El Servicio de Impuestos Internos (SII) llenó la vacante de uno de sus cargos estratégicos: la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC).
Tras la salida del anterior director, Christian Soto, por su eventual implicancia en delitos mencionados en el denominado caso Audios, el organismo designó hoy al abogado Sergio Henríquez como nuevo jefe de la unidad.
Henríquez es abogado y magíster en Derecho Tributario, ambos de la Universidad de Chile. Tiene 40 años y cuenta con más de 15 años de experiencia en materia tributaria, tanto en el ámbito público como privado.
En el ámbito laboral, fue asesor de política tributaria del Ministerio de Hacienda entre 2014 y 2017, y luego Coordinador de política tributaria de la cartera a fines del gobierno de la expresidenta Bachelet. También se desempeñó como jefe de gabinete en la Subsecretaría de Hacienda, entre marzo de 2022 y marzo de 2023. Hasta la fecha, se desempeñaba como jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
En su desempeño en el mundo privado trabajó como abogado tributario en Sapag y González, Bofill, Escobar, Silva, y fue gerente senior en la consultora KPMG, especializándose en temas relacionados con tributación inmobiliaria y tributación internacional.
En el plano académico, el abogado ha sido docente en distintos cursos de postgrado relacionados con el derecho tributario en las Universidades Adolfo Ibáñez y Católica de Valparaíso.
Cercano al Frente Amplio, Henríquez es hijo del exministro de Vivienda del mismo nombre durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, entre 1997 y 2000.
El área donde llega
El año pasado, y como parte de su estrategia de fiscalización del cumplimiento tributario de los grandes grupos empresariales, el SII reestructuró la DGC, con la inclusión de tres departamentos de Cumplimiento de Grandes Grupos Empresariales, una Oficina de Facilitación y Asistencia, un Departamento Jurídico, un Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios, un Departamento de Administración y una Oficina de Apoyo a la Gestión.
El proceso contempló también la actualización de los criterios de incorporación a la nómina de contribuyentes que maneja la repartición.
“Con estos cambios, el foco del trabajo de la DGC ya no está puesto en la revisión de cada empresa como tal, sino en generar un conocimiento acabado del modelo de negocios implementado por cada grupo y, de esa forma, diseñar un tratamiento diferenciado, aprovechando todas las capacidades instaladas en los equipos del servicio y fortaleciendo la vinculación con otras instituciones del Estado y administraciones tributarias, en el marco del Foro de las Administraciones Tributarias, dependiente de la OCDE, de la cual nuestro Servicio forma parte activa”, explicó el SII en el comunicado donde anuncia la llegada de Henríquez a la DGC.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.