La Ley de 40 horas, además de reducir gradualmente las horas de trabajo hasta llegar a dicha cifra en abril de 2028, consideró una serie de otros cambios. Uno de ellos, es que estableció que dicha jornada podrá realizarse en no menos de cuatro ni más de seis días continuos de labor.
Esto último implica que, desde abril de 2028 -cuando todo el país ya cuente con una jornada de 40 horas-, se podrían implementar esquemas de cuatro días de trabajo y tres de descanso en gran parte de las empresas del país.
De hecho, si un empleador se adelanta y decide desde ya aplicar la jornada de 40 horas semanales, podrá también convenir su realización bajo dicha modalidad, una que ya está funcionando en otros lugares del mundo.
La iniciativa fomenta el modelo 100:80:100 ¿Qué significa esto? Que los trabajadores reciben un salario del 100% por el 80% del tiempo trabajado y se alcanzan los objetivos de productividad en un 100%.
Un ejemplo es Perpetual Guardian, una compañía neozelandesa que administra fideicomisos, testamentos y gestión de patrimonio, que en 2018 puso en marcha el modelo de semanas laborales de cuatro días. El esquema trajo positivos resultados en materia de productividad, eficiencia y calidad de vida de los trabajadores.
Este éxito dio paso a “4 Day Work Week Global”, una organización internacional que está implementado en distintos países del mundo, -a través de socios locales-, un modelo de trabajo reducido en el tiempo pero enfocado en mantener y promover la productividad del trabajo al interior de las organizaciones, con resultados favorables para empleadores y, por sobre todo, para el bienestar y calidad de vida de los trabajadores.
Esto, a través del modelo 100:80:100. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores reciben un salario del 100% por el 80% del tiempo trabajado y se alcanzan los objetivos de productividad en un 100%.
En Chile la iniciativa encontró eco en ZM Consultores Laborales, la consultora legal boutique especializada en asesorar a las organizaciones acerca de asuntos laborales y de seguridad social -orientada a dar asesoría estratégica y preventiva-, fundada por la exministra del Trabajo, María José Zaldívar, y su exjefe de asesores, Sebastián Merino.
Los abogados serán los partners de esta organización global y, como tales, procurarán incentivar la aplicación de la modalidad en el país.
“El ser partners exclusivos de 4 Day Work Week Global en Chile hace que ZM Consultores Laborales sea parte de una organización y movimiento global que está derribando paradigmas y antiguas formas de trabajo de forma vertiginosa, en base a evidencia y con foco en la productividad”, cuenta Merino.
“Poder demostrar que esto sí funciona, fue lo que nos hizo sentido”, complementa Zaldívar.
Los preparativos
Actualmente, el estudio está terminando su capacitación e inducción en aspectos específicos del modelo con que opera la organización.
Luego de ello, Merino explica que iniciarán una nueva fase “en la que reclutaremos organizaciones y trabajadores para realizar un Primer piloto del 4 Day Work Week en Chile”. En este marco, se guiará a las organizaciones y sus equipos de trabajo que quieran participar en el diseño, implementación y seguimiento de este modelo en sus organizaciones.
El abogado detalla que la implementación de este plan piloto conlleva poder efectuar una medición externa y experta de los resultados que obtienen las organizaciones y trabajadores que participen, y esos resultados se publicarán posteriormente con el fin de poder fomentar e inspirar a organizaciones del mundo privado, sector público y la comunidad académica del país a atreverse a analizar y finalmente a implementar esta medida de flexibilidad.
“Tenemos la convicción de que este modelo puede funcionar muy bien en Chile, y que termine siendo una alternativa real, atractiva y estratégica para las organizaciones”, dice Merino.
Ya hay planes pilotos en empresas de países como el Reino Unido, España, Portugal, Australia, Brasil o Sudáfrica, los cuales han permitido constatar que la productividad se ha mantenido e, incluso, en la mayoría de los casos ha aumentado, así como la retención y atracción de talento.
“Por su parte, para los trabajadores, los niveles de bienestar y satisfacción en el trabajo han aumentado considerablemente”, afirma Merino junto con destacar que se ha verificado una disminución de los niveles de estrés, agotamiento (burnout), ausentismo laboral y rotación.
“Para nosotros como consultora es súper interesante encontrar mecanismos para que la nueva Ley no se limite a algo literal que solo implique reducción. Lo que nos parece interesante es descubrir mecanismos que permitan mezclar buenos resultados que conlleven a una mejor calidad de vida y buenos resultados en productividad”, manifiesta Zaldívar.
Con todo, Merino destaca que el modelo de 4 Day Work Week no conlleva solo concentrar la jornada en cuatro días, sino que puede ser otra fórmula que implique aumentar la productividad mediante un trabajo de menos horas.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.