El aumento del salario mínimo a $500.000 está cada vez más cerca de ser una realidad luego de que la Cámara de Diputados aprobara la semana pasada el proyecto que fija ese monto para 2024, y ahora le toca al Senado discutir esta propuesta.
con esta iniciativa portales de anuncios de convertirse en ley, distintos sectores productivos vienen advirtiendo sobre sus efectos, especialmente entre Pymes que han criticado este incremento. Y en este marco, ahora son los hoteles que aseguran que la actividad de la industria se verá gravemente afectada con la entrada en vigor de la normativa.
A través de una encuesta realizada entre 87 miembros, Los hoteleros de Chile señalaron que el 82% aseguró que el aumento del salario mínimo afectará directamente su operación. Entre las principales implicaciones mencionaron que habría aumento de tarifas, cero inversión, baja rentabilidad, un alto coste de mantenimiento, falta de liquidez e, incluso, reducciones de personal.
Las respuestas también señalaron que la contratación de personal podría verse afectada -aumentando así los trabajadores a tiempo parcial-, menor productividad, tender a eliminar los bonos por ventas y llegar hasta cierres de establecimientos.
Por el contrario, el 17% afirmó que esta medida no afectará sus operaciones, porque es una situación que “ya se ha asumido y considerado”, o que el salario mínimo ya contempla $500.000, y dijo que una medida de este tipo implica una mejor calidad de vida y una mejor disposición del personal.
En tanto, se preguntó a los socios: “Considerando que el salario mínimo actual es de $410.000 a partir de enero de 2023 y llegaría a $500.000 en julio de 2024, ¿qué porcentaje de ese incremento cree que debería corresponder al subsidio estatal que acompaña hasta abril de 2025? Y el 31% respondió que el Estado debería subvencionar más del 80% de ese aumento.
Por su parte, el 19% de los encuestados mencionó que el subsidio debería ser del 40% – 50%.
Rentabilidad y tasa de ocupación
Además, el estudio pidió a los hoteleros que indicaran el porcentaje de recuperación actual en comparación con los resultados previos a la pandemia. Y las respuestas revelaron que menos de la mitad de las empresas han vuelto a niveles positivos.
En cuanto a la tasa de ocupación, el 20% manifestó que tienen 50% – 60% de huéspedes, mientras que el 17% mantiene entre un 40% y un 50% de ocupación. Y solo el 15% de los entrevistados dice mantener un índice de entre el 60% y el 70%.
En cuanto a la dotación de personal, el 28% de los socios indicó que cuentan con más del 80% de trabajadores en comparación con el periodo previo a la pandemia, y el 15% sostuvo que mantienen entre el 60% – 70% de la plantilla.
Finalmente, En cuanto a la rentabilidad, el 25% mencionó que reportan entre 20% y 30%mientras que el 20% de los entrevistados no superan el 10% con respecto al índice.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.