Quedan alrededor de dos semanas para que entre en vigencia la primera reducción de la jornada laboral, de 45 a 44 horas, y para ayudar a los actores a implementar y entender el proceso, el Gobierno ha desplegado diversas reuniones con actores para explicar sus implicancias.
Tanto la propia ministra del Trabajo, Jeannette Jara, como el subsecretario del ramo, Giorgio Boccardo, han sostenido diversos encuentros con sindicatos y empleadores para clarificar el escenario y explicar, particularmente, los cambios relacionados al artículo 22 del Código del Trabajo. El director del Trabajo, Pablo Zenteno, también se ha desplegado en terreno.
La Ley que entrará en vigencia prontamente, dentro de varios ejes, acotó el universo de trabajadores que podrán desempeñarse bajo inciso 2° del artículo 22, es decir, sin jornada.
Así, se estableció que desde el próximo 26 de abril sólo quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo “los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas”.
Las reuniones
El sábado pasado, Jara y Zenteno recibieron en las dependencias del Ministerio del Trabajo a dirigentes y dirigentas sindicales de los principales canales de televisión del país.
Sobre la cita, Jara comentó que abordaron la primera fase de reducción de la jornada y luego profundizaron en “todas sus inquietudes en torno al artículo 22, inciso segundo, que excepciona a los trabajadores del derecho a la jornada laboral y que se restringe, de manera significativa, en la Ley de 40 Horas, otorgándole a todas las personas el derecho a tener una cantidad máxima de horas trabajadas”.
Una opinión en la misma línea dio Zenteno, quien agregó que además de la reunión de ese día, sostendrán más encuentros, “porque hay preocupación respecto a los cambios del artículo 22, inciso segundo, que nosotros vamos a acompañar. Esto es parte de un ciclo de reuniones que estamos sosteniendo junto a otras organizaciones sindicales y empresarios para ir acompañando la reducción efectiva de la jornada”.
De hecho, este martes Zenteno participó en un evento organizado por la Federación Chilena de Sindicatos de la Televisión (Fetra TV), entre dirigentes y asociados del Sindicato de Mega, para abordar los efectos relevantes de la ley.
El director del Trabajo también se ha reunido con dirigentes y asociados de los sindicatos de la Federación de Trabajadores de la Empresa de Correos de Chile (Fetracortel) y con equipo directivo de la empresa.
“Las/os trabajadoras/es y gerentes de Correos de Chile resolvieron sus dudas respecto a la ley y plantearon sus puntos de vista, dialogando con la autoridad de la DT”, contó el servicio hace unos días a través de sus redes sociales.
Zenteno, además, ha dialogado -de acuerdo a información publicada por la Plataforma Ley del Lobby- para abordar la nueva normativa con representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Federación de Sindicatos de Colegios Particulares, la Confederación Industrial Chile Constramet; el Sindicato Nacional de Trabajadores de Empresa Unimarc, entre otros.
Boccardo, por su lado, ha abordado el tema al interior del Consejo Superior Laboral, el que integran representantes del Gobierno, trabajadores y empleadores.
De hecho, esta instancia -donde participan representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)- se reunió este martes y analizó los cambios y efectos del nuevo artículo 22, entre otros temas.
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Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.