La empresa MKR -fundada por Mauricio Kishinevsky Rosental en 1950, y que es una de las principales compañías de venta de bicicletas en el país- esquivó la quiebra y logró sacar adelante un proceso de reorganización judicial. La firma tiene 1.500 puntos de comercialización en el país, incluyendo tiendas propias con la marca Extreme Zone.
Asesorada por el Estudio Nelson Contador Abogados & Consultores, la compañía renegoció pasivos por casi $ 9 mil millones, siendo sus principales acreedores los bancos Scotiabank Chile, BCI y De Chile.
El plan visado consiste en una estructura de amortización ordinaria de créditos bancarios a largo plazo, considerando el otorgamiento de un plazo de gracia de pago de capital de intereses. Además, se contempla la venta de un inmueble en el centro de Santiago, con el objeto de pagar a su acreedor garantizado Scotiabank y amortizar extraordinariamente los créditos de sus demás prestamistas financieros.
A su vez, la compañía propuso estructuras de pago más favorables para sus distintas clases de proveedores, nacionales e internacionales, a quienes identifica como actores clave en el levantamiento de su negocio y nuevos horizontes comerciales.
En su solicitud de reorganización, la empresa dijo que tras el boom del mercado de las bicicletas por la pandemia, el negocio cayó en una desaceleración, pero que confía en que se recuperará en los próximos años.
Detalló que la crisis sanitaria potenció de manera inesperada la venta de bicicletas, las que se transformaron en una alternativa para movilizarse en la ciudad.
Añadió que, después del aumento en las ventas durante la pandemia, la demanda de estos productos experimentó una significativa y sostenida disminución. Esto lo atribuyó al desconfinamiento y la diversificación de actividades, el empeoramiento de la situación macroeconómica a nivel global, la inflación y el aumento de tasas de interés de mercado, permitiendo menor acceso al crédito, la pérdida de poder adquisitivo, las bajas perspectivas de crecimiento, la inestabilidad y deterioro de la actividad económica local. “Esto trajo como consecuencia un alza exponencial de los stocks y sus costos asociados, alcanzando niveles nunca antes vistos”, explicó.
En noviembre de 2019, menos de un mes después del “estallido social”, el Congreso aprobó un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas. El efecto inmediato significó evitar un alza de 9,2% promedio en las cuentas de la luz. Esta fue una de las medidas de la agenda social anunciada por el exPresidente Sebastián Piñera, que benefició a las familias chilenas. Así, las tarifas fueron congeladas para los clientes regulados hasta diciembre de 2020, medida que posteriormente fue extendida, debido a la pandemia.
Se comentó, en su minuto, que esta decisión permitiría, además, adelantar la rebaja de tarifas que se esperaba a partir de 2023, como consecuencia del ingreso de energías renovables y otros contratos más baratos -lo que al parecer no era tal-, como también porque se neutralizaría el efecto del dólar, que en los días posteriores al estallido sufría los efectos del over shooting o sobrerreacción, característica del tipo de cambio.
Con el alza de tarifas eléctricas ha pasado lo que siempre ocurre con los malos acuerdos: nadie quiere pagar las cuentas cuando el momento llega.
No había nadie que no sacara cuentas alegres en noviembre de 2019. Se hablaba del profundo análisis técnico realizado y del diálogo político transversal que había posibilitado que, en menos de tres días de tramitación, se aprobara este gran acuerdo. Pero como siempre pasa con los malos acuerdos, nadie quiere después pagar las cuentas y ahora llegó el momento de hacerlo.
El congelamiento de las tarifas llevó a que las empresas de generación eléctrica registraran una cuenta por cobrar en sus balances. Y como en toda firma -PYME, mediana o grande-, llega el momento de pasar por caja una cuenta por cobrar, aunque uno pueda dar plazo a los clientes. En la actualidad, esa cuenta por cobrar o ese activo que tienen las generadoras alcanza a US$ 6 mil millones, lo que equivale a 2 puntos del PIB. Dado que Chile es un país serio, y como tal tiene una reputación que cuidar, se deben pagar las obligaciones con las empresas generadoras que, además, son extranjeras.
Y, como no hay mal que dure 100 años ni deuda que no se pague, la semana pasada se supo que, a partir de julio de este año, las cuentas de la luz comenzarán a reajustarse para pagar esa deuda. Por esta razón, se registrarán incrementos de hasta 30%, en pleno invierno, cuando el consumo de luz es mayor y donde un alza de esta magnitud afectará sobremanera a las familias más vulnerables. Como mitigación, se aplicarán subsidios para el 1,5 millón de familias en tales condiciones.
Lo extraño es que, ahora, el oficialismo presiona por frenar las alzas, preocupado por su efecto en la inflación, siendo que en su momento fueron las mismas personas las que aprobaron los retiros de los fondos de pensiones que desembocaron en la inflación anual de 14%. Pareciera que si frenamos el aumento de las tarifas eléctricas viviríamos, entonces, en una suerte de país mágico donde los ajustes se postergan para siempre, en una especia de esquema de Ponzi. Pero la realidad es otra; en los juegos de caja los billetes son de papel, pero en la realidad los compromisos que se asumen se respetan y las cuentas se pagan.
#hay #deuda #pague
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JAVIERA CÉSPEDES Socia Mizón Abogados IAN HENRÍQUEZ Doctor en Derecho U. DE Los Andes
JAVIERA CÉSPEDES Y IAN HENRÍQUEZ
La ética no es solo una cuestión de conciencia, sino un pilar fundamental en el actuar de las personas, especialmente de quienes desempeñan funciones públicas. En el contexto del derecho chileno, la obligación de incorporar la ética en la conducta de los funcionarios públicos es clara y está bien establecida. Tanto la Constitución, como la Ley 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, consagran el principio de probidad, definiéndolo como la obligación de observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal, siempre priorizando el interés general sobre el particular. Sin embargo, la realidad muchas veces muestra una brecha entre la teoría y la práctica.
El último “Reporte sobre principales resultados de auditoría 2022”, de la Contraloría General de la República al servicio público, revela un panorama preocupante: contabiliza 13.178 observaciones, con un monto objetado por más de $ 2.191.776.699.242, equivalente a cerca de 3,4% del presupuesto fiscal de ese año. Estos números reflejan no solo un problema de coherencia en el respeto al principio de probidad, sino una crisis en las instituciones públicas, agravado por la falta confianza de la ciudadanía en las mismas y exacerbado por casos de corrupción y la creciente influencia de la narco-cultura.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU incluyen entre sus propuestas prevenir la corrupción. En ese marco, Chile debiera avanzar tanto en la creación de normas, como en asegurar su cumplimiento.
En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos asegurar que el actuar ético sea una constante en la carrera funcionaria? La respuesta podría estar en la educación y en la creación de incentivos. No basta con la existencia de códigos de ética; es imprescindible mejorar la formación ética de los funcionarios, desde su incorporación al servicio público y a lo largo de toda su carrera. Incluso, podría llevarse un registro de las consultas canalizadas donde se destaquen las buenas y las malas prácticas que se han visto en las instituciones, no solo para lograr un adecuado monitoreo de las consultas y denuncias, sino también para lograr un mejor autocontrol y autocrítica por parte de quienes ejercen la función pública.
Implementar un sistema de distinciones y retribuciones, que además de las económicas incluya reconocimientos simbólicos, podría ser una estrategia efectiva para incentivar la ética individual. Esta medida no solo premiaría el desempeño honesto, sino que también construiría una cultura institucional más íntegra para nuestro país. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, específicamente en el objetivo 16, destaca la importancia de prevenir la corrupción como un camino hacia el desarrollo sostenible. Chile, al integrar la probidad administrativa en esta agenda, debe avanzar no solo en la creación de normas, sino en asegurar su cumplimiento efectivo.
En conclusión, la ética en el servicio público no puede quedarse solo en el ámbito de las buenas intenciones. Requiere de acciones concretas, educación continua y sistemas de incentivos que promuevan y premien el actuar probo. Solo así podremos enfrentar los desafíos actuales y construir una administración pública que sea realmente un reflejo de integridad y servicio al bien común.
El Banco de Chile terminó la sesión de este martes como la empresa de mayor valor para sus accionistas en la Bolsa de Santiago, al mantenerse estable mientras la cotización de SQM sigue en un persistente declive.
Banco de Chile se valoró en $ 10,758 billones (millones de millones), al retroceder sólo 0,14% en una negativa sesión para la bolsa chilena en general. Por otro lado, SQM-B cayó 2,19% y SQM-A retrocedió 0,49%, con lo que la empresa registró un market cap de $ 10,707 billones.
Medidos en dólares, estos son US$ 11.420 millones versus US$ 11.365 millones, respectivamente. Ayer lunes el banco había logrado superar momentáneamente a SQM en operaciones intradía, pero hoy su ventaja se prolongó hasta el cierre.
Cuesta abajo
Ya en febrero el banco de Citi y el grupo Luksic logró cerrar en tres ocasiones como la firma más valiosa de la plaza local, antes de que SQM recuperara la ventaja que ha mostrado esta empresa en los últimos años, caracterizándola como un gigante de influencia sin comparación en el índice S&P IPSA.
La posición vuelve a estar en disputa, debido a que SQM-B acumula un retroceso de 28% a mínimos desde abril de 2022 en lo que va del año, mientras que el Banco de Chile sube 2,91% en el mismo período, no lejos de los máximos históricos vistos a mediados de mayo.
“SQM se ha movido los últimos años muy alineada a los índices de precio del litio grado batería. En 2024 los precios se habían estabilizado en torno a US$ 15 mil por tonelada, pero en las últimas semanas hemos visto nuevas caídas hasta US$ 13 mil por tonelada, provocando correcciones en todos los productores, tanto SQM como Albemarle”, dijo a DF el subgerente de Estudios Renta Variable en BICE Inversiones, Aldo Morales.
De hecho, el carbonato de litio terminó de borrar su repunte de este año y cerró este martes en nuevos mínimos desde agosto de 2021, según datos de Asian Metal.
“Entre las probables razones destacan los anuncios ligados a potenciales aranceles a vehículos eléctricos (EV, sigla en inglés) chinos en Europa, considerando que gran parte de la demanda de litio proviene de la industria EV en ese país. En menor medida, el tema Tianqi también ha generado mayor volatilidad en el corto plazo”, explicó Morales, en referencia a la polémica entre la minera china y SQM por su acuerdo con Codelco para producir litio.
Buena parte de los departamentos de estudios sigue esperando ver un repunte bursátil de SQM, pensando en que el litio estaría actualmente en la parte baja de su ciclo.
Poder bancario
Mientras tanto, Banco de Chile sigue con una pujanza sobresaliente, tal como muestra su retorno sobre el patrimonio (ROE, sigla en inglés), ya que su reporte de mayo vino con un ROE mensual de 25,5%. De esta forma, sigue retribuyendo a los accionistas en los mismos niveles que durante los últimos trimestres, donde los ROE de la competencia se han mantenido entre 10% y 15%.
Credicorp Capital espera que en este segundo trimestre la entidad financiera muestre una rentabilidad de 24,1% en términos de ROAE, métrica que toma como base de comparación una serie suavizada del patrimonio.
“Con estos resultados, debería quedar claro que la normalización de los resultados financieros ha tardado más de lo previsto inicialmente. De hecho, nuestras estimaciones ya incorporan el ROE mensual del 25,5% en abril y mayo. Esta evolución positiva se explica por un margen de intermediación todavía sólido, beneficiado por la baja de las tasas de interés y la mayor inflación durante el trimestre”, dijeron los analistas de Credicorp, Daniel Mora y Santiago Martínez.