La viuda del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda aseguró este lunes que “ninguna autoridad del gobierno se ha comunicado conmigo”, a poco más de un mes desde que ocurrió el secuestro desde su departamento en la comuna de Independencia, con el posterior homicidio de su esposo.
Cabe recordar que, a inicios de marzo, el cuerpo de la víctima fue hallada en el interior de una maleta, que estaba enterrada bajo una estructura de cemento en la intersección de Camino a Melipilla con Pajaritos, donde se emplaza un campamento de viviendas irregulares. Por este crimen, un adolescente de 17 años, -único detenido hasta ahora- que estaría vinculado con el Tren de Aragua, fue enviado a prisión preventiva.
En entrevista con CNN Chile, la mujer -que pidió no ser mostrada en cámara- dio a conocer que ninguna autoridad se ha acercado a ella tras el funeral de su cónyuge, pese al revuelo mediático que provocó el caso.
“Yo pienso que hubiese sido bueno que lo hubieran hecho. Porque no me afecta solamente a mí, sino también afecta a su país (Chile). Lamentablemente este crimen puede manchar el nombre de su país y la idea es que todos vayamos en la misma línea, que se sepa la verdad”, declaró.
Al mismo tiempo, señaló que no ha tenido novedades u otros detalles en torno a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), debido a que esta tiene carácter de reservada.
“Ellos (PDI y Fiscalía) han intentado mantener una buena relación conmigo y así ha sido, nunca ha habido un maltrato, nunca ha habido una mala palabra, siempre han estado allí intentando decir lo poco que están autorizados porque realmente no se puede hablar de la investigación porque está reservada, yo sé lo que saben los medios, yo sé absolutamente nada más”, acotó.
Consultada respecto a si cree que se pudo “haber hecho más” para dilucidar este caso, la mujer declaró que “creo que quedan muchas cosas que hacer en el caso de mi esposo, porque confío en que las instituciones acá en Chile son autónomas, esa es mi única confianza”.
En torno a si cree en la justicia chilena, señaló que “tengo que confiar, no es si yo quiera o no, es que yo tengo que confiar, porque en el fondo si es una institución autónoma debe de decir la verdad y con su trayectoria tienen la suficiente quizá experiencia, quizá no a este nivel porque nunca había pasado un crimen transnacional, pero deberían de conseguir esa verdad, ese detalle que permita a ellos decir la verdad a la luz pública. Hasta ahora no pueden decir nada, ni que fue esto o fue lo otro, pero se está haciendo la investigación”.
Pese a que la mujer ha relatado públicamente la dinámica de cómo ocurrieron los hechos la noche del 21 de febrero pasado, en esta ocasión afirmó que uno de los sujetos que irrumpió en su domicilio tenía “acento chileno”, luego de haber entablado una escueta conversación con el conserje del edificio.
“El conserje me cuenta a mí que ellos llegaron de una forma, así como muy, como muy fuerte. Entran y muestran la hoja y de una vez pasan. O sea, no, ni siquiera al conserje le dio tiempo de revisar qué decía o de pedirles una identificación, nada. Entonces ellos, de una vez pasaron y ya tenían la dirección exacta del departamento, porque estas personas ni siquiera dudan en girar hacia la izquierda cuando salen del ascensor, ellos ya sabían dónde estaba nuestro departamento. Entonces quiere decir de que ya tenían eso muy bien planeado, qué pasa, el que estaba en la recepción me dice ‘yo te aseguro que el que me mostró a mí la orden era chileno’”, narró.
La viuda del teniente Ojeda reveló además que uno de sus familiares que se encuentra fuera de Chile recibió amenazas, lo que sucedió entre el secuestro y el momento en que fue hallado el cadáver de su marido.
“Fue una amenaza a un familiar, y era por el tema de mi esposo, por los videos que estaban circulando en las redes sociales, pidiendo ayuda y colaboración de que se supiera dónde estaba mi esposo, que por favor investigaran, apareciera, que apareciera, entonces este familiar recibe esta amenaza directamente de esas personas. Y bueno, lo digo ahora y espero que toda la familia esté bien y no corran más peligro”, expuso.
Finalmente, la mujer reconoció no sentirse segura en Chile, adelantando que “lo más probable es que más adelante yo tenga que salir del país”, decisión que no ha planificado pero que “está en mis pensamientos”.
“No, no me siento segura, porque lamentablemente aquí mataron a mi esposo. Dime tú cómo me voy a sentir yo segura después de todo lo que ha pasado. Gracias a Dios lo encontraron, porque estas personas lo que querían era que no fuese encontrado, eso era lo que ellos buscaban. Sentirme segura sería una mentira. Hay personas que quizás viven en un mundo paralelo y creen que los buenos son malos y los malos son buenos, pero la verdad es que uno tiene que ser realista. Aquí hubo un crimen de lesa humanidad transnacional”, dijo.
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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