El Pleno del Consejo Constitucional estuvo abocado la semana pasada a discutir y votar el Capítulo II, de la propuesta de anteproyecto de la Comisión Experta, sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales.
Los expertos lo definen como el corazón de la nueva Constitución, y cómo no, si se hace cargo de los principales derechos que el Estado le asegura a la ciudadanía. Es por eso que la mayoría de los expertos siguió con atención su desenlace. Ello, aunque al proceso aún le resta mucho para concluir, ya que el informe que resulte del proceso de votaciones del Pleno, deberá pasar por una revisión de la Comisión Experta y luego una nueva votación del Pleno.
Aun así, la abogada constitucionalista Claudia Sarmiento, socia de Sarmiento y Walker abogados, analiza lo ya se ha votado en materia de derechos. Estima que la propuesta del Consejo Constitucional toma distancia de la de los expertos, pese a que algunos de ellos estiman lo contrario, “al mantener y profundizar el rol de los particulares y del mercado en la lógica del principio de subsidiariedad, a la par que el rol del Estado, en la provisión de derechos sociales”. En este punto, argumenta que, en cambio, la propuesta de los expertos habilitaba al legislador para definir de qué manera se integraría a la participación privada, sin constitucionalizar un determinado modelo y así dejar al Congreso la implementación del Estado social de derecho.
¿Inconstitucionalidad de la reforma de pensiones del Gobierno?
Sarmiento destaca que en materia de seguridad social se produce el fenómeno de que “no se garantiza un derecho, sino la propiedad sobre los ahorros para la vejez, recursos que de esta manera pasan a ser únicamente individuales, sin que exista espacio para solidaridad entre las personas”; y advierte que el efecto más inmediato de esta propuesta es que dejaría como “inconstitucionales” los proyectos de reforma de pensiones de los últimos tres gobiernos, pues todos contemplaban o contemplan algún grado de solidaridad. Lo mismo ocurriría con el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas.
Misma situación podría generarse respecto de la ley que garantiza el pago de pensiones alimenticias –advierte-, pues la propuesta contempla la prohibición de “expropiación o apropiación” de los fondos de pensiones por parte del Estado, lo que sucede cuando un tribunal ordena se paguen los alimentos de los hijos con cargo a estos recursos.
La abogada también analiza el derecho de propiedad. En este sentido, subraya que la propuesta del consejo “mantiene íntegramente el contenido de la Constitución Política de 1980 en relación a expropiaciones”; no obstante, alerta que “amplía los supuestos de afectación de la propiedad incluyendo una innovación compleja: la obligación de indemnizar perjuicios en caso de que se estime que hay cambios normativos discriminatorios que afecten la propiedad, así como el mandato de legislar para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado por actos del legislador”.
Indemnización por expropiación
La profesional explica que los cambios legales que afecten la propiedad son parte de las posibilidades de la vida en sociedad y, hasta ahora, no se contempla la obligación de indemnizarlos. No obstante, la forma en la que se presenta la enmienda aprobada abre un espacio para que quienes se vean afectados por hipótesis distintas de la indemnización por expropiación, puedan litigar contra el Estado cuando no les parecen las consecuencias económicas de los consensos democráticos”.
Y ejemplifica detallando que si una legislación avanza en redistribución vía tributos, mayores estándares en materia de derechos de los trabajadores o preservación del medio ambiente; una persona que se viera afectada por esos cambios podría buscar que el Estado lo indemnice por la modificación de las condiciones legales. Lo que, desde el punto de vista de Sarmiento, “puede tener un efecto paralizante para el Estado y el Congreso, pues los impactos de mantener litigios harán que las políticas públicas ya no consideren los costos y beneficios sociales de la comunidad toda, sino la posibilidad de que unos pocos, que cuenten con los recursos necesarios, le cobren al Estado por los cambios políticos y sociales”.
Antonia Rivas: “Espero volver a demostrarle al país y a los consejeros que es posible llegar a acuerdos”
Se mantienen las disposiciones sobre el dominio minero del Estado y, en materia de aguas, se constitucionaliza lo dispuesto en el Código de Aguas relativo a su condición de bien nacional de uso público, cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación (artículo 5 del Código de Aguas), pormenoriza. Junto con esta innovación, añade, se mantiene la posibilidad de constituir derechos sobre las aguas – como el de aprovechamiento- y el que su titular se comporta respecto de éstas como dueño.
¿Sostenibilidad o sustentabilidad?
En materia de derechos de agua, la abogada experta María José Zegers, socia de Zegers abogados y especialista en materia medioambiental, señala, al respecto, que la propuesta del consejo “tiene una redacción similar a la contenida en el actual Código de Aguas, en cuanto señala que las aguas son bienes nacionales de uso público, lo que implica que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación”.
Pero, también, “reconoce la existencia de derechos de aprovechamiento de aguas que confieren uso y goce de éste a sus titulares y sobre los cuales, aunque no se dice expresamente, se entiende que se tiene un derecho de propiedad”, lo que recoge la regulación actual; “pero es sustancialmente distinto a la propuesta de la fallida Convención Constitucional que establecía meras autorizaciones administrativas de uso de agua, de carácter temporal y con requisitos más estrictos para su otorgamiento y mantención”.
En este sentido, Zegers analiza que si bien la propuesta es concordante con la regulación actual, “es muy escueta y general, dejando que los requisitos y limitaciones a la Constitución, transferencia y ejercicio de dichos derechos (por ejemplo, que no se puedan constituir sobre glaciares), queden entregadas a la ley”. Pero, la abogada también subraya, que existe otro artículo propuesto en que se reconoce el derecho al agua y al saneamiento, estableciendo que prevalece el uso del agua para el consumo humano y el uso doméstico, criterios, que deberán ser considerados al momento de otorgarse o limitarse los derechos de aprovechamiento de aguas, enfatiza.
Consejo Constitucional aprueba propiedad de los fondos de pensiones y fin de contribuciones para la vivienda principal
El medioambiente también ha generado algo de debate, ya que la oposición hizo un cambio de término que para algunos no es banal, al reemplazar el término “sostenible” por “sustentable”. Según Zegerz, “el problema, justamente, es que intercambiar ambos conceptos o decir, a veces, “desarrollo sostenible” y a veces “sostenibilidad” y luego “sustentabilidad”, genera confusión porque no se sabe si se está refiriendo a algo distinto o es lo mismo”.
Pero, aclara que “desarrollo sustentable” ya está precisado en la Ley General de Bases de Medio Ambiente) y que “acudir a un concepto que ya está definido en la ley; con interpretación jurisprudencial, otorga más certezas”. Según la normativa citada, desarrollo sustentable es “el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras”, argumenta la abogada.
A este respecto y en la misma línea de su predecesora, el abogado Iván Poklepovic, director de Recursos Naturales de Aninat abogados, especifica que el término “sustentabilidad” es más acertado en materia ambiental y agrega que “la mayoría de las leyes nuevas (cambio climático, biodiversidad) lo utilizan, en vez de sostenibilidad, concepto más económico”.
Constitucionalización de medidas tributarias
Por otro lado, una de las normas más populares promovidas por el Partido Republicano que sorteó la valla de este Pleno es la que exime del pago de contribuciones a la vivienda principal. Sobre ella hay miradas contrapuestas, incluso en la propia oposición, puesto que muchas voces de Chile Vamos no están de acuerdo con la medida. Ello, porque –según argumentan- debilita a los municipios, que cuentan con estos recursos para solventar muchos de sus gastos.
Analizada desde el punto de vista recaudatorio, tiene bajo impacto, explica el abogado tributarista Álvaro Moraga, de Moraga & Cía, porque “estamos hablando de menos de 400 millones de dólares anuales, en circunstancias que sólo el subsidio del Transantiago cuadruplica esta suma”, argumenta.
Sin embargo, Moraga añade que lo que “es rescatable” de esta medida son los símbolos que subyacen. El primero de ellos – dice- es que asegura el derecho a la vivienda propia, “ya que el Estado no va a poder sacarla a remate si es que no se le pagan los impuestos que se exigen actualmente”. Y, en segundo lugar, está –subraya- “el rechazo generalizado que hay al impuesto al patrimonio, que son impuestos injustos, porque se paga doblemente sobre una misma base”, sostiene el abogado, quien reflexiona acerca de que quienes pagan contribuciones por la vivienda en que viven “ya pagaron impuestos a la renta al momento de ganar el dinero y luego por el sólo hecho de ser propietarios”.
Adicionalmente, complementa Moraga, de todos modos se produce un efecto redistributivo, al momento de pagar el impuesto herencia, “porque ahí los herederos nuevamente van a tener que pagar impuesto sobre estos bienes raíces; por lo tanto, es una medida novedosa, que va en un sentido correcto y que, a diferencia de lo que muchos señalan, respecto que no debiese estar en el rango constitucional, creo que la constitucionalización de las medidas tributarias puede ser algo positivo que le dé estabilidad al sistema tributario, que desde el año 2014 en adelante ha tenido una cantidad de modificaciones fruto de mayorías simples, lo cual ha hecho que nuestro sistema haya perdido competitividad, seguridad jurídica y certeza para los inversionistas”.
Una mirada distinta es la que plantea la abogada María Pilar Cabello, socia de Auditoría Tributaria en Cabello & Cía; pues, desde su punto de vista, la exención de pago de contribuciones a la vivienda principal “será un enorme cambio para las municipalidades, pues, “actualmente, la recaudación que se genera permite una distribución, donde municipalidades de bajos recursos obtienen gran parte de su presupuesto para operar”. Por lo que, a su juicio, “será preciso evaluar de qué manera van a poder obtener fondos para poder seguir siendo solventes”.
Por primera vez desde su creación en 2011, una startup chilena formará parte de Startup Battlefield 200, la competencia de empresas emergentes en TechCrunch Disrupt, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo que se realiza en San Francisco, Estados Unidos.
IC Innovations será una de las 200 compañías en etapa temprana que ha asegurado un espacio para presentar su negocio ante más de 10.000 asistentes, entre los que hay compañías y firmas de venture capital.
Fundada por Vader Johnson y Daniel Hurtado, IC Innovations desarrolló Chaski, un dispositivo que monitorea la respiración de deportistas para generar informes de rendimiento. Este proyecto, un spin-off de la Universidad Católica, ha sido respaldado por Claudio Angelini, Claudio Ulloa, Miguel Sifri, además de un grupo de inversionistas ángeles asociados a Southern Cross, liderados por Jaime Besa, y por la Fundación Copec-UC.
Johnson comentó que, tras ser invitados a postular hace dos meses, recibieron la noticia de su aceptación hace una semana, aunque solo pudieron hacerla pública el jueves.
“Es muy difícil ser aceptado; es un evento con gran exposición donde los inversionistas de Silicon Valley vienen a ver qué está ocurriendo”, explicó Johnson.
Las startups seleccionadas competirán en seis categorías según su vertical de negocio, y 20 de ellas podrán hacer un pitch en el escenario principal del evento, organizado por TechCrunch, un medio estadounidense especializado en tecnología y startups.
La startup ganadora del evento recibirá US$ 100.000, además de la exposición que brinda el evento.
Vader Johnson y Daniel Hurtado, fundadores de IC Innovations.
Expansión y enfoque en longevidad
Johnson y Hurtado también compartieron que ya han comenzado operaciones en Estados Unidos, tras contratar a una jefa de desarrollo de negocio para ese mercado, y están preparando una ronda puente.
“La idea es captar algunos inversionistas ángeles, pensando en que el próximo año planeamos levantar una ronda de venture capital en EEUU”, señaló Johnson.
En ese mercado, están enfocados en cerrar alianzas, como la reciente colaboración con el equipo de ciclismo profesional de Boston, ButcherBox.
Sin embargo, un nicho emergente que han comenzado a explorar es el de la longevidad y la calidad de vida.
“En los últimos tres meses, hemos iniciado conversaciones muy interesantes. Muchas personas están preocupadas por extender al máximo la calidad de vida y lidiar con el envejecimiento”, comentó Hurtado.
Aunque no era su objetivo inicial, Johnson señaló que esta realidad “nos golpeó en la cara”, al descubrir que su dispositivo tiene una aplicación valiosa en este segmento, el cual planean seguir explorando.
“Está muy relacionado con parámetros médicos o clínicos que los deportistas de alto rendimiento miden, y Chaski proporciona esa información, que ahora también está siendo utilizada por la comunidad de longevidad”, afirmó Hurtado.
Los emprendedores han observado un aumento en esta tendencia en EEUU y mencionaron artículos de The New York Times y la revista GQ sobre el tema. También hicieron referencia a Younique, el primer centro de longevidad en Chile, cubierto por DFMAS.
“Es un nicho mucho más grande que el de los deportes de alto rendimiento, y tiene un impacto enorme”, agregó Hurtado.
Actualmente, IC Innovations, que importa las piezas de su dispositivo para ensamblarlas en Chile, cuenta con 30 usuarios activos en Chile, México, Colombia, Costa Rica, España y EE.UU.
La representante nacional del para tenis de mesa, Florencia Pérez, ganó este viernes la cuarta medalla de bronce para Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024, en un encuentro de semifinales en la categoría WS8 de la disciplina deportiva.
Pese a ser derrotada ante la china Wenjuan Huang, que se impuso en el partido por 11-5, 11-7 y 11-8, la joven de Chillán llega a la historia como la medallista más joven en lograr una presea en los Juegos Olímpicos para Chile, representando al país en Francia con sólo 15 años.
Así, Florencia Pérez concluye su paso por la edición 2024 de los Juegos Olímpicos en la capital francesa, donde ya había asegurado su medalla en caso de caer en la semifinal, dado que en el para tenis de mesa no existe una definición para el bronce dentro de un partido.
Chile acumula cuatro medallas de bronce en los Juegos Paraolímpicos, luego del brillante rendimiento del nadador Alberto Abarza que ganó tres metálicas en su disciplina.
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.