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Economia

SII pone punto final en disputa con aseguradoras y define tributación de seguros con ahorro y pólizas de vida

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Luego de varias disputas con la industria aseguradora, el Servicio de Impuestos Internos (SII) finalmente definió el esquema tributario que tendrán los seguros con pólizas de ahorro y vida.

En el caso de los seguros con ahorro, antes de la publicación de la Circular N° 21, el reglamento fue sometido a consulta desde finales de enero hasta el 9 de febrero y recibió más de 90 comentarios, varios de ellos de la industria aseguradora.

El documento del organismo de control -que entrará en vigencia una vez sea publicado en el Diario Oficial-, establece que las redenciones parciales que realicen los contratantes de estas pólizas estarán sujetas al pago del impuesto sobre la renta, así como el total rescates que no reúnan los requisitos para acogerse al tratamiento fiscal especial establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo N° 17.

La normativa busca poner fin a la polémica iniciada a finales de 2018, cuando el SII informó a las aseguradoras de vida que los seguros con ahorro o Cuenta Única de Inversión (CUI) debían tributar.

Tras conocerse la circular, fuentes del sector asegurador comentan que las empresas se preparan para informar a sus clientes sobre los alcances de la normativa del SII.

punto crítico

Uno de los aspectos que genera incertidumbre en la circular -y por el que algunas aseguradoras están evaluando acciones legales-, es que el saldo inicial del seguro con ahorro que se utiliza para calcular el monto del impuesto a pagar tendría un efecto retroactivo. , a pesar de que los impuestos se paguen con cargo a los nuevos rescates y no a los realizados con anterioridad a su publicación en el Boletín Oficial.

Esto se debe a que el cálculo de los impuestos considera la rentabilidad que ha logrado el seguro con ahorro desde el momento en que se contrató y no solo los rendimientos obtenidos desde que entró en vigencia.

“Lo que debió establecer la circular es que en las pólizas antiguas -el stock-, el saldo inicial es el que se encuentra al momento de entrar en vigencia la circular, de lo contrario se va haciendo retroactivo, tomando rendimientos pasados. Esa es la principal observación”, comenta el socio de Mena Alessandri & Asociados, Cristián Mena.

Seguros de vida

Además de la circular sobre seguros con ahorro, el SII también publicó el reglamento sobre el pago de impuestos a los seguros de vida, ya que el gobierno del expresidente Sebastián Piñera los eliminó de las exenciones tributarias para financiar la Pensión Universal Garantizada (PGU). ).

En esta circular, uno de los temas que más afecta a la industria es la operación de pago de impuestos, ya que serán las compañías de seguros las que tendrán que reducir el impuesto que les corresponda aplicar a los beneficiarios de seguros de vida. Algunas aseguradoras habían pedido al SII que los propios beneficiarios se hicieran cargo del proceso.

“El Servicio lo que hace es imponer a las compañías de seguros la obligación de retener, declarar y pagar el impuesto. Señala que antes de pagar la indemnización del seguro, la empresa debe proteger el interés fiscal, trasladando la responsabilidad a las empresas, para lo cual necesitarán un equipo especial de abogados para poder satisfacer esa responsabilidad”, comenta el socio de Recabarren & Asociados Luis Felipe Ocampo.

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Reforma al SEIA: no todo es lo que parece

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De buenas a primeras, este cambio no pareciera generar un conflicto jurídico, ya que se trataría de una adecuación del reglamento a la ley. Sin embargo, como ya nos ha acostumbrado el Gobierno, lo que se dice no es lo que se hace y no todo es lo que parece. En este caso, lo que pareciera ser una reforma que busca adecuar el reglamento a la ley, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución.

“Lo que pareciera ser un cambio que busca adecuar el reglamento a la ley marco sobre cambio climático, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución”.

¿Dónde se advierte esto?

Primero, en los contenidos exigidos para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Como es sabido, se exige Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos que generan impactos medioambientales (por ejemplo, que pongan en riesgo la salud de las personas), y por su parte, se exige DIA a aquellas actividades que no producen impactos ambientales significativos, por lo que el procedimiento de evaluación es simplificado y menos regulado. ¿Dónde se establece esto? En la Ley de Bases Generales de Medioambiente (Ley 19.300). Es la Ley, la norma que establece en qué casos se exigirá una DIA o un EIA y cuáles son las materias que deberá contener la respectiva declaración o estudio.

¿Qué hace la reforma al Reglamento del SEIA? Agregar el “plan de seguimiento de variables ambientales” como contenido mínimo a las DIA que, por ley, hoy sólo se exige a los EIA. ¿Cuál es la motivación de esta modificación? Queda en evidencia que el Gobierno pretende enmendar la Ley 19.300 vía administrativa, eludiendo el proceso legislativo, lo que no sólo vulnera la Carta Fundamental, sino que además amplía la competencia del SEA, complejizando aún más la gestión y aprobación de los proyectos.  Es importante tener en cuenta que los proyectos o actividades evaluados mediante EIA corresponden al 5% de los ingresos, mientras que el 95% a las DIA.

Segundo, al agregar a las DIA la exigencia de tener un plan de seguimiento ambiental, se busca ampliar la aplicación de la figura de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a casos donde la ley no lo ha considerado. Esto también contiene un vicio de inconstitucionalidad, ya que dicha ampliación debe necesariamente realizarse por ley.

Tan evidente son estos vicios que el propio proyecto de ley, conocido como “Evaluación Ambiental 2.0” ingresado por este Gobierno, justamente pretende modificar aquello que es incorporado inconstitucionalmente vía administrativa. Es decir, el Ejecutivo reconoce, en virtud de sus propios actos, que las modificaciones reglamentarias aludidas, son, en efecto, materias de ley.

En un contexto de aumento desempleo, de parálisis de la economía y de una burocracia sin precedentes parece inconcebible este tipo de “medidas”, que no sólo demuestran la indolencia de las autoridades, sino que, peor aún, transgreden las reglas constitucionales.

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A3D busca que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, declare en caso de demanda por competencia desleal

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El verano trajo más turistas extranjeros al país, pero aún son menos que antes de la pandemia

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