Desde fines del año pasado que el Congreso retomó el debate de la Reforma al Sistema Registral y Notarial que modifica, tal y como su nombre lo dice, el sistema de notarios, conservadores de bienes y los archivadores judiciales. Ese en ese contexto, y ante los avances sustanciales que ha presentado el proyecto durante las últimas semanas en la Comisión de Constitución del Senado, es que los trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) han levantado sus reparos a la iniciativa, cuestionamientos que de no ser escuchados, sostienen, los llevarían incluso a realizar un paro en sus funciones.

Las alertas levantadas por los funcionarios se dan a raíz de la serie de modificaciones al sistema que plantea el proyecto ingresado el 2018, pero que ha contado con una serie de indicaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cambios que, entre otras cosas, han fijado un límite de edad en los conservadores de 75 años, así como también un proceso de nombramiento a través de Alta Dirección Pública (ADP) para estos cargos.

Sin embargo, la discusión respecto a la reforma al sistema de notarios también ha abordado el caso especial del CBRS, el cual es el más grande del país y que concentra todos los trámites registrales de la Región Metropolitana, lo que ha generado especiales cuestionamientos por los millonarios ingresos del organismo encabezado por Carlos Miranda, conservador de Hipotecas; Kamel Saquel, del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, y Luis Maldonado, titular del Registro de Propiedades, Comercio y Agua.

Una de las propuestas en el proyecto es una posible división del organismo, que es precisamente lo que ha llevado a los sindicatos a levantar sus reparos debido a la incertidumbre, explican, que esto plantea. Quienes conocen de la discusión del proyecto, definen que la situación con el CBRS es un “zapato chino”, ya que si bien se plantea una división, hay una serie de cosas que el proyecto no consideraría, por ejemplo, cómo se dividirá y cómo esto afectará la distribución de los trabajadores y de los propios conservadores. Además de eso, cómo se separa “el oficio”.

Pero además de eso, el punto más complejo de esta discusión se plantea precisamente en los trabajadores. Y es que al ser más de 500 funcionarios, estos no podrían quedar concentrados todos en un solo organismo, así como tampoco ser repartidos por cada nuevo, eventual conservador. Lo anterior, principalmente, porque los trabajadores de esta institución tienen un sistema de remuneraciones que fija que los sueldos se establecen desde el 75% de los ingresos del organismo judicial, una especie de “sistema de reparto”, remuneraciones que, obviamente, cambiarían según la zona en la que trabajen y del número de trámites que esa jurisdicción tenga. Por ejemplo, se prevé que la zona oriente tenga más ingresos que la zona sur de la capital.

Pablo Vargas, presidente del Sindicato N°1 del CBRS, sostiene que “la división tal como la presentó la indicación de la senadora (Ximena) Rincón es caótica y mala y será un nuevo Transantiago ahora con el derecho registral. La división, si se aprueba, debe visarse en una ley especial porque sería la base o modelo para el up grade de todos los conservadores del país”.

Los trabajadores también plantean otro escenario sobre su futuro. Maggi Bustos, presidenta del Sindicato N°2, sostiene que el proyecto “no se hace cargo de la situación laboral de los 500 trabajadores que lo formamos. En la práctica si el conservador se divide en 4 y hay un solo continuador legal, ese continuador deberá ‘hacerse cargo’ de los trabajadores y, como los ingresos bajarán, podrá despedir sin indemnización a los trabajadores ‘que le sobren’, porque podrá aludir una causal de fuerza mayor como es la dictación de esta ley, lo que está expresamente permitido en el Código del Trabajo y ha sido ratificado por la Dirección del Trabajo en otros casos”. Escenario aún más complejo considerando que algunos ingresaron antes de 1981 y por ende deben recibir la compensación por todos sus años de servicio, sin tope.

El senador Pedro Araya (Ind.-PPD), integrante de la Comisión de Constitución, sostiene que, a su juicio, el proyecto tiene “varios temas complejos, algunos que no se han resuelto adecuadamente. Creo que uno de los problemas que todavía la comisión no aborda, y que tendremos que abordar, tiene relación con la división del Conservador, la eventual división del Conservador de Santiago. Y en esto yo creo que no nos podemos equivocar en perjudicar un sistema que hoy día funciona bien”.

“Espero que el gobierno tenga la suficiente prudencia de entender los problemas que tiene el proyecto y, entre otros, lo que es la división de Santiago. Además, tengo mis dudas de que el mejor sistema de nombramiento sea a través de ADP”, plantea Araya.

La tramitación de la reforma, además, se da en medio de un clima de tensión al interior del CBRS. Esto, luego de que el conservador Carlos Miranda recurriera a la justicia para impugnar, en parte, el acuerdo colectivo con los trabajadores. El también exnotario de Concepción, junto a Saquel enviaron un comunicado hace algunos días cuestionando la posible división según lo planteado en proyecto, aunque sostuvieron que “no estamos de acuerdo en declaraciones erróneas sobre el futuro laboral de cada uno de nuestros colaboradores”.

En ese contexto, Bustos afirma que, como sindicato, “no descartamos ninguna medida, actualmente nos hemos dirigido a la Comisión, a los senadores individualmente para exponer nuestra situación, está pendiente la respuesta a la solicitud de audiencia ante el ministro de Justicia y la ministra del Trabajo, y no descartamos otras movilizaciones, incluso un paro”. Vargas, por su parte, sostiene que desde el Sindicato N°1, tampoco descartan “ninguna forma de defensa de nuestros derechos porque lamentablemente la política, que es la que decide quién es conservador, notario o archivero, a veces no quiere escuchar”.

La presidenta del Sindicato N°2 también llama al gobierno a “informarse y a dar un debate serio y con altura de miras”. Esto, porque, a su juicio, “duele ver la liviandad del debate y el desconocimiento de los asesores del gobierno en este tema. Uno puede entender que quizás un parlamentario no conozca los pormenores laborales de una institución compleja, pero no el Ministerio. Como trabajadores solo podemos decir que este proyecto parece “un traje a medida” de quien asuma el Conservador de Santiago en un par de años más. Y es sospechoso, porque como quedó aprobada la ley, será designado bajo las mismas reglas actuales, es decir, con pocos requisitos y sin las inhabilidades que se buscaban. O sea, puede ser nuevamente a dedo por este gobierno”.

“Llamamos al gobierno a recapacitar. Primero, que tenga conciencia que es un proyecto que nació desfinanciado y que nunca tuvo en consideración los derechos de los trabajadores, entre ellos la continuidad laboral o las indemnizaciones que serán obligatorias”, concluye Vargas.