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Solicitud de formalización a Yáñez complica a La Moneda y derecha sale a defenderlo

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Hay una solicitud de formalización. Nosotros esperamos la audiencia de formalización para tomar cualquier decisión como gobierno. Nuestro interés es que la institución de Carabineros pueda seguir funcionando”. En esos términos la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la situación en la que quedó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a quien, según informó La Tercera, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, solicitó formalizar por omisiones cometidas por el alto mando de la institución durante el estallido social de 2019.

La breve respuesta de Vallejo, quien había sido consultada si es que el Ejecutivo seguía respaldando a Yáñez, generó dudas sobre cómo conocía de antemano de la formalización antes de que esta fuera informada por medio de los canales oficiales, lo que fue calificado en el Ejecutivo, en privado, como un error. De todas formas, en La Moneda intentaron bajarle el perfil al episodio y explicitaron que intentó referirse a hechos “eventuales” debido a que el asunto ya estaba instalado.

De hecho, al rato después, desde el Congreso, el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, matizó los dichos de la titular de la Segegob y pidió “prudencia”. “Estamos hablando de una eventual formalización. Esa solicitud, por ahora, no está formalizada en ningún medio formal ni en el Ministerio Público ni en el Poder Judicial”, afirmó el socialista.

Sin embargo, al mismo tiempo, Monsalve entregó otra línea comunicacional sobre Yáñez. “Respecto al respaldo, creo que eso está fuera de discusión. En Chile el respaldo es a las instituciones, no a las personas. Hemos tenido un trabajo de coordinación, de colaboración con el general Yáñez en el transcurso de estos dos años, valoramos ese trabajo, pero también valoramos la autonomía de otros poderes del Estado”, aseguró.

Su frase no fue menor, ya que dejó dudas -al igual que los dichos sobre Vallejo, quien sostuvo que “nosotros esperamos la audiencia de formalización para tomar cualquier decisión como gobierno”- respecto a la postura que adoptará La Moneda con Yáñez en caso de ser formalizado y dejó abierta la posibilidad de una eventual petición de renuncia.

En todo caso, en Palacio recalcan que los dichos de Monsalve no buscaron quitarle respaldo a Yáñez y que cualquier determinación sobre su futuro, se analizará de acuerdo a cómo avance la investigación del Ministerio Público. Además, en el Ejecutivo transmiten que probablemente se analizará el tema cuando Tohá regrese el lunes de sus vacaciones.

Las palabras de Monsalve también llamaron la atención debido a que el subsecretario ha sido uno de los principales personeros del gobierno en reajustar las relaciones con las policías y la agenda de seguridad, materia en la que incluso hizo una autocrítica frente a la oposición, con respecto a su pasado como parlamentario.

Junto a él, también se ha notado un cambio en el resto de personeros del Ejecutivo y del propio Presidente Gabriel Boric, quien se ha encargado personalmente de brindarle distintos respaldos al general Yáñez.

“Cuando un dirigente político dice que no se ha hecho nada en seguridad, no solamente está faltando la verdad, (…) están insultando a miles de Carabineros”, dijo Boric el pasado 29 de diciembre, cuando encabezó la entrega de 187 vehículos nuevos a Carabineros. “No solamente se trata de automóviles que vienen a mejorar nuestra capacidad operativa, esto es dignidad”, respondió Yáñez en la ocasión.

Así, el cambio de relato de los dirigentes del gobierno en materia de seguridad ha sido evidente, donde han evitado cuestionar a Carabineros, en un contexto en que la crisis de seguridad se ha transformado en uno de los principales problemas del país y una de las demandas ciudadanas más relevantes.

Por lo mismo, en el Ejecutivo reconocen que el futuro de Yáñez, en caso de que avance la formalización, no es un puzzle fácil de resolver: que no es llegar y pedir su renuncia porque hay varios elementos que considerar. Primero, la situación de inseguridad del país, la postura de la oposición de defender al general director (ya que necesitan de sus votos para que avance la agenda de seguridad en el Congreso) y que es arriesgado fijar como criterio que, si es formalizado, se pida su salida. Esto, debido a que hay personeros del gobierno -como el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi- que también están siendo investigados en el marco del lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado.

Las instituciones son permanentes y las personas que cumplen funciones en esas instituciones están sujetas al Estado de Derecho, como todos los ciudadanos”, reafirmó Monsalve en el Congreso.

En el gobierno también remarcan que aún hay que esperar a que se resuelvan dos medidas pendientes, impulsadas por la defensa del propio general director de Carabineros. La primera es una solicitud para inhabilitar al fiscal Xavier Armendáriz, que debe resolver el fiscal nacional. La segunda es la petición para ser sobreseído en la causa, lo que será analizado en una audiencia el próximo 19 de mayo.

Los diputados del Partido Comunista dieron un fuerte respaldo a la medida tomada por Armendáriz. Lorena Pizarro, quien integra la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, sostuvo que “respaldo de manera inequívoca lo que ha hecho el fiscal y espero que esto no termine en buscar caminos que aseguren la impunidad de estos sujetos, sino que empecemos de una vez por todas a entender que quien viola los derechos humanos debe responder”.

En esa misma línea, el diputado Matías Ramírez (PC) afirmó que “es una decisión acertada y necesaria. Las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social fueron acreditadas (…) y dan cuenta de un descontrol policial evidente que dejó personas muertas o mutiladas”. Y agregó que “la formalización del alto mando también debe ir acompañada de acciones concretas en la reforma de las policías”.

“Es de total justicia que el Ministerio Público avance con medidas tales como la formalización de quienes estaban a cargo de las distintas unidades que generaron una represión desmedida”, complementó la diputada María Candelaria Acevedo (PC).

Desde el PS, el senador Gastón Saavedra sinceró que “evidentemente la imagen (de un director de Carabineros formalizado) no es la mejor”. También recomendó que “el gobierno debería mantener cierta distancia respecto de la situación, no pronunciándose públicamente sobre esto”.

Lorena Fríes (CS), presidenta de la comisión de DD.HH., planteó que “lo que uno esperaría del general director que rindiera cuenta y diera una relación de los hechos desde su visión”.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider (CS), quien también integra la comisión de DD.HH., comentó que “es muy importante que las instituciones hagan su trabajo y que haya justicia por los abusos y graves violaciones de derechos humanos en el estallido social”.

En Chile Vamos y el Partido Republicano hubo algunas voces que salieron en defensa de Yáñez. De hecho, los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados –Jorge Alessandri (UDI), Andrés Longton (RN), Diego Schalper (RN), Andrés Jouannet (Amarillos), Jaime Araya (Ind.), Raúl Leiva (PS) y Gloria Naveillán (Ind.)- mandaron una carta en su apoyo, la que fue impulsada por José Miguel Castro (RN).

“Al general director Ricardo Yáñez le correspondió asumir su rol en plena pandemia y encabezar Carabineros en estos tiempos críticos, liderando la institución en momentos en que distintos de sus funcionarios pasaron a ser mártires tras cobardes ataques criminales, a quienes, junto a sus familias, acompañó en su responso final”, dice la misiva.

En esa línea, concluyeron que “la crisis en seguridad se entremezcla con vaivenes políticos, no podemos sino manifestar nuestro respaldo a la labor del general director, planteando la necesidad de enfrentar estos momentos con cohesión institucional y con las confianzas recíprocas necesarias que exige el combate al delito, el crimen organizado y el flagelo criminal que atemoriza a nuestro país”.

Alessandri sostuvo que se debería determinar una inhabilidad del fiscal Armendáriz. “El Ministerio Público pretende formalizar al general director de Carabineros, ¿basado en qué? Todavía no sabemos”, dijo.

Adicionalmente, aprovechó de criticar al gobierno: “Todo este desorden en la persecución penal, en descabezar Carabineros, en decir que ahora apoyamos instituciones y no personas, quiero responderle al gobierno y a la vocera, fíjese que las instituciones están compuestas por personas”.

En el Partido Republicano, el también representante de la comisión enfocada en seguridad, Cristián Araya, recalcó que “venimos a reafirmar nuestro respaldo total y absoluto a la institución de Carabineros. Resulta impresentable que fiscales inescrupulosos que no han sido capaces de enfrentar la crisis de seguridad vengan a perseguir a nuestro general director de Carabineros. La fiscal Chong es una verdadera amenaza a la seguridad”.

Mientras que el RN José Miguel Castro sostuvo: “Reconocemos el trabajo que ha hecho durante años el general Yáñez”.

Sin embargo, no todas las voces en la derecha estuvieron por apoyar en un principio. De hecho, en la UDI ningún otro diputado acompañó a Alessandri en su punto de prensa, mientras que en RN recalcaban que un riesgo es que quedaran impedidos de “opinar de manera objetiva acerca de situaciones similares”, pues se rompería el argumento de dejar “que las instituciones funcionen”.

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Eduardo Macaya: OS-9 incauta celular de jefe operativo de Cárcel de Rancagua

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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.

La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.

Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.

Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.

Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.

Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.

Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.

Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.

Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.

Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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