xAI, la startup de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk detrás del chat de IA generativa Grok, aseguró un nuevo respaldo de los gigantes del capital riesgo de Silicon Valley Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital y Tribe Capital, con lo que el multimillonario de la tecnología se acerca a una ronda de financiamiento que valora la firma en US$ 18 mil millones.
Los inversionistas se han comprometido a unirse a la última ronda de xAI, con la que Musk pretende recaudar cerca de US$ 6 mil millones, según personas familiarizadas con las negociaciones, lo que dejaría a la firma en el reducido grupo de decacornios -startups valorizadas en más de US$ 10 mil millones- donde figuran las líderes de IA generativa, OpenAI y Anthropic.
Sin embargo, un inversionista implicado en la ronda dijo que al jefe de Tesla y X le faltan “unos cientos de millones de dólares” para alcanzar ese objetivo.
Lightspeed, Tribe y Sequoia declinaron hacer comentarios. Andreessen Horowitz y Musk no respondieron a la solicitud de comentarios.
La batalla por la IA
El acuerdo de financiamiento se produce en un momento en el que Musk quiere asegurarse la potencia financiera necesaria para alcanzar a los líderes del mercado OpenAI, Anthropic y Google, que han lanzado modelos de IA generativa más potentes que xAI.
Su argumento para los inversores, es que xAI puede ganar terreno gracias a su conexión con las otras empresas que dirige, que podrían proporcionar tecnología, datos e ingresos iniciales como clientes de la startup.
La ronda de financiamiento daría a xAI una valoración post-money de US$ 24 mil millones una vez tenida en cuenta la nueva inversión, y ayudaría a la startup a desarrollar nuevas versiones de su chatbot Grok.
Musk fue cofundador de OpenAI antes de abandonarla en 2018 tras desacuerdos con el CEO, Sam Altman, sobre la dirección de la investigación.
Musk ha demandado desde entonces a OpenAI y Altman, alegando que habían comprometido la misión original de la startup de construir sistemas de IA para el beneficio de la humanidad, una demanda que OpenAI ha desestimado como “frívola”.
Musk ha prometido ser más transparente en su búsqueda de la inteligencia artificial general -el punto en el que las máquinas tienen mayores capacidades cognitivas que los humanos- que rivales como OpenAI.
También se ha comprometido a construir una “IA que busque la máxima verdad”, criticando los modelos actuales que, en su opinión, han sido entrenados para ser políticamente correctos.
Un inversionista se mostró convencido por el discurso de Musk, pero advirtió de que xAI va “por detrás” de sus rivales. “Para ponerse al día necesita gastar miles de millones de dólares en H100 (chips) e infraestructura”, advirtió la persona.
Detalles de la ronda
Durante la recaudación de fondos de xAI, inversores como Sequoia y Andreessen, que ya han respaldado empresas de Musk como X y SpaceX, tuvieron derecho preferente a respaldar a la empresa de inteligencia artificial y adquirir hasta el 25% de las acciones, según las personas familiarizadas con las conversaciones.
Otro inversor de Silicon Valley añadió que gran parte de la ronda de financiamiento se había obtenido a través de bancos y sociedades instrumentales, incluso fuera de Estados Unidos.
Otro inversionista que participó en la ronda dijo que le preocupaba que los inversores que habían planteado cuestiones sobre otros proyectos de Musk se hubieran quedado fuera de la ronda de de xAI.
“El equipo detrás de xAI es realmente bueno, así que no estoy preocupado por nuestra inversión, pero me preocupa el enfoque”, dijo la persona. “No es inclusivo, no es Silicon Valley”.
El Financial Times informó por primera vez en enero de que xAI estaba en conversaciones para recaudar hasta US$ 6.000 millones.
Había encargado a Morgan Stanley que coordinara las conversaciones con posibles inversores de todo el mundo, incluidos fondos soberanos, oficinas familiares e inversores minoristas de Oriente Medio y Hong Kong.
En ese momento, Musk dijo en un post en X: “xAI no está recaudando capital y no he tenido conversaciones con nadie en este sentido.”
En medio del auge de nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) generativa, el año pasado la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, abrió la discusión en esta materia y creó la Mesa “Legislando sobre Inteligencia Artificial” con el fin de aportar insumos para regulaciones y políticas públicas.
Se crearon cinco submesas de trabajo integradas por más de 100 actores de la academia, industria y sociedad, las que elaboraron un documento con propuestas en ética, industria y desarrollo, políticas públicas, educación y talento, y responsabilidad y sesgos, el que se entregó al ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).
Para dar continuidad a este trabajo, la Mesa de IA solicitó una reunión con la ministra de CTCI, Aisén Etcheverry. El encuentro se realizó este martes y participaron los 10 chair de las submesas y la senadora Ximena Rincón, quien presidía la comisión Desafíos del Futuro cuando se conformó la mesa.
La senadora calificó la reunión como “positiva” y señaló que hay muchos temas de esta propuesta que se incluyeron en el proyecto de ley de IA del Ejecutivo, y “otras que la idea es que sigan revisándose” y acompañen el proceso legislativo.
Comité y recursos para IA
En la reunión se acordó crear un comité técnico para asesorar al Ejecutivo en temas de IA, el que estará compuesto por los 10 líderes de las submesas y que sesionará una vez al mes.
La senadora Rincón señaló que el objetivo de esta instancia es acompañar la discusión legislativa y de políticas públicas.
“Hay una convicción que no todo requiere ley y que hay muchas cosas que se pueden ir avanzando a través de definiciones y coordinaciones del Gobierno o que se implementen en el sector productivo o educacional”, dijo.
En tanto, la chair de la submesa de Industria y Desarrollo, y CEO de Singularity Chile, Bárbara Silva, comentó que con este comité se busca “que el diálogo continúe, se levanten temas para hacer coordinaciones cruzadas entre los distintos ministerios y detectar oportunidades para la IA desde la política pública”.
Durante la reunión también se acordó poner “especial énfasis” en cómo aplicar IA en todos los ministerios durante la discusión de la próxima Ley de Presupuestos.
La senadora Rincón señaló que la IA se puede aplicar, por ejemplo, a las listas de espera en salud y en el ámbito de la seguridad y crimen organizado.
“El año pasado tuvimos más de 70 mil personas esperando y creemos que tiene que ver con gestión y no necesariamente de recursos”, dijo.
En noviembre de 2019, menos de un mes después del “estallido social”, el Congreso aprobó un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas. El efecto inmediato significó evitar un alza de 9,2% promedio en las cuentas de la luz. Esta fue una de las medidas de la agenda social anunciada por el exPresidente Sebastián Piñera, que benefició a las familias chilenas. Así, las tarifas fueron congeladas para los clientes regulados hasta diciembre de 2020, medida que posteriormente fue extendida, debido a la pandemia.
Se comentó, en su minuto, que esta decisión permitiría, además, adelantar la rebaja de tarifas que se esperaba a partir de 2023, como consecuencia del ingreso de energías renovables y otros contratos más baratos -lo que al parecer no era tal-, como también porque se neutralizaría el efecto del dólar, que en los días posteriores al estallido sufría los efectos del over shooting o sobrerreacción, característica del tipo de cambio.
Con el alza de tarifas eléctricas ha pasado lo que siempre ocurre con los malos acuerdos: nadie quiere pagar las cuentas cuando el momento llega.
No había nadie que no sacara cuentas alegres en noviembre de 2019. Se hablaba del profundo análisis técnico realizado y del diálogo político transversal que había posibilitado que, en menos de tres días de tramitación, se aprobara este gran acuerdo. Pero como siempre pasa con los malos acuerdos, nadie quiere después pagar las cuentas y ahora llegó el momento de hacerlo.
El congelamiento de las tarifas llevó a que las empresas de generación eléctrica registraran una cuenta por cobrar en sus balances. Y como en toda firma -PYME, mediana o grande-, llega el momento de pasar por caja una cuenta por cobrar, aunque uno pueda dar plazo a los clientes. En la actualidad, esa cuenta por cobrar o ese activo que tienen las generadoras alcanza a US$ 6 mil millones, lo que equivale a 2 puntos del PIB. Dado que Chile es un país serio, y como tal tiene una reputación que cuidar, se deben pagar las obligaciones con las empresas generadoras que, además, son extranjeras.
Y, como no hay mal que dure 100 años ni deuda que no se pague, la semana pasada se supo que, a partir de julio de este año, las cuentas de la luz comenzarán a reajustarse para pagar esa deuda. Por esta razón, se registrarán incrementos de hasta 30%, en pleno invierno, cuando el consumo de luz es mayor y donde un alza de esta magnitud afectará sobremanera a las familias más vulnerables. Como mitigación, se aplicarán subsidios para el 1,5 millón de familias en tales condiciones.
Lo extraño es que, ahora, el oficialismo presiona por frenar las alzas, preocupado por su efecto en la inflación, siendo que en su momento fueron las mismas personas las que aprobaron los retiros de los fondos de pensiones que desembocaron en la inflación anual de 14%. Pareciera que si frenamos el aumento de las tarifas eléctricas viviríamos, entonces, en una suerte de país mágico donde los ajustes se postergan para siempre, en una especia de esquema de Ponzi. Pero la realidad es otra; en los juegos de caja los billetes son de papel, pero en la realidad los compromisos que se asumen se respetan y las cuentas se pagan.
#hay #deuda #pague
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JAVIERA CÉSPEDES Socia Mizón Abogados IAN HENRÍQUEZ Doctor en Derecho U. DE Los Andes
JAVIERA CÉSPEDES Y IAN HENRÍQUEZ
La ética no es solo una cuestión de conciencia, sino un pilar fundamental en el actuar de las personas, especialmente de quienes desempeñan funciones públicas. En el contexto del derecho chileno, la obligación de incorporar la ética en la conducta de los funcionarios públicos es clara y está bien establecida. Tanto la Constitución, como la Ley 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, consagran el principio de probidad, definiéndolo como la obligación de observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal, siempre priorizando el interés general sobre el particular. Sin embargo, la realidad muchas veces muestra una brecha entre la teoría y la práctica.
El último “Reporte sobre principales resultados de auditoría 2022”, de la Contraloría General de la República al servicio público, revela un panorama preocupante: contabiliza 13.178 observaciones, con un monto objetado por más de $ 2.191.776.699.242, equivalente a cerca de 3,4% del presupuesto fiscal de ese año. Estos números reflejan no solo un problema de coherencia en el respeto al principio de probidad, sino una crisis en las instituciones públicas, agravado por la falta confianza de la ciudadanía en las mismas y exacerbado por casos de corrupción y la creciente influencia de la narco-cultura.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU incluyen entre sus propuestas prevenir la corrupción. En ese marco, Chile debiera avanzar tanto en la creación de normas, como en asegurar su cumplimiento.
En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos asegurar que el actuar ético sea una constante en la carrera funcionaria? La respuesta podría estar en la educación y en la creación de incentivos. No basta con la existencia de códigos de ética; es imprescindible mejorar la formación ética de los funcionarios, desde su incorporación al servicio público y a lo largo de toda su carrera. Incluso, podría llevarse un registro de las consultas canalizadas donde se destaquen las buenas y las malas prácticas que se han visto en las instituciones, no solo para lograr un adecuado monitoreo de las consultas y denuncias, sino también para lograr un mejor autocontrol y autocrítica por parte de quienes ejercen la función pública.
Implementar un sistema de distinciones y retribuciones, que además de las económicas incluya reconocimientos simbólicos, podría ser una estrategia efectiva para incentivar la ética individual. Esta medida no solo premiaría el desempeño honesto, sino que también construiría una cultura institucional más íntegra para nuestro país. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, específicamente en el objetivo 16, destaca la importancia de prevenir la corrupción como un camino hacia el desarrollo sostenible. Chile, al integrar la probidad administrativa en esta agenda, debe avanzar no solo en la creación de normas, sino en asegurar su cumplimiento efectivo.
En conclusión, la ética en el servicio público no puede quedarse solo en el ámbito de las buenas intenciones. Requiere de acciones concretas, educación continua y sistemas de incentivos que promuevan y premien el actuar probo. Solo así podremos enfrentar los desafíos actuales y construir una administración pública que sea realmente un reflejo de integridad y servicio al bien común.