Una reunión telemática con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y el senador Felipe Kast (Evópoli), quien encabeza la Comisión de Seguridad, sostuvieron este jueves en la mañana la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (independiente).

El encuentro era parte de una ronda de conversaciones que han realizado los representantes del gobierno con diputados y senadores de todas las bancadas para comunicar su estrategia que intenta corregir, a través de un veto presidencial (“observación”, según el concepto que emplea la Constitución), al proyecto que endurece las medidas en contra de las usurpaciones de propiedades.

Esta iniciativa fue despachada el 30 de agosto pasado por el Congreso y el Presidente Gabriel Boric tiene hasta el viernes 29 de septiembre plazo para devolverla con su propuesta de correcciones.

Si bien en una cita previa con diputados del oficialismo, realizada el miércoles, el Ejecutivo ya estaba inclinado por enviar un veto que sustituyera todo el texto aprobado por la Cámara y el Senado, en la conversación con Coloma y Kast, la ministra y la subsecretaria se abrieron a instalar una mesa técnica para que las observaciones presidenciales cuenten con el mayor consenso posible.

“Tuvimos una conversación franca, donde el gobierno nos transparentó cuáles eran los elementos que quería incluir en el veto. Manifestamos que el corazón del proyecto no se tocara y vimos disposición del gobierno a iniciar un diálogo para construir puntos de acuerdos. Decidimos establecer una mesa de equipos técnicos y hacer un intento por salvar el corazón del proyecto. Obviamente somos cautos”, dijo el senador Kast, quien, además, detalló que para la oposición son temas centrales que el delito de usurpación tenga una pena de cárcel y que los propietarios se puedan defender ante una agresión.

Respecto de cómo se materializará el veto, el legislador de Evópoli dijo que “acordamos que nos íbamos a concentrar en el fondo. Es más relevante discutir el fondo que quedarnos en la forma”.

“Si no hay acuerdo, claramente se transforma en algo más violento, que el Ejecutivo de forma unilateral intente pasar por encima de la voluntad del Congreso”, añadió Kast.

El anuncio de Kast sobre una mesa técnica, sin embargo, volvía a dejar al gobierno en una situación incómoda, ya que se adelantaba a la propia responsabilidad de La Moneda de informar sus pasos legislativos.

El día anterior, el Ejecutivo ya había sido “madrugado” por los diputados oficialistas que informaron en los patios del Palacio Presidencial la intención de enviar un veto sustitutivo global.

Al margen de esos incidentes, en esta mesa técnica entre gobierno y oposición estarán los abogados José Manuel Astorga, asesor de Kast; Pablo Urquízar y Pablo Celedón, por parte de RN, y Carlos Oyarzún, por la UDI.

A nombre del gobierno participarán la subsecretaria Lobos y el asesor jurídico de la ministra Tohá, Rafael Collao.

Hasta antes de que se instalara el grupo de trabajo, en las fuerzas opositoras había molestia por la intención del gobierno de reemplazar el proyecto completo, ya que, si este veto global no era aprobado, podría caerse toda la ley.

“Quiebra las confianzas”, alcanzó a señalar antes de que se constituyera la mesa técnica, por ejemplo, el senador y jefe de bancada de RN, Manuel José Ossandón, quien integra la Comisión de Seguridad.

“Es una locura sustituir todo el proyecto”, agregó en la mañana otro senador miembro de esa misma comisión de la Cámara Alta, Alejandro Kusanovic (independiente RN).

En tanto, en la Cámara, las voces críticas y las advertencias se propagaron rápidamente en la mañana.

“Se aprueba lo que el Presidente quiere o no hay ley, eso es antidemocrático”, comentó, antes de que se abriera esta ventana de negociaciones, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), quien, en todo caso, también estará ahora representado en la mesa técnica por Urquízar y Celedón, quienes lo asesoran en temas legislativos

La diputada Flor Weisse, subjefa de bancada de la UDI, dijo que “si insisten con modificar el corazón del proyecto, la Ley de Usurpaciones será letra muerta o, incluso peor, no habrá norma”.

La estrategia de La Moneda también generó rechazo en sectores no alineados.

El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, quien es representante de La Araucanía, coincidió en que probablemente “el veto no se va a aprobar y se va a caer la ley. ¿Cómo le responde el gobierno a quienes tienen su predio usurpado hoy?”.

El presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), también fustigó al gobierno por enterarse por la prensa y no coordinar debidamente una acción legislativa de tal envergadura, que requiere un amplio apoyo. “Ahora supimos que sería un veto sustitutivo y global. Lo lógico hubiera sido que el gobierno se reuniera con el titular del Senado y de la Cámara, ya que llevamos meses coordinando la agenda legislativa de seguridad… Llamo al gobierno a no seguir cometiendo este tipo de errores”, comentó.

Una de las características de un veto sustitutivo global es que obliga al oficialismo y a las fuerzas opositoras y no alineadas (como la DC, PDG, Amarillos y Demócratas) a votar la propuesta del gobierno como si fuera un paquete cerrado.

El planteamiento gubernamental requiere sólo de una mayoría simple en ambas ramas del Congreso para ser aprobado. Sin embargo, si es rechazado, se podría caer toda la ley, por el mismo hecho de que el veto reemplaza en forma íntegra el escrito despachado por el Parlamento.

En caso de que fuera desechado este veto presidencial, la Constitución da una última chance, que los senadores y diputados reúnan dos tercios de ambas cámaras para reponer el texto original que el Presidente se resistió a promulgar. No obstante, reunir dos tercios del Congreso (33 senadores y 103 diputados) es una tarea casi imposible para un sólo sector político.

En julio de 2022, La Moneda ya había sufrido un duro revés legislativo con un veto sustitutivo en la tramitación de la ley de protección de infraestructura crítica.

Entonces, algunos diputados oficialistas se abstuvieron y los de derecha rechazaron la observación presidencial, por lo que terminó por matar el proyecto.

El objetivo principal del veto anunciado por el gobierno era eliminar la “legítima defensa privilegiada”, que le otorgaba a un privado el derecho de poder recuperar por la fuerza propia (sin auxilio de Carabineros) su propiedad usurpada. Ese principio sumado a la figura de la “flagrancia permanente” (es decir, mientras dure la toma, el delito se sigue cometiendo), permitiría a particulares proceder en cualquier momento para rescatar sus inmuebles.

“Necesitamos una ley que respete un principio básico y es que, en Chile, los conflictos entre particulares no se resuelven a través de la violencia. Este principio no era resguardado en el texto aprobado por el Congreso y, por eso, fuimos muy explícitos en señalar que íbamos a vetar esta iniciativa para perfeccionarla”, señaló el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS).