación Nacional (RN), senador Rodrigo Galilea –quien reemplaza a su compañera de partido Paulina Núñez-, el país tiene un “desafío muy grande” en esta materia en específico.
Explicó que lo anterior es porque la Ley Antiterrorista vigente, “por distintas falencias legales, simplemente es inaplicable y es por eso que ya nadie la utiliza” y el proyecto que estudia la comisión vendría a reemplazarlo y cerrar vacíos que hacen más ineficiente a la actual.
Dada la urgencia de que esta normativa entre en vigencia, la comisión tomó el acuerdo de continuar esta tarde hasta total despacho, de tal manera que la iniciativa sea votada por la Sala de esta Corporación el jueves 2 de mayo. A juicio de Galilea, esta normativa contiene “mejoras sumamente claves”.
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Si bien, el senador opositor, aclaró que a los asesinos de los carabineros en el sur del país no se les aplicará esta nueva norma; pero de haber estado vigente, los parámetros de la norma que se tramita “habrían permitido perfectamente perseguir a los criminales de los tres carabineros bajo la Ley Antiterrorista”.
Mientras que el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el DC Iván Flores, explicó que lo que se ha hecho, antes de llegar a esta etapa de la discusión, es darle más “contundencia” a la norma a través de proyectos que se refundieron con el del Gobierno para que la hagan aplicable, en un contexto que “es necesaria, porque ya se reconoce que en Chile tenemos actos terroristas y organizaciones terroristas”.
Por lo que la propuesta que se tramita en Constitución es “mucho más robusta, mucho más efectiva, donde hay un catálogo de delitos violentos y, además, hay una lista de agravantes para esos delitos, más la definición de que no sólo puede ser provocado por una organización criminal, sino también por un terrorista solitario, algo que no estaba tipificado, además de aumentar las penas”, detalló Flores.
No obstante, el proyecto que ingresó el 29 de agosto del año pasado, se encuentra recién en el primer trámite constitucional, pero con suma urgencia.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.