Con el fin de avanzar en una reforma a la salud, el senador Juan Luis Castro (PS), junto al presidente de la Comisión de Salud del Senado, Javier Macaya (UDI), comunicaron su voluntad de reinstalar el Comité Técnico para la Reforma de la Salud en Chile, medida que responde a los acuerdos establecidos en la tramitación de la Ley Corta de Isapres.
El senador Castro destacó que el compromiso del Gobierno es presentar al Congreso un proyecto de reforma al sistema sanitario actual, antes del primero de octubre, con el objetivo de eliminar la declaración de ingresos de salud que permite la selección de riesgo y promover un plan único o universal de salud.
“El calendario de reformas anunciado por el Gobierno para fin de año incluye importantes modificaciones, como la revisión de los costos de las licencias médicas, el modelo de compra de seguros privados a clínicas, la creación de un fondo universal de salud, y la reconfiguración del trabajo médico en hospitales. Estas acciones buscan transformar de manera profunda el sistema de salud chileno, abordando las necesidades urgentes de la ciudadanía y cumpliendo con los compromisos del programa del presidente Boric”, agregó el parlamentario.
Ambos coincidieron que el Senado mantiene una firme voluntad reformista, y no se limitará a cambios puntuales, señalando que “la reinstalación del Comité Técnico convocará a personalidades destacadas del ámbito de la salud, con el propósito de constituirlo a la brevedad posible. Este comité trabajará con o sin el apoyo directo del gobierno, pero con el firme objetivo de avanzar en consensos necesarios para mejorar el deteriorado sistema de salud del país, priorizando siempre el bienestar de la ciudadanía”.
Juan Luis Castro sostuvo que la salud es la segunda prioridad ciudadana después de la seguridad pública, y debe ser abordada con la misma determinación y urgencia, por lo que “esta iniciativa representa un esfuerzo concertado para reunir a diversos sectores de opinión en un solo propósito: llevar a cabo cambios profundos y significativos que permitan un avance real y tangible en la calidad del sistema de salud chileno”.
En el mismo sentido, Javier Macaya, presidente de la Comisión de Salud del Senado, destacó “queremos revivir la instancia que se generó el año pasado a propósito de la tramitación de la ley corta de ISAPRE, ahora con mira a la presentación en octubre del proyecto de ley que está comprometido por parte del gobierno, nos parece que es importante avanzar no solamente en la mirada del tema de las Isapres, sino que también una mirada más integral del funcionamiento del sistema de salud en general, en su conjunto, tanto público como privado”.
“En ese sentido, junto con el senador Juan Luis Castro lanzamos esta idea en el seminario de la Universidad de Chile, y nos parece que debiera ser bien acogida, no solamente por el gobierno, sino que por los distintos estamentos técnicos, pensando en los compromisos que se han adquirido respecto a la presentación de este proyecto de ley”, señaló Macaya.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.