Rodrigo Muñoz, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), recuerda con horror el relato de sus compañeros en una de las jornadas más violentas que ha sufrido el penal Colina 1. En mayo de 2020, cinco gendarmes allanaban las dependencias del cuarto piso de la torre 4A cuando el operativo se salió de control: más de 250 reos de la torre —contenidos en el patio— se sublevaron. En medio de gritos y amenazas, cerca de 100 internos subieron a la torre y acorralaron a los funcionarios. La desventaja era evidente, atraparlos y tomarlos como rehenes no parecía muy difícil.

Al igual que el resto de la ayuda, ese día Muñoz -que se desempeña en Colina 2- llegó tarde. Nadie acudió al rescate de los gendarmes atrapados en la torre en los cerca de 30 minutos que duró el incidente. Ellos mismos, con los estoques que acababan de requisar, se defendieron del ataque de los internos hasta que lograron escapar.

“La última toma de rehenes que habíamos visto en el sistema penitenciario chileno había sido la más conocida aquí en Colina 1 hace más de 20 años. En vez de avanzar, retrocedimos. El índice de criminalidad en las unidades penales ha crecido totalmente”, comenta el gendarme sobre el episodio de 2020, que luego escaló a otras torres y se convirtió en un intento de motín generalizado que dejó al menos cuatro funcionarios heridos.

A casi cuatros años de ese suceso, el miedo de Muñoz y sus compañeros es que algo así se repita y con un desenlace peor. Según datos de Gendarmería, si para ese momento el país contaba con 38.297 personas encarceladas, en marzo de 2024 la cifra aumentó a 54.544 internos. Asimismo, el director subrogante de Gendarmería, Víctor Provoste reveló en enero de este año que existen cerca de 1.600 bandas criminales dentro de las cárceles, de estas, al menos 600 estarían activas cometiendo delitos.

El clima de violencia, comenta el gendarme Muñoz, ha aumentado notoriamente. Asegura que los internos le han perdido el respeto a los funcionarios. “Hoy tenemos reclusos más agresivos porque el delito también se ha importado. Internos extranjeros han traído delitos que se están aplicando desde las cárceles. Hoy las cárceles están siendo domicilios para la extorsión y la tortura entre reos”, dice.

Las autoridades advierten que con el aumento de bandas de crimen organizado, crece el riesgo de malas prácticas dentro de los penales. Según datos revelados por Ex-Ante a mediados de marzo, el año 2023 marcó el récord de 56 funcionarios de Gendarmería expulsados por delitos de corrupción, en su mayoría asociados a ingreso de drogas a las cárceles, cohecho y tráfico de drogas.

Al igual que Muñoz, Benito Saravia también es dirigente sindical en Anfup. Según él, el arribo de delincuentes extranjeros ha complejizado el escenario carcelario, porque “cuando cometen delitos en Chile ingresan a nuestro sistema sin el historial de su país de origen, tenemos que albergarlos en módulos de bajo compromiso delictual y se cruzan con los internos chilenos que sí son primerizos”, explica.

Desde Anfup dicen que la situación es insostenible: reos más violentos, sobrecarga laboral y escasa salud mental son sus principales problemas. “Gendarmería sigue siendo el patio trasero del Estado. No se invierte realmente como debiera invertirse”, advierte Muñoz.

En enero de este año, el ministro de Justicia, Luis Cordero, admitió “un abuso de la prisión preventiva” a propósito de la discusión por la saturación de las cárceles. Las cifras hablan por sí solas: entre 2010 y 2023 el porcentaje de población penal sin condena pasó de un 24% a un 37% del total de privados de libertad, es decir, de 11.604 a 19.665 imputados recluidos.

“En 2023 nos enfrentamos a una crisis que no tenía ningún registro en Chile”, sentencia Rodrigo Muñoz sobre el panorama carcelario. Para este 2024 el escenario no se ve mucho mejor. Según datos de Gendarmería de marzo de este año, la tasa de ocupación en las cárceles a nivel nacional alcanzó un 129% y 16 recintos penitenciarios del país se encuentran en condiciones de hacinamiento a más del 200% de su capacidad.

“En la Región Metropolitana tenemos la penitenciaría de Santiago y Santiago 1 con casi 6.000 y 5.000 reos respectivamente, mientras que el personal no supera los 300 o 400 funcionarios por cárcel”, explica el gendarme. Asegura que trabajan en “paupérrimas condiciones”, con botas y chalecos antipuñales lejos del límite de su vida útil e infraestructura deteriorada. “Tenemos carros donde se trasladan 15 internos sin aire acondicionado. Estamos ad portas de una crisis mayor ¿qué vamos a esperar? ¿que un reo se nos muera por asfixia al interior de un carro?”, sentencia.

¿Qué pasa en las cárceles fuera de la Región Metropolitana? Jokan Garrido es presidente de Anfup en la Provincia de Elqui. Si bien la unidad en la que trabaja en La Serena cuenta con una menor proporción reo-gendarme que en Santiago, advierte que la escasez de personal afecta en especial a la zona norte del país, debido a que “la mayoría del personal es oriundo de la zona sur y buscan ir a regiones más cercanas a su domicilio”. La falta de funcionarios y ausentismo laboral en la Región de Coquimbo ha alcanzado un punto crítico. Según denuncia Garrido, en La Serena hay gendarmes que han llegado a trabajar durante 100 días sin descanso.

Benito Saravia se desempeña en el otro extremo del país, en la Región del Biobío. En los 27 años que lleva en Gendarmería ha recorrido distintos penales y actualmente trabaja en un centro de menores de Coronel. Advierte que la situación es crítica a nivel nacional, puesto que “la población penal ha aumentado considerablemente, no solamente en el norte y en las zonas centrales, sino que en todos los recintos del país, incluido el sur”.

Según profundiza Saravia, la solución a la sobrecarga laboral que sufren en la zona norte estaría en la Escuela de Gendarmería: “Más que ver una posibilidad de que la gente del sur refuerce lo que pasa en el norte, debemos pensar en que cada año egresen más efectivos de la escuela institucional y que se vayan equiparando”.

En junio de 2023 el cuerpo sin vida de un gendarme de 20 años fue encontrado dentro de una de las torres de vigilancia del Complejo Penitenciario Valparaíso. Al día siguiente, en un comunicado, Gendarmería informó que se trató de un suicidio. Para los trabajadores del lugar esa fue la “gota que rebalsó el vaso” y que gatilló manifestaciones por mejores condiciones laborales.

La precaria salud mental de los trabajadores no es una novedad en Gendarmería. Según datos de Anfup, el caso del joven gendarme fue solo uno de los cuatro suicidios de funcionarios registrados el año pasado, y el noveno desde 2021. Rodrigo Muñoz comenta que si bien estos sucesos generan ruido, “solo queda en eso. No tenemos una estructura fortalecida de salud mental, ni una contrata activa de profesionales de trato directo con el personal y los reos”, dice.

Según un estudio sobre las condiciones laborales de los funcionarios de Gendarmería publicado en 2023 por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, “el 47,5% del personal masculino declaró que alguna vez durante el último año necesitó atención en salud mental, pero solo uno de cada tres la recibió. En el caso del personal femenino, 52,5% declaró haber necesitado acceso a tratamiento y más de la mitad efectivamente fue atendida”.

Pablo Carvacho, académico del centro y realizador del estudio, menciona “las pocas posibilidades de atención, no solo por falta de oferta institucional, sino también por una cultura que sanciona e inhibe la búsqueda de ayuda para estas dificultades” como uno de los puntos más críticos en Gendarmería.

“Somos el servicio público con más suicidios en Chile”, denuncia Pablo Jaque, dirigente de la Asociación de Gendarmes Chile (AGECH). Para él, un gran factor en el deterioro de la salud mental de los funcionarios es que “ingresan con una expectativa de su vida laboral y al poco tiempo se dan cuenta que el trabajo en Gendarmería es bastante arriesgado, requiere de muchas horas de trabajo y un desarraigo familiar”. Respecto a este último punto, el estudio de Justicia y Sociedad UC reveló que más del 70% de los funcionarios proviene de comunas rurales del sur de Chile y 67% señaló que estar lejos de su familia afecta su vida personal.

“Existe una baja satisfacción laboral y una visión de que la formación que reciben no les permite desarrollar su trabajo adecuadamente”, profundiza Carvacho sobre la brecha entre las expectativas de los jóvenes gendarmes y la realidad en los penales. El origen, según explican en Justicia y Sociedad, estaría en una capacitación deficiente de los uniformados: solo el 40% afirmó haber tenido una formación útil para su posterior desempeño.