En medio de la controversia por las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social hacia personas que cuentan con antecedentes penales, la ministra del Interior Carolina Tohá anunció este domingo que a 25 de los pensionados se les revocará el beneficio y que otros casos serán revisados.
Desde Renovación Nacional, los diputados Andrés Longton y Camila Flores instaron a que la revocación del beneficio se extienda:
“Lo que tiene que hacer el gobierno es revocar todas y cada una de las pensiones de gracia, no una cantidad mínima de aquellas. Tiene que revocarlas todas, partir de esa premisa y luego analizando caso a caso, en el mérito de cada una, con antecedentes médicos, por cierto que las avalen, sin antecedentes penales (…) Es plata de todos los chilenos y podría ser utilizada en muchas mejores cosas, porque esta plata es para toda la vida. Estamos hablando de personas jóvenes, que tienen muchos años por delante y por lo tanto, el gasto para el fisco es enorme. La ministra Tohá, para variar, equivocándose y, haciendo las cosas mal”, dijo la diputada Flores.
Por su parte, su compañero de bancada, Andrés Longton manifestó que “después del lapidario informe de Contraloría que constata diversas irregularidades que advertimos en la comisión investigadora, este debe ser el primer paso, que llega tarde, ya que valiosos recursos ya terminaron en manos de delincuentes. Esto no se puede agotar acá, este debe ser el inicio de muchas revocaciones de pensiones, con unas pocas no se puede dar esto por agotado. Si se entregaron estas livianamente, esto podría ocurrir asimismo con las revocaciones, el actuar negligente podría darse nuevamente. Uno esperaría que asuman las responsabilidades por este viciado proceso y no sigan justificándose. Acá hay un componente político que tiene que ver con la condescendencia con lo que ocurrió en el estallido social que explica este actuar errático, que solo moviliza al gobierno por la presión social y política cuando se sienten pillados y arrinconados”.
Por otro lado el diputado, Raúl Soto (PPD) valoró la medida. “Me parece que es una buena decisión revocar el error de las pensiones de gracia mal entregadas a delincuentes condenados e incluso reincidentes. En medio de la crisis de seguridad, no podemos dar ese tipo de señales a la ciudadanía. Esas pensiones de gracia deben ser revocadas y no deben seguir ocurriendo situaciones como esta en el futuro. Todos los que tienen antecedentes criminales que amerite que se revoquen estas pensiones de gracia, debe hacerse, porque los recursos públicos pertenecen a todos los chilenos y no pueden ser utilizados para otorgar beneficios económicos a delincuentes, menos en el contexto de crisis de seguridad en el que estamos”.
El diputado de la UDI, Henry Leal, al contrario,se mostró de acuerdo con que más pensiones se dejen sin efecto: “Nosotros creemos que se deben revocar todas las pensiones de gracia entregadas a personas que tengan antecedentes penales, sin distinción. Las pensiones de gracia tienen un espíritu que es entregarle a quienes hayan prestado un servicio a la patria, una labor destacada, no para premiar a delincuentes”.
En ese sentido, el diputado Leal abordó la propuesta de la bancada de diputados UDI de acelerar la tramitación de un proyecto en la Cámara que revoque el beneficio. La discusión, según la bancada, debería darse a más tardar entre el lunes o martes de la próxima semana y no en marzo.
“Por eso hemos hecho esta petición a la Cámara de Diputadas y Diputados -y esto depende exclusivamente de la mesa de la Cámara, de la presidencia de los comités- esperamos que el presidente de la Cámara, diputado Ricardo Cifuentes (DC) esté a la altura de la circunstancias y fijemos la sesión especial lunes de la tarde o martes y podamos discutir y aprobar este proyecto de ley, que permite revocar las pensiones de gracia fraudulentas, más allá de la facultad que tenga el presidente por la vía reglamentaria administrativa. Aquí tenemos que actuar con prontitud y con señales claras. Sería poco entendible para la ciudadanía que este tema lo dejemos para marzo, cuando seguramente habrá otras contingencias en el país”, explicó.
La propuesta fue valorada en la bancada RN. El diputado Frank Sauerbaum (RN), jefe de bancada, instó al gobierno a actuar con celeridad: “Creemos que hay que darle trámite lo antes posible, claramente lamentamos que tengamos que presentar los parlamentarios proyectos de ley en esta línea, considerando que es una atribución exclusiva del Presidente y tenga el poco convencimiento de hacerlo de motu propio o simplemente de oficio”.
Bajo esa línea, el parlamentario de RN explicó que “hace meses Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que modifica la ley que entrega las pensiones de gracia. La Contraloría hace unos días nos ha dado la razón aclarando que es posible hacer la revocación de estas pensiones de gracia, si las personas tienen antecedentes penales. Lo cierto es que Renovación Nacional en su artículo transitorio propone hacer esta revocación inmediatamente a quienes tengan antecedentes penales, pero fue desestimado por los partidos de gobierno, por lo tanto los llamamos a hacer una reflexión rápida y tomar una acción decidida para que el octubrismo y la violencia no siga estando presente en el gobierno y que es rechazada por la gran mayoría de los chilenos”.
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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