El lunes recién pasado y a sólo días del receso legislativo de verano, la Sala del Senado le dio luz verde a la ley corta de isapres, cuya finalidad es encontrar una salida que facilite a las Instituciones de Salud Previsional no caer en la insolvencia producto del pago de la deuda que acumularon con sus afiliados y que la Corte Suprema les obliga a devolver. La clave de este etapa es la “mutualización”, la que además provocó que un grupo de senadores oficialistas más la Democracia Cristiana (DC) anunciara que recurrirá al Tribunal Constitucional, presentación que realizarán en estos días.
Pues bien, previo a eso, este miércoles, el presidente de la Democracia Cristiana, diputado Alberto Undurraga, anunció que su bancada votara en contra de la ley corta de isapres que rebaja su deuda a un tercio y que permite un alza de planes sin tope, proyecto que fue aprobado por la derecha en el Senado.
“Nosotros estamos convencidos que debe solucionarse el tema de las isapres y con ello resolver el problema potencial de tres millones de personas, pero tiene que ser de manera justa”, recalcó el dirigente falangista, quien añadió que lo que se propone, tras la votación en el Senado, “no es justo, porque se le carga el pago de la deuda de las isapres a los mismos usuarios, a través del alza de planes; y quienes generaron el problema que son los dueños –que retiraron utilidades- no pagan nada”, argumentoó Undurraga, defendiendo la postura asumida por la DC.
Y en este contexto, el diputado propuso que los dueños de las isapres hagan un aporte de capital para pagar la deuda. “Los dueños de las isapres, que retiraron utilidades, deben pagar la deuda. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de un sistema de aumento de capital con toda la certeza jurídica, para que sea posible y de esa manera tener un sistema justo que, si bien puede tener alza en los planes, contemple también que los dueños paguen la deuda”, explicó.
Según Undurraga, el polémico proyecto, actualmente tiene dos aspectos y en su partido creen que debe tener tres: Uno, sobre la mutualización, en la que están en contra, porque es una rebaja de la deuda que no corresponde, pues “hay un fallo judicial que hay que cumplir”, enfatizó; el aumento de planes sin tope tampoco corresponde, añadió, porque “es cargarle la mano sólo a los usuarios; pero falta agregarle otro elemento a la discusión, advirtió, apuntando a que los dueños de las isapres deben pagar, porque “ellos son los que generaron el problema y ellos son los que retiran las utilidades de esa mayor alza cobrada en el pasado”, concluyó.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.