Luego de 18 meses de disputa con los socios canadienses, la familia Imschenetzky se convirtió en el dueño del 100% de Marina del Sol. El resultado se dio después de una larga batalla, la cual empezó luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) allanó las casas de los principales ejecutivos de la industria de casinos en agosto de 2022. ¿La razón? una supuesta coordinación con Enjoy y Dreams, que destruyó las relaciones que por más de 15 años tuvieron el grupo Clairvest con las sociedades Valmar e Ilsa.
Este 9 de abril, Marina del Sol informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que sus dueños llegaron a un acuerdo. Suscribieron a un contrato denominado “Stock Purchase Agreement” o acuerdo de compra de acciones. Según lo comunicado, el Grupo Valmar acordó comprar al Grupo Clairvest la totalidad de la participación que directa o indirectamente mantiene en Grupo Marina del Sol, incluyendo la totalidad de las acciones o derechos que Grupo Clairvest mantiene directa o indirectamente.
“El cierre de la compraventa ha quedado sometida a ciertas condiciones suspensivas usuales para este tipo de operaciones, incluyendo las aprobaciones regulatorias aplicables, así como la obtención del financiamiento asociado a la Compraventa, las cuales deberán cumplirse en un plazo no superior al 15 de noviembre de 2024”, se desprende de la misiva enviada a la CMF.
Qué dice el pacto de accionistas
El arbitraje entre los socios partió en enero de 2023, unos seis meses después de que se gatillaran los roces entre los dueños de Marina del Sol. Todo se generó por las desconfianzas que despertó el proceso llevado por la FNE, según se desprende de una serie de correos presentados como evidencia en el 1er Juzgado del Laboral de Santiago en el marco de la demanda por despido injustificado del exCEO Francisco Muñoz contra Marina del Sol.
Allí, se revela que el empresario Nicolás Imschenetzky y los canadienses que son representados en el directorio por Sebastien Dhonte y Michael Wagman, comenzaron a tener una serie de disputas internas, la cual tuvo como centro el manejo de la compañía.
Un episodio que ilustra lo anterior, fue cuando en diciembre el socio chileno acusó -mediante correo electrónico- a los canadienses de una “supuesta rebelión ilegal contra los acuerdos del directorio”, por designar a Muñoz como gerente general sin consultar a Valmar e Ilsa, con quienes habría pactado que antes de designarlo era necesario “observar su desempeño funcionario previamente, como ‘director ejecutivo’”.
Así, según el pacto de accionistas de Marina del Sol que data de 2008, cuando un socio ofendido activa un arbitraje, se abre un período de 45 días para resolver la disputa “de buena fe”. Dado que esos acercamientos fracasaron cada parte nombró a un árbitro de derecho y entre los dos designan un tercero. De acuerdo al documento, la parte que pierda el juicio podrá solicitar que se vendan las acciones de la sociedad, con un descuento del 20% de la propiedad. Este proceso así podría durar 24 meses.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.